El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, mantiene (a la hora de escrito este artículo) una ligera ventaja sobre la candidata de extrema derecha, Keiko Fujimori, en el escrutinio de la elecciones presidenciales en Perú, a la espera del conteo de los votos emitidos en el extranjero, que pueden ser clave para determinar al próximo jefe de Estado del país andino.
Al tener contado el 95,171 % de los sufragios del domingo 7 de junio, Sánchez tiene 0,23 % puntos porcentuales sobre Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En entrevista con La FM, la politóloga Paula Tábara analizó el panorama de la segunda vuelta presidencial en Perú, marcada por una diferencia estrecha entre ambos candidatos, así como por debates sobre transparencia electoral, abstención y división territorial del voto.
¿Por qué está tan reñida la elección en Perú?
Frente a la pregunta sobre la estrecha diferencia, Paula Tábara señaló que esta segunda vuelta ha sido “menos polarizada que la del 2021”, cuando el debate entre izquierda y derecha fue más evidente. En esta ocasión, explicó que el escenario se ha configurado alrededor de un bloque de “antifujimorismo” frente a la candidatura de Keiko Fujimori.
“Lo que ha sido más claro es un bloque de antifujimorismo versus una propuesta de gobierno de Keiko Fujimori”, afirmó. Según explicó, la candidata cuenta con respaldo de sectores políticos que ya venían articulándose desde el Congreso.
En contraste, indicó que ha surgido una coalición diversa en torno a Roberto Sánchez, integrada por sectores que participaron en la primera vuelta. “Lo que ha surgido ha sido un bloque de aliados de distintas organizaciones”, señaló, y agregó que este bloque se ubica “más hacia la izquierda”.
La presencia del apellido Fujimori en el escenario electoral peruano está marcada por antecedentes judiciales y políticos que han acompañado su trayectoria en las últimas décadas. Alberto Fujimori, quien fue presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue condenado por múltiples delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, corrupción y abuso de poder, en decisiones judiciales que incluyeron hechos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, consideradas crímenes de lesa humanidad. Estos casos involucraron operaciones atribuidas a estructuras vinculadas al Estado, así como secuestros ocurridos tras el autogolpe de 1992 y diversas prácticas relacionadas con el manejo de recursos públicos, sobornos y espionaje.
En paralelo, su hija, Keiko Fujimori, ha desarrollado su carrera política en medio de investigaciones judiciales, especialmente en el denominado Caso Cócteles, vinculado a presuntos aportes irregulares a sus campañas por parte de Odebrecht (1,2 millones de dólares), para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, ocultando esos aportes mediante falsos donantes y eventos ficticios.
En ese proceso, la Fiscalía peruana la acusó de delitos como lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración administrativa. Aunque el caso ha tenido decisiones judiciales posteriores que modificaron parte de las acusaciones, el proceso se mantuvo durante años como un elemento relevante dentro del debate político en el país.
Este conjunto de antecedentes ha acompañado el desarrollo del fujimorismo como fuerza política y se mantiene presente en el contexto electoral, en el que el apellido continúa siendo un factor de referencia dentro de la contienda.
¿Hay riesgo de fraude en las elecciones de Perú?
Sobre la posibilidad de fraude electoral, Paula Tábara fue enfática: “No hay ningún riesgo de fraude”. Aclaró que tampoco hubo irregularidades de este tipo en 2021 y envió un mensaje a la audiencia internacional: “Quiero transmitirle eso a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo”.
Explicó que el sistema electoral peruano está compuesto por tres entidades: Reniec, encargada de la identificación; la ONPE, responsable de la organización electoral; y el Jurado Nacional de Elecciones, que administra la justicia electoral. “Es autónomo del poder ejecutivo, precisamente para garantizarnos transparencia”, afirmó.
Reconoció que hubo “errores de gestión” en la ONPE durante el proceso, que derivaron en la salida de su entonces jefe, Piero Corvetto, pero aseguró que estos fueron superados. También explicó que incidentes como cédulas con irregularidades fueron mínimos: “No llegaban a un centenar y fueron reemplazadas”.
Además, mencionó que un intento de ingreso irregular de material electoral fue controlado: “La persona fue detenida inmediatamente”.
Abstención y división entre ciudades y zonas rurales
En relación con la abstención, que superó los 6,5 millones de votantes, Paula Tábara explicó que hay tres factores principales. El primero es el “hartazgo con el proceso electoral”, aunque aclaró que los niveles no difieren ampliamente de elecciones anteriores.
El segundo factor es el costo del desplazamiento en zonas rurales. “Muchas veces directamente no llegan”, indicó, al referirse a ciudadanos que deben recorrer largas distancias para votar. En algunos casos, comunidades organizan el traslado de representantes que votan en nombre del grupo.
El tercer elemento es el voto en el exterior, donde no es obligatorio. “Se ha visto algo más de ausentismo”, afirmó.
Sobre el resultado, advirtió que aún no hay una definición clara. “Hay algo más de 1700 actas impugnadas”, explicó, lo que prolongará el conteo al menos dos semanas. Indicó que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han manifestado que esperarán los resultados oficiales.
“Han planteado que van a respetar los resultados”, señaló, y contrastó esta postura con la del excandidato Rafael López Aliaga, quien en la primera vuelta denunció fraude.
Paula Tábara explicó que la división del voto responde a la desigualdad histórica entre regiones. “Las ciudades han logrado beneficiarse mucho más del crecimiento económico”, afirmó, mientras que las zonas rurales enfrentan condiciones más precarias. Según dijo, esta situación ha generado una percepción de exclusión. “Sienten que esos gobiernos no les han representado”, explicó, en referencia a sectores rurales y del sur del país.
También mencionó tensiones culturales y sociales, incluyendo expresiones de “racismo, clasismo y discriminación” hacia comunidades indígenas y rurales. En ese contexto, recordó el caso del expresidente Pedro Castillo, al señalar que en algunas regiones persiste la percepción de que su salida del poder estuvo influida por sectores políticos. “Esa sensación de distancia se ve reflejada en los resultados electorales”, afirmó.
- Este texto fue escrito por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM