La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Farmatodo, por presuntas infracciones al 'Estatuto del Consumidor', relacionadas con inconsistencias entre los precios informados y los cobrados, así como eventuales restricciones indebidas al derecho de retracto.
Investigación por precios y cobros
De acuerdo con la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tomó la decisión luego de analizar una serie de quejas y adelantar actuaciones de oficio, que incluyeron la revisión del contenido del portal web de la compañía.
Según la información oficial, durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025 se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de consumidores, relacionados con “dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados”.
Como resultado de ese análisis, la Dirección formuló pliego de cargos por posibles fallas en la calidad del servicio de pago, que “habrían generado cobros múltiples por una misma transacción”, lo que podría vulnerar el deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.
Presuntos precios superiores a los anunciados
La investigación también incluye el presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos. Esta conducta podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público.
La SIC evaluará si existieron diferencias entre los valores exhibidos y los cobrados al momento del pago, en el marco de las normas que regulan la protección al consumidor en Colombia.
Derecho de retracto bajo revisión
Otro de los puntos objeto de investigación es el presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto.
Según la entidad, Farmatodo “habría exigido a los consumidores la presentación de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto”, lo que podría implicar la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor.
Inicio formal del proceso
Con este acto administrativo, la Dirección inició formalmente la investigación y señaló que garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada, que podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos.
La actuación se suma a otros procesos adelantados por la SIC en materia de protección al consumidor. Será dentro del curso de la investigación donde se determinen responsabilidades y eventuales sanciones, si hay lugar a ellas.