La presidenta derechista Keiko Fujimori libra su primer pulso con el Congreso para sacar adelante sus promesas de mano dura contra la criminalidad en Perú, pero sus propuestas más radicales ya fueron descartadas por los diputados.
La mandataria envió un proyecto a fines de agosto para que se le autorice emitir decretos por 120 días en distintos temas, entre ellos la seguridad, sin pasar previamente por el Parlamento.
La Cámara de Diputados, donde la izquierda tiene una ligera ventaja, aprobó el martes en un consenso entre bancadas solo algunos puntos solicitados por Fujimori.
El proyecto aún debe pasar por el filtro del Senado, donde las fuerzas de derecha igualan a los opositores y algunas voces conservadoras no descartan modificarlo en los próximos días.
Estos son los puntos clave del accidentado camino que sigue el pedido de Fujimori, que asumió el poder en julio.
"La gente está asustada"
El país andino atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de grupos criminales vinculados a la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico.
En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 a 2.600 entre 2018 y 2025 y las denuncias por extorsión escalaron de 3.200 a 26.500.
"Todo es ratería, hay muchas extorsiones. Eso debe acabar (...), la gente está asustada", dice a la AFP Edilberto Cortés, trabajador independiente de 55 años.
Solo el 6% de los peruanos creen que su país está ganando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la cifra más baja de Latinoamérica, donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones, según la encuesta Latinobarómetro.
Frente al auge de la criminalidad, también otros países de la región, entre ellos Chile y Ecuador, buscan endurecer sus normas de seguridad mientras la derecha y ultraderecha avanzan. La política represiva del presidente salvadoreño Nayib Bukele sirve de modelo para algunos gobernantes.
Impacto menor
La versión aprobada por los diputados autoriza a Fujimori emitir o cambiar normas para investigar y enfrentar el crimen organizado y reforzar el régimen carcelario, el control migratorio y el de armamento.
Pero sus propuestas de clasificar como "terroristas" a grupos criminales o dar mayor protección a quienes empleen la legítima defensa fueron frenadas.
Fujimori busca que los militares lideren la lucha anticrimen. Su padre, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), dirigió el país con puño de hierro apoyado por las fuerzas armadas y fue condenado por violaciones de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, señaló al diario Perú 21 que para usar la "fuerza militar" contra las bandas armadas "primero tienen que ser consideradas grupos hostiles".
Para Ricardo Valdés, experto en seguridad pública, la versión aprobada no implica cambios sustantivos. Las Fuerzas Armadas serán todavía "asistentes de la Policía, cosa que ya estaba en el marco constitucional", comenta.
El pedido original tampoco contemplaba estrategias para atacar las raíces de las economías ilegales, dice. "Por eso creo que el impacto" contra la criminalidad "va a ser menor", advierte.
Aprobación parcial
Salvo el oficialismo, las bancadas parlamentarias se resistieron a aprobar la totalidad del proyecto, que buscaba autorización para emitir decretos sobre más de 60 puntos que, además de seguridad, incluían materias laborales, financieras, de reforma del Estado, recursos naturales, entre otras.
"Varios congresistas consideraron que el paquete era demasiado amplio y que algunas medidas necesitaban límites más precisos", dice a la AFP el sociólogo peruano Arturo Huaytalla.
Los diputados autorizaron a legislar por 90 días, y no por los 120 que pidió, y solo en dos materias prioritarias: la lucha anticrimen y acciones contra el fenómeno El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, según estimaciones científicas.
La principal bancada de izquierda proponía archivar el proyecto, mientras las demás fuerzas impusieron la versión tamizada.
El debate "ha demostrado que la oposición" de izquierda dura en la Cámara de Diputados "va a ser el principal reto para la gobernabilidad de la actual administración", dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez.