La recta final de la campaña presidencial en Colombia elevó el tono político y concentró buena parte de la agenda nacional, en una jornada marcada también por investigaciones judiciales, alertas sobre seguridad, tensiones internacionales y nuevas preocupaciones en el sistema de salud.
La candidata presidencial Paloma Valencia realizó el cierre de campaña en Neiva, donde lanzó fuertes críticas contra Iván Cepeda y aseguró que el senador “posa de víctima” pese a ser, según ella, promotor de violencia política. Durante el evento recibió el respaldo del coronel Luis Alberto Malagón, uno de los militares rescatados en la Operación Jaque. Mientras tanto, Cepeda denunció amenazas contra dirigentes del Pacto Histórico y asistentes a un acto cultural realizado cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. El senador calificó como “racistas” declaraciones recientes del exmandatario.
En paralelo, el candidato Abelardo De la Espriella cerró su campaña en Bogotá con un acto público en la Plaza de Lourdes. También se mantuvo el debate sobre las encuestas electorales luego de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera temporalmente una medida cautelar que impedía a AtlasIntel divulgar sondeos presidenciales. El CNE conformó una comisión especial para revisar las actuaciones de las firmas encuestadoras antes de la primera vuelta.
La seguridad y el orden público también ocuparon un lugar central. El senador Alexander López reclamó explicaciones al Ministerio de Defensa tras un intento de secuestro en el Cauca y cuestionó la ausencia de fuerza pública en la vía Panamericana. A esto se sumó la difusión de pruebas de supervivencia de agentes del CTI y policías secuestrados en Arauca, quienes pidieron acelerar acuerdos con el ELN. Sin embargo, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, descartó un canje humanitario con esa guerrilla.
En materia judicial, la Comisión de Acusación de la Cámara abrió una indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por declaraciones de alias “Pipe Tuluá”, exintegrante de la organización criminal La Inmaculada, quien aseguró haber aportado dinero a la campaña presidencial. A su vez, el registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que el mayor riesgo electoral no está en el software de votación, sino en delitos como compra de votos y presión a electores.
Otro de los temas de mayor impacto fue el caso de Yulixa Toloza, la mujer hallada muerta tras practicarse un procedimiento estético en Bogotá. Dos personas fueron presentadas ante un juez en Norte de Santander por presuntamente intentar ocultar el vehículo en el que habrían transportado el cuerpo. Medicina Legal avanza en estudios forenses para esclarecer las causas de la muerte. El caso generó nuevas alertas de sociedades científicas y expertos, quienes pidieron una regulación más estricta de las cirugías estéticas en Colombia.
En el plano internacional, Estados Unidos acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas. La acusación sostiene que Castro habría autorizado la operación militar ejecutada sobre aguas internacionales.
La agenda económica también dejó señales de preocupación. La Contraloría alertó sobre el aumento del endeudamiento del Gobierno y el riesgo de incumplir la meta de déficit fiscal. Además, gremios médicos denunciaron cierres de unidades de cuidados intensivos y crisis laboral en hospitales del país, mientras organizaciones de pacientes reportaron demoras en medicamentos y citas médicas dentro del subsistema de salud de la Policía Nacional.