En una jugada que agita aún más el ya convulsionado tablero geopolítico regional, el presidente Donald Trump ha dicho a sus asesores que planea hablar directamente con Nicolás Maduro, incluso después de que su gobierno designara al mandatario venezolano como jefe de una organización terrorista, según adelantaron funcionarios de la administración al medio Axios. El giro sorprende no solo por su timing, sino por lo que revela: la Casa Blanca parece estar moviéndose hacia una fase de presión calculada, donde la diplomacia y la amenaza militar conviven como instrumentos simultáneos.
La importancia del gesto es evidente. Funcionarios estadounidenses describen este paso como un “hito” dentro de la diplomacia de cañoneras que Washington ha aplicado sobre Caracas, dejando entrever que una escalada inmediata —como ataques directos a objetivos en Venezuela— no sería inminente. “Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo, en este momento”, aseguró un alto funcionario, aunque sin descartar ese escenario en el futuro. Aun así, la misma fuente enfatizó que la prioridad operativa sigue siendo otra: “Vamos a hacer estallar barcos que transporten drogas. Vamos a detener el narcotráfico”.
Hasta ahora, la llamada Operación Lanza del Sur —el despliegue militar estadounidense en el Caribe— ha dejado 83 muertos en 21 ataques con misiles contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, una cifra que ilustra el nivel de confrontación activa en la región. Y mientras Washington afina su estrategia, el Departamento de Estado anunció el lunes la designación de un supuesto cartel venezolano como “Organización Terrorista Extranjera”, dándole a Estados Unidos un marco legal más amplio para justificar operaciones militares en territorio venezolano y sus alrededores.
Ese mismo día, el general Dan Caine, considerado el arquitecto militar de Southern Spear, visitó Puerto Rico, donde se concentran unos 10.000 efectivos que respaldan las operaciones en el Caribe. Aunque oficialmente la misión es antidrogas, dentro del gobierno se reconoce que su objetivo final es el cambio de régimen en Caracas, una meta de la que Trump ya había hablado antes de regresar al poder.
Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que no existe un plan de asesinato contra Maduro, pero admite que la caída del líder venezolano sería bien recibida. “Si Maduro se va, no derramaremos ni una lágrima”, afirmó una funcionaria. La posible llamada entre ambos mandatarios todavía no tiene fecha, pero está en fase de planificación. Según otra fuente, el enfoque sigue siendo flexible: “Todas las opciones están sobre la mesa”.
Funcionarios estadounidenses aseguran que Maduro intentará seducir a Washington, prometiendo elecciones, petróleo barato y un alejamiento de Rusia, ofertas que ha repetido sin cumplir durante años. Pero convencerlo de abandonar el poder es extremadamente complejo, entre otras cosas porque sus propios aliados cubanos podrían ejecutarlo si cede a la presión estadounidense, según estimaciones de inteligencia.
Dentro de la administración, Trump es visto como el principal halcón en la política hacia Venezuela, seguido por Stephen Miller y Marco Rubio, quienes han trabajado para “preservar la opcionalidad” militar y depurar al Departamento de Estado de voces que cuestionan el enfoque agresivo. Rubio, que en 2019 había frenado una intervención por falta de activos militares, hoy sí dispone de ese músculo operativo.
En paralelo, Richard Grenell —designado por Trump como enviado amistoso en un intento previo de “policía bueno y policía malo”— ya había informado que Maduro llegó a ofrecer las riquezas petroleras de Venezuela a Estados Unidos, una señal de que Caracas temía una intervención directa. Pero el objetivo de Maduro era permanecer en el poder, algo que para Trump resultaba inaceptable.
Hoy, según asesores del presidente, la Casa Blanca cree que una salida diplomática es más probable que un bombardeo, y que Trump está determinada a construir un legado vinculado a la lucha contra el narcotráfico: “Quiere que se recuerde que hizo todo lo posible para detener el flujo de drogas ilegales al país”.