La ponencia positiva del proyecto de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, quedó radicada formalmente este martes en el Congreso de la República.
La iniciativa aspira a recaudar 16,3 billones de pesos, tras la reducción de 10 billones de pesos frente a la propuesta original presentada por el Gobierno nacional.
Este martes se citaron nuevamente las Comisiones Económicas conjuntas de la Cámara y el Senado para la presentación técnica del proyecto, sin votación. La expectativa es que el miércoles se abra el debate formal y luego se defina una nueva fecha para continuar la discusión.
En el Congreso reconocen que, incluso si el miércoles se abre el debate, la votación enfrenta un obstáculo mayor: la ponencia de archivo tendría más apoyos que la positiva.
Según el cronograma legislativo, la discusión tendrá apenas 11 días para avanzar antes del 16 de diciembre, fecha en que el Congreso entra en receso.
El lunes se llevó a cabo una reunión de ponentes en la Sala Múltiple del Ministerio de Hacienda, en Santa Bárbara. Solo asistieron seis de los 27 congresistas convocados. Allí se confirmó que la ponencia positiva cuenta con únicamente siete firmas.
Con ese nivel de respaldo, políticamente se podría decir que el Gobierno sería derrotado. Algunas de las firmas registradas son las de Jhon Jairo Roldán (Liberal), Jorge Batidas (Pacto Histórico), Aída Avella (Unión Patriótica), Jairo Cala (Comunes-FARC), Gildardo Silva (Pacto Histórico) y Gloria Arizabaleta (La Fuerza de la Paz).
Con ese panorama, en las comisiones se da por hecho que la ponencia negativa tendría más votos si el debate comenzara esta misma semana.
Ajustes del Gobierno al texto
Durante las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda introdujo cambios a la propuesta original. Entre las modificaciones planteadas se encuentra la decisión de no imponer impuestos a los combustibles, lo que implicaría dejar de percibir más de $2,6 billones en ingresos previstos al inicio del diseño fiscal.
También se redujo el alcance de los aumentos en los impuestos al tabaco y a la cerveza, cuyo recaudo proyectado bajó de $7,8 billones a $3,1 billones. En alivios tributarios, la meta pasó de $6,3 billones a $3,7 billones.
Frente al impuesto de renta, se mantuvo la progresividad propuesta, con tarifas entre 19 % para ingresos mensuales cercanos a $6,5 millones y 41 % para los estratos más altos.
Hay temas aún sin resolver, como el cobro del IVA del 19 % a vehículos híbridos que hoy pagan 5 % y el impuesto a actividades económicas desarrolladas por iglesias, como alquiler de salones, planes turísticos o venta de publicaciones.