Comprar vivienda propia sin tener que reunir una cuota inicial elevada es una de las posibilidades que busca abrir un nuevo proyecto de ley en Colombia. La iniciativa, radicada por el Partido Conservador, propone entregar un subsidio de hasta 30 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV).
La propuesta está dirigida a hogares que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos y contempla que los recursos puedan utilizarse para cubrir la cuota inicial, los gastos notariales, el registro y las garantías relacionadas con la compra.
Además de este apoyo económico, el proyecto plantea alternativas para que los trabajadores informales puedan demostrar su capacidad de pago, créditos con plazos de hasta 30 años y una cobertura estatal sobre las tasas de interés.
La iniciativa comenzará su trámite en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de un subsidio que ya esté disponible para solicitar.
¿Cuáles serían los requisitos para acceder al subsidio de vivienda?
De acuerdo con las condiciones planteadas en el proyecto, el beneficio estaría dirigido principalmente a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos que busquen comprar una vivienda de interés prioritario (VIP), en zonas urbanas o rurales.
Entre las condiciones y criterios contemplados se encuentran:
- Ingresos familiares: pertenecer a un hogar con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
- Tipo de vivienda: destinar el beneficio a la adquisición de una vivienda de interés prioritario, sin superar los topes establecidos.
- Capacidad de pago: demostrar que se puede asumir la financiación, incluso mediante mecanismos alternativos para quienes trabajan en la informalidad.
- Criterios de priorización: se daría atención a hogares con menores ingresos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, habitantes de zonas rurales y mujeres cabeza de familia.
- Evaluación socioeconómica: el Sisbén podría utilizarse como herramienta para identificar a los posibles beneficiarios.
Estos criterios hacen parte de la propuesta y deberán precisarse durante el trámite legislativo y la reglamentación correspondiente. Por ahora, no existe un proceso de inscripción abierto.
¿De cuánto sería el subsidio para comprar vivienda?
Uno de los principales componentes de la iniciativa es la entrega de un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para facilitar la adquisición de vivienda de interés prioritario.
El dinero podría utilizarse para cubrir diferentes gastos del proceso de compra, entre ellos:
- La cuota inicial de la vivienda.
- Los gastos notariales.
- Los costos de registro.
- Las garantías asociadas con la adquisición.
En el caso de los trabajadores formales, el proyecto también contempla la posibilidad de combinar este beneficio con los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar, de acuerdo con las condiciones que se establezcan.
El objetivo es reducir el dinero que deben reunir inicialmente las familias para acceder a una propiedad y facilitar su entrada al mercado de vivienda.
¿Cuánto pagarían de cuota mensual las familias beneficiadas?
El proyecto no solo busca facilitar el pago inicial, sino también reducir el costo de la financiación durante los primeros años del crédito.
Para ello, propone una cobertura del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), mediante la cual el Estado asumiría hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años.
Además los créditos podrían tener plazos de hasta 30 años. Los promotores de la iniciativa plantean como ejemplo una familia que compre una vivienda de interés prioritario cuyo valor sea de 90 salarios mínimos. Si recibe un subsidio de 30 salarios mínimos y financia el saldo durante tres décadas, con una tasa fija del 12 % y la cobertura propuesta, la cuota mensual podría ubicarse cerca de los $700.000 durante el periodo cubierto.
Este cálculo se presenta como una referencia frente al valor que numerosos hogares pagan actualmente por concepto de arriendo. Sin embargo, el monto dependerá de las condiciones del crédito y de la aplicación de los beneficios.
Trabajadores informales también podrían acceder al subsidio
Uno de los aspectos que busca atender el proyecto es la dificultad que enfrentan las personas que trabajan por cuenta propia o en la informalidad para demostrar sus ingresos ante las entidades financieras.
Por esta razón, la iniciativa propone incorporar métodos alternativos para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes.
Entre los elementos que podrían tenerse en cuenta están el historial de pago del arriendo, el cumplimiento de las obligaciones de servicios públicos y los movimientos de las transacciones financieras.
También se plantea utilizar herramientas de finanzas abiertas para que las entidades puedan evaluar el comportamiento económico de los hogares y determinar si están en condiciones de asumir un crédito hipotecario.
De esta manera, no tener un contrato laboral formal no sería necesariamente un impedimento para demostrar capacidad de pago, siempre que se cumplan las condiciones que finalmente se establezcan.
Mujeres cabeza de hogar tendrían una cobertura adicional
La propuesta también incluye beneficios diferenciales para las mujeres cabeza de hogar, quienes estarían entre los grupos prioritarios del programa.
En su caso, se plantea una cobertura adicional de un punto porcentual sobre la tasa de interés. Así, el alivio estatal podría alcanzar hasta seis puntos porcentuales, frente a los cinco contemplados para los demás beneficiarios.
A esto se suma la participación del Fondo Nacional de Garantías (FNG), que podría respaldar hasta el 70 % del crédito durante un periodo de diez años, bajo las condiciones técnicas que establezca la entidad.
¿Qué pasaría con las familias que esperan el subsidio de Mi Casa Ya?
El proyecto también contempla una alternativa para los hogares que están vinculados al programa Mi Casa Ya y todavía esperan la asignación de su subsidio.
De acuerdo con la propuesta, estas familias podrían solicitar voluntariamente el traslado al nuevo esquema, siempre que cumplan las condiciones exigidas.
Por su parte, quienes ya tengan asignado el beneficio de Mi Casa Ya conservarían las condiciones correspondientes.
La implementación del nuevo programa requeriría la articulación del Gobierno nacional, las entidades territoriales, Fonvivienda, el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación familiar, las instituciones financieras y los constructores.
La postulación se realizaría a través de canales oficiales y sin intermediarios ni gestores.
El proyecto deberá avanzar primero en su discusión en el Congreso. Su eventual puesta en marcha dependerá de la aprobación de la iniciativa y de las condiciones que se definan para acceder a los recursos y mecanismos de financiación.