Entre el 1 y el 16 de enero de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó $237.246 millones luego de la entrada en vigor del Decreto 1474 de 2025, una de las principales medidas incluidas en la declaratoria de emergencia económica que comenzó a regir el pasado 1 de enero.
Según la entidad, los recursos provienen de personas naturales, empresas y grandes contribuyentes que decidieron acogerse a los beneficios transitorios contemplados en la norma.
La Dian indicó que para impulsar estos pagos, ha contactado a cerca de 459.000 contribuyentes a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas apoyadas con inteligencia artificial.
Desde la entidad explicaron que la estrategia busca incentivar la normalización de obligaciones pendientes. “Estamos invitando a los contribuyentes a aprovechar la reducción de sanciones e intereses y ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias”, señaló la entidad.
La cartera total que los morosos adeudan actualmente al Estado asciende a $36,7 billones. En ese contexto, la Dian confirmó que mantiene un esquema de persuasión diaria que incluye alrededor de 16 mil llamadas telefónicas para promover el acogimiento a los alivios establecidos en el decreto.
“Estos beneficios están disponibles en todo el país y pueden gestionarse en cualquiera de nuestros 56 puntos de contacto”, informó la Dian, que reiteró que los contribuyentes pueden realizar los trámites de manera presencial.
Alivios tributarios y plazos
El Decreto 1474, expedido por el Ministerio de Hacienda el 29 de diciembre de 2025, permite a quienes tenían obligaciones en mora al 31 de diciembre acceder a una reducción de la tasa de interés al 4,5 % efectivo anual y a una disminución de sanciones y actualizaciones al 15 %, lo que equivale a un ahorro del 85 % frente a las condiciones anteriores.
Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deberán pagar el 100 % de la obligación antes del 31 de marzo de 2026. En el caso de quienes ya cuentan con acuerdos de pago, podrán aplicar el beneficio sobre los saldos pendientes. La DIAN aclaró que los cruces de cuentas, compensaciones o depósitos judiciales no son válidos como medios de pago.
Además, hasta el 30 de abril de 2026 estará habilitada la reducción de sanciones e intereses por correcciones u omisiones en declaraciones, así como la posibilidad de solicitar conciliaciones judiciales y acogerse al Impuesto de Normalización Tributaria para activos omitidos o pasivos inexistentes.
Nuevos impuestos incluidos en la emergencia
El decreto también introdujo cambios en otros frentes. Los juegos de suerte y azar operados por internet, que estaban excluidos del IVA, pasaron a pagar una tarifa del 19 %. La misma tarifa se aplica ahora a bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, vinos, sidras y destilados que antes tributaban al 5 %.
Desde el Gobierno se ha señalado que estos recursos están destinados a financiar el sistema de salud pública.
Adicionalmente, el decreto mantiene el impuesto al patrimonio para quienes tengan una fortuna superior a 40 mil UVT, equivalentes a $2.094 millones. Esta medida aplica a cerca de 105 mil personas, lo que representa el 1,7 % de los declarantes del impuesto de renta.
Críticas a la declaratoria de emergencia económica
En medio de la mesa de diálogo instalada tras la negativa de varios gobernadores a aplicar las medidas de la Emergencia Económica, los mandatarios departamentales llegaron al Ministerio de Hacienda con propuestas para modificar el decreto que impone un IVA del 19 % a licores y cigarrillos, rentas que por Constitución pertenecen a los departamentos.
Tras la reunión con el Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que no se alcanzaron acuerdos y advirtió que si al finalizar el mes la Corte Constitucional no se pronuncia, su departamento no aplicará el decreto.
En la misma línea se pronunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien expresó su preocupación por el impacto fiscal del decreto, especialmente en el financiamiento del régimen subsidiado en salud.
Toro aseguró que durante la reunión preguntó si la Nación asumiría esos costos. “Si yo no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, que hoy son 63 mil millones de pesos, y con el aumento del impuesto esto se va al doble, es decir, a 120 mil millones, ¿el Gobierno Nacional lo va a pagar? Esa fue la pregunta que hice y no me la contestaron”, afirmó.