Una persona renunció y cinco contratos de prestación de servicios fueron terminados en el equipo de enlace del Congreso del Ministerio de Hacienda, en medio de la controversia por los errores en el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027. Estas salidas se suman a la del exministro del Interior Rodrigo Lara, quien dejó su cargo después de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara su salida en medio de la misma crisis.
La salida de estas seis personas se produce luego de que el Gobierno tuviera que expedir por decreto el presupuesto para el próximo año, debido a las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. La controversia se concentró en el artículo 65 del proyecto y abrió cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo y las responsabilidades de los funcionarios que participaron en el trámite.
Una renuncia y cinco contratos terminados en Hacienda
Las salidas corresponden al equipo de enlace del Congreso del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la información conocida, una persona presentó su renuncia y se terminaron cinco contratos de prestación de servicios.
La decisión se conoce después de que se detectaran inconsistencias entre los textos aprobados por las dos cámaras del Congreso, que impidieron completar el trámite del presupuesto mediante el procedimiento legislativo ordinario.
El caso también puso bajo escrutinio la coordinación entre las dependencias del Gobierno encargadas del seguimiento de las discusiones presupuestales y la revisión de los documentos aprobados por el Legislativo.
La salida de Rodrigo Lara, otro efecto de la controversia
La situación también tuvo consecuencias en el Ministerio del Interior. El presidente Abelardo de la Espriella pidió la salida de Rodrigo Lara, quien posteriormente presentó su renuncia al cargo.
En su carta, Lara se refirió a las responsabilidades relacionadas con la revisión de los textos presupuestales y sostuvo que esa función no correspondía a su cartera.
"Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Esa tarea, como lo sabe todo el país político, corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla", señaló el exministro.
Lara también defendió su gestión en las relaciones con el Congreso y sostuvo que su labor estuvo orientada a garantizar la presencia y los votos de las bancadas durante las discusiones legislativas.
La salida del ministro se produjo en medio de los cuestionamientos por el procedimiento que llevó al Gobierno a expedir el presupuesto por decreto. La controversia dejó en evidencia diferencias sobre las responsabilidades de las entidades que participaron en el trámite.
¿Cuál fue el error en el trámite del presupuesto?
El punto central de la controversia fue el artículo 65 del proyecto de presupuesto. Durante la discusión en el Senado se retiró una proposición relacionada con ese artículo, pero la modificación habría quedado incorporada en el texto que posteriormente aprobó la Cámara de Representantes.
Esto generó una diferencia entre los documentos aprobados por las dos corporaciones. Como consecuencia, no fue posible culminar la conciliación de los textos dentro del plazo legal.
Ante esta situación, el Gobierno anunció que acudiría al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece el procedimiento aplicable cuando el proyecto no se aprueba dentro del plazo correspondiente.
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el Ejecutivo recibió los textos y las certificaciones del Congreso necesarias para expedir el decreto. Según el Gobierno, la norma permite establecer el presupuesto con base en el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas durante el primer debate.
Gobierno oficializó el presupuesto de 2027 por $634,9 billones
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, mediante el cual estableció el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones.
La distribución mantiene las partidas aprobadas en las comisiones económicas del Congreso. Del total, $391,38 billones se destinarán al funcionamiento del Estado, $155,43 billones al servicio de la deuda pública y $88,14 billones a inversión.
Por sectores, Educación recibirá $93 billones; Salud y Protección Social, $81,56 billones; Defensa y Policía, $74,9 billones; y Trabajo, $67,42 billones, incluidos los recursos para obligaciones pensionales.
Para Transporte se asignaron $21,67 billones, mientras que Minas y Energía contará con $7,51 billones.
Aunque el monto total del presupuesto aumenta cerca de 14,2 % frente a 2026, los recursos destinados a inversión disminuyen 2,8 %, mientras que el servicio de la deuda pública aumenta 54,7 %, según las cifras del proyecto.
Los recursos adicionales que quedaron por fuera
La expedición del presupuesto por decreto implica que no se incorporarán algunos recursos adicionales que se habían planteado durante el trámite en las plenarias del Congreso.
Entre las partidas que no quedaron incluidas están $3 billones adicionales para el aseguramiento en salud y otros $3 billones para subsidios de energía eléctrica y gas. También quedaron por fuera recursos para programas sociales y para subsidiar las tasas de interés de los créditos del Icetex.
En materia de justicia, el presupuesto no mantendría el recorte adicional de $11.402 millones que se había planteado para la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, continuaría la reducción de $170.000 millones aprobada en el primer debate para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Estos cambios reflejan el impacto de la decisión de mantener la distribución presupuestal aprobada durante la primera etapa del trámite legislativo, en lugar de incorporar las modificaciones posteriores que quedaron en medio de la controversia.
Gobierno presentará una ley de rescate fiscal
Tras la expedición del decreto, el Gobierno anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley de rescate fiscal para buscar alternativas que permitan ordenar las finanzas públicas.
La iniciativa se enmarca en las dificultades fiscales que enfrenta el país y en la necesidad de revisar las fuentes de financiación del gasto público.
El Presupuesto General de la Nación de 2027 comenzará a regir el primero de enero del próximo año. Su expedición por decreto constituye la tercera ocasión desde 1991 en que el Gobierno nacional recurre a este mecanismo. La primera ocurrió durante la administración de César Gaviria, en 1991; la segunda, durante el gobierno de Gustavo Petro, para el presupuesto de 2025.
La controversia por el trámite presupuestal deja, por ahora, la salida de una persona y la terminación de cinco contratos en el equipo de enlace del Congreso de Hacienda, además de la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. El episodio también abrió interrogantes sobre los controles aplicados durante la revisión de los textos legislativos y la coordinación entre las entidades del Gobierno.