La Corte Penal Internacional (CPI) acusó a Estados Unidos de lanzar un “ataque flagrante” contra la independencia del tribunal después de que la Administración de Donald Trump sancionara a su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado litigante principal, el senegalés Abdoulaye Seye.
La CPI, con sede en La Haya, condenó las medidas anunciadas por Washington y advirtió que las sanciones contra jueces, fiscales y funcionarios administrativos ponen en riesgo el estado de derecho y la independencia de la institución judicial internacional.
Washington acusa a la CPI de actuar contra funcionarios estadounidenses
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Akane y Seye participaron directamente en esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción del tribunal.
La Administración Trump considera a la CPI un organismo “corrupto y fatalmente politizado” y ya había impuesto sanciones contra otros funcionarios de la institución.
Las nuevas medidas se producen en medio de las tensiones entre Washington y el tribunal por investigaciones relacionadas con Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos.
Las sanciones estadounidenses impiden a las personas afectadas ingresar a Estados Unidos y realizar transacciones a través del sistema financiero estadounidense.
Japón y la Unión Europea respaldan a la presidenta de la CPI
Las sanciones provocaron críticas de aliados de Estados Unidos.
Japón, país de origen de Akane y principal financiador de la CPI, expresó su oposición a las medidas y defendió el trabajo del tribunal para investigar y sancionar los crímenes más graves.
El Gobierno japonés afirmó que ha apoyado sistemáticamente a la CPI en sus esfuerzos para defender el estado de derecho y garantizar la rendición de cuentas por crímenes que afectan a la comunidad internacional.
La Unión Europea también respaldó a Akane. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresaron su apoyo a la presidenta de la CPI y a otros altos funcionarios del tribunal.
Los dirigentes europeos señalaron que los funcionarios de la institución deben poder actuar de manera independiente y sin presiones externas.
Las sanciones aumentan la presión sobre la Corte Penal Internacional
La nueva medida forma parte de una ofensiva más amplia de Washington contra la CPI.
El Gobierno estadounidense ha presionado a sus aliados para que se retiren del organismo y ha acusado al tribunal de amenazar a ciudadanos estadounidenses. Chad y Venezuela ya han anunciado su salida.
La CPI expresó preocupación por esas decisiones y advirtió que las retiradas podrían debilitar los esfuerzos internacionales para perseguir los crímenes más graves.
Creada en 2002, la Corte Penal Internacional actúa como último recurso para procesar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren garantizar la rendición de cuentas.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, pero nunca lo ratificó y no reconoce al tribunal como autoridad judicial sobre sus ciudadanos en los términos que sí aceptan los países miembros.
Israel y Rusia tampoco forman parte de la CPI.
Pese a ello, el tribunal ha abierto investigaciones y emitido órdenes de arresto que han provocado fuertes reacciones de ambos gobiernos.
En 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, relacionada con la guerra en Gaza. Un año antes, el tribunal había emitido otra orden contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania.
Organizaciones de derechos humanos llevan a Trump ante los tribunales
La disputa también ha llegado a los tribunales estadounidenses.
Cuatro organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, demandaron recientemente a Donald Trump ante un tribunal de Nueva York por las sanciones impuestas contra la CPI.
Las organizaciones sostienen que las medidas de Washington dificultan que las víctimas de crímenes de guerra puedan acceder a mecanismos internacionales de justicia.
Mientras tanto, la CPI insiste en que las amenazas contra sus funcionarios por aplicar la ley no solo afectan a la institución, sino que también comprometen el funcionamiento del orden jurídico internacional.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Por qué Estados Unidos sancionó a la presidenta de la CPI?
Washington acusa a Tomoko Akane y a otros funcionarios del tribunal de participar en investigaciones y procesos contra personas cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción de la CPI.
¿Qué respondió la Corte Penal Internacional?
La CPI calificó las sanciones de “ataque flagrante” contra su independencia y advirtió que las medidas contra jueces, fiscales y funcionarios amenazan el estado de derecho.
¿Qué países respaldaron a la presidenta de la CPI?
Japón y la Unión Europea expresaron su apoyo a Akane. Japón es, además, el principal financiador de la Corte Penal Internacional.
¿Estados Unidos pertenece a la Corte Penal Internacional?
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, pero nunca ratificó el tratado, por lo que no es miembro de la CPI. Israel y Rusia tampoco forman parte del organismo.
¿Por qué existe una disputa entre Estados Unidos y la CPI?
La tensión se debe principalmente a las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por la CPI relacionadas con Israel, Rusia y otros casos, así como a la oposición de Washington a que el tribunal ejerza jurisdicción sobre funcionarios de países que no han aceptado su autoridad.