Desde hace quince días, los trabajadores de la Electrificadora de Santander, ESSA, filial del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), permanecen en asamblea permanente ante un desacuerdo por la negativa de la empresa de acatar el pliego de peticiones, que contempla el aumento salarial y otras solicitudes que ha compartido el sindicato.
Avanza el conflicto laboral sin acuerdo
El cinco de enero se cumplió el primer plazo y finalizó la etapa de arreglo directo, por lo que se dio un nuevo plazo que se enmarca dentro de la ley: 20 días adicionales como prórroga de esta etapa, fecha que se cumpliría el próximo 25 de enero. Hasta el momento, la empresa no se habría pronunciado sobre un arreglo, por lo que los trabajadores, desde los últimos días, se han manifestado a través de marchas, como la que se registró el pasado miércoles 21 de enero que terminó en Bucaramanga frente a las instalaciones de la Gobernación de Santander.
Otra de las acciones que han tomado los empleados en las últimas horas, ha sido encadenarse frente a las oficinas de la ESSA, además han adelantado movilizaciones y concentraciones en varios municipios del departamento de Santander.
Los trabajadores han mencionado que se han movilizado en las calles y tomado estas acciones por las decisiones de la administración, y han denunciado que la empresa no habría aceptado la intermediación del Ministerio del Trabajo, que había sido solicitada.
Las organizaciones sindicales alegan que “la Electrificadora de Santander se ha negado a reconocer el derecho a la progresividad laboral, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo y en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Los trabajadores exigen el ajuste del salario vital conforme a los decretos del Gobierno Nacional y en concordancia con el aumento del salario mínimo mensual legal vigente; así mismo, piden la formalización, aprobada en la reciente reforma laboral, para evitar las tercerizaciones”.
Riesgos operacionales y llamado a EPM
Por su parte, la empresa ha mencionado que “la Electrificadora tiene unos ingresos que varían o que se generan con el Índice de Precios al Productor IPP, que para el año está cerrando alrededor del 2 %, lo que genera una brecha importante. También somos conscientes de que el poder adquisitivo de los trabajadores, queremos mantenerlo; es decir, que los incrementos deben estar por encima del Índice de Precio al Consumidor IPC, y en esa medida las propuestas se irán migrando entre este valor del IPC más unos puntos”.
Una posible paralización laboral plena podría afectar a más de 940 mil usuarios que reciben el servicio de energía eléctrica en los municipios santandereanos donde opera la empresa.
Desde el sindicato se menciona que el pliego de peticiones se ha ajustado a que la empresa es una de las más sólidas financieramente en el país. “La Electrificadora de Santander cuenta con respaldo de calificación triple A (AAA). Solo en el año 2024, esta filial del Grupo EPM tuvo ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, una utilidad neta cercana a los 252 mil millones y tiene proyectado un incremento en sus **inversiones entre 2025 y 2028 por más de 1,5 billones de pesos”, aseguró Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, adscritos a Sintraelecol.
Según el asesor legal, en la mesa de negociación la compañía ha hecho unas ofertas que van en detrimento de la progresividad de los derechos laborales, establecida como regla tanto en la Convención Colectiva como en la Constitución Política.
“Este tipo de comportamientos genera una falta de gobernanza en el conflicto laboral y un alto riesgo, no solo desde el punto de vista laboral, sino también un riesgo operacional que el mercado debe leer y que la Junta Directiva de esta compañía, y sobre todo EPM, debe tener en cuenta. Por eso, este es un llamado respetuoso a la compañía para que, en las oportunidades que aún nos faltan en este conflicto colectivo, haga una propuesta acorde a los lineamientos”, concluyó Carlos Roncancio.
Estas acciones de protesta están siendo adelantadas por trabajadores de las seccionales de Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, quienes reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de control para que intervengan y garanticen una solución pronta, justa y constitucional al conflicto laboral.