El presunto intermediario del mega proceso de corrupción en España denominado "caso Koldo", Víctor de Aldama, volvió a declarar este jueves como imputado ante la Audiencia Nacional, esta vez en el marco de la investigación por un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos que dirige el juez Santiago Pedraz.
Durante su comparecencia, Aldama aseguró que un sobre vinculado a PDVSA que fue detectado por la Guardia Civil le fue entregado por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y lo relacionó con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.
El sobre apareció en una fotografía incorporada a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), en la que figuraba como remitente el entonces presidente de la petrolera estatal venezolana, Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria Delcy Rodríguez.
La UCO sospecha que Aldama entregó el sobre a uno de sus socios, Alberto Escolano, para que lo custodiara, aunque el documento no fue localizado cuando este último fue detenido.
Aldama se niega a dar más detalles
Durante el interrogatorio, el fiscal anticorrupción preguntó expresamente por el contenido y la finalidad del sobre, pero Aldama se negó a dar detalles. Se limitó a confirmar que se lo entregó Rodríguez y a vincularlo con una supuesta financiación irregular del PSOE.
Cuando el fiscal solicitó ampliar esa información, el empresario respondió: “Eso es un tema que estamos llevando usted y yo en privado, pero si quiere le respondo”. Finalmente, no ofreció más explicaciones, una respuesta que fue interpretada en el entorno judicial como un posible indicio de negociación con la Fiscalía.
Aldama también aludió a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista, aunque tampoco profundizó en este extremo ante el juez.
A la salida de la Audiencia Nacional, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, vinculó estas afirmaciones con la elección de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista en 2022, si bien Aldama no mencionó ese episodio durante su declaración judicial.
En su comparecencia, el empresario volvió además a señalar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un supuesto intento de impulsar un negocio de hidrocarburos cuando era presidente de Canarias.
Según su versión, Torres habría intentado sacar adelante, junto a Koldo García —entonces asesor de José Luis Ábalos— y el empresario Manuel Salles, un proyecto para instalar depósitos fiscales de combustible en una zona portuaria exenta de impuestos.
Aldama afirmó que Salles y García viajaron a Canarias para reunirse con Torres, aunque el proyecto finalmente no prosperó.
El negocio, según explicó, fracasó porque Salles no contaba con la infraestructura exigida, ya que Torres habría requerido que el combustible fuera suministrado por una operadora de hidrocarburos autorizada.
Aldama añadió que incluso se produjo un viaje a México para buscar una operadora con filial en Canarias que permitiera desbloquear la iniciativa.
Corrupción en el sector hidrocarburos
En lo relativo a la causa principal por el presunto fraude de hidrocarburos, cifrado por el juez en hasta 220 millones de euros, Aldama trató de desvincular a su socio Claudio Rivas, propietario de Villafuel, empresa situada en el centro de la investigación.
La Guardia Civil sostiene que ambos lideraban una organización criminal dedicada a delitos contra la Hacienda Pública y que destinaron “un millón de euros” a comprar voluntades políticas para facilitar la obtención de licencias.
Aldama negó esta versión y atribuyó los pagos irregulares a Carmen Pano, empresaria a la que la UCO considera posible testaferro de Rivas.
Según su relato, Pano le habría entregado entre 40.000 y 50.000 euros para que los hiciera llegar a Ábalos y a Koldo García, aunque destinados a favorecer a otra empresa, Have Got Time. Incluso ironizó con que, de haber mediado para Villafuel, la licencia no habría tardado casi dos años en concederse.
El empresario negó de forma tajante que entregara 90.000 euros en efectivo a Pano para que los llevara a la sede del PSOE en la calle Ferraz, como ella ha sostenido en sede judicial. “Es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 en Ferraz porque yo se los haya dado”, afirmó ante los medios.
Interrogado sobre su papel en la trama, Aldama se presentó como un mero intermediario, asegurando que su relación con Rivas se limitaba a negocios inmobiliarios.
Relató que la presión ejercida por Carmen Pano y su hija, Leonor González, para resolver los problemas de Have Got Time llegó a incomodar a Rivas, que habría pedido frenar las gestiones para no perjudicar la licencia de Villafuel. “Dejad ya de presionar”, habría dicho, según Aldama.
Para ilustrar esa presión, describió que Koldo García “tiraba como una ametralladora” a los jefes de gabinete de los ministerios implicados, al no tener claro a quién dirigirse.
La UCO documenta contactos con responsables de Industria y Transición Ecológica de la época, aunque Aldama aseguró que no conocía personalmente a ninguno y que solo le constaba, por referencias de terceros, que “todo estaba yendo bien”.