El director ejecutivo de la corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, afirmó en entrevista con La FM que el anuncio del Gobierno sobre el retiro del sistema internacional de arbitraje representa una decisión que, según explicó, impacta la seguridad jurídica y la confianza inversionista del país.
Durante la conversación, sostuvo que el mecanismo vigente ha permitido resolver controversias en escenarios internacionales y advirtió sobre efectos en la inversión extranjera y el aumento de litigios contra el Estado.
¿Qué riesgos tiene Colombia al salir del arbitraje internacional de inversión?
Herrera calificó la decisión como “una muy mala decisión” y señaló que el arbitraje internacional “es un sistema que impera a nivel internacional de manera pacífica”. En su intervención, explicó que este mecanismo está vinculado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el cual depende de organismos multilaterales.
El entrevistado indicó que el retiro “atenta y va en contra de la seguridad jurídica y la confianza inversionista”, y agregó que no encuentra justificación en el desempeño del país dentro de ese sistema. “A Colombia hasta el momento le ha ido muy bien en ese foro”, afirmó, al mencionar casos en los que el Estado ha obtenido resultados favorables.
También expresó que la decisión resulta contradictoria frente a esos antecedentes. “Es no solamente vender el sofá sino también quemarlo cuando uno lo ha pasado muy bien sentado en él”, dijo, en referencia al desempeño del país en procesos arbitrales internacionales.
¿Cómo impactaría esta decisión la inversión extranjera y los litigios contra el Estado?
Sobre los efectos en la inversión extranjera directa, Herrera sostuvo que la medida podría generar desincentivos para la llegada de empresas. “Va en contravía de atraer inversión extranjera”, afirmó, al advertir que la ausencia de garantías puede influir en la toma de decisiones de inversionistas internacionales.
Explicó además que el retiro del sistema no es inmediato y requiere un procedimiento formal. “Debe existir una notificación por escrito al Banco Mundial”, precisó, indicando que posteriormente se debe cumplir un plazo de seis meses para que la salida tenga efecto.
Durante ese periodo, señaló, podrían incrementarse las demandas contra el Estado. “Todos los inversionistas que estaban analizando si demandaban o no lo van a hacer”, afirmó, al advertir que la decisión podría derivar en un aumento de litigios.
En otro punto de la entrevista, Herrera se refirió al funcionamiento del arbitraje en Colombia. Indicó que, tras reformas, los honorarios de los árbitros están regulados por el Ministerio de Justicia y existen límites en la participación simultánea en tribunales arbitrales.
Asimismo, sostuvo que el arbitraje en el país “está desprovisto de escándalos” y que ha operado con resultados favorables. Añadió que la defensa del Estado ha mejorado con la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, lo que, según dijo, ha permitido mayor eficiencia en los procesos.
Finalmente, señaló que las decisiones arbitrales responden a criterios jurídicos. “Se le da la razón a quien la tenga”, concluyó, al indicar que tanto particulares como el Estado pueden resultar favorecidos según cada caso.