El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los 19 países que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI). La solicitud se presentó en medio de un foro de seguridad en Panamá, donde el funcionario cuestionó el papel del tribunal y lo señaló como una amenaza para la soberanía de los Estados.
Hegseth dijo que los gobiernos de la región no deberían permitir que la CPI intervenga en las decisiones de las instituciones judiciales y militares. “Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, afirmó ante representantes de defensa y seguridad.
La posición de Washington frente al tribunal internacional tiene antecedentes. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual se estableció la CPI en 2002. Por esa razón, el país no reconoce la jurisdicción general de la Corte, aunque durante años mantuvo mecanismos de cooperación con ella en determinados casos.
La CPI tiene su sede en La Haya y fue creada para investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren adelantar las investigaciones correspondientes. Estados Unidos comparte su posición frente al Estatuto de Roma con países como China, Rusia e India, que tampoco lo han ratificado.
Países a los que EE. UU. les pidió la salida
- Argentina
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Jamaica
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Trinidad y Tobago
La relación entre Washington y la CPI se ha tensionado
Las diferencias entre Estados Unidos y la Corte aumentaron durante la administración de Donald Trump. El Gobierno estadounidense impuso sanciones contra algunos jueces y fiscales del tribunal sobre restricciones para ingresar a Estados Unidos y congelamiento de activos.
Las medidas fueron principalmente por las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Israel es uno de los principales aliados de Washington en Medio Oriente y Estados Unidos ha rechazado que el tribunal tenga autoridad para actuar contra funcionarios de ese país en ese contexto.
Ahora, la petición de Hegseth coincide con las operaciones militares que Estados Unidos está ejecutando en contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Las fuerzas estadounidenses han realizado ataques contra embarcaciones que Washington identifica como parte de redes dedicadas al transporte de drogas.
De acuerdo con un recuento de AFP, las operaciones han dejado alrededor de 215 personas muertas en 53 ataques. El Gobierno estadounidense sostiene que la estrategia ha tenido un impacto en el movimiento de las embarcaciones utilizadas por las organizaciones señaladas de participar en el tráfico de drogas.
Hegseth defendió las operaciones y aseguró que los bombardeos produjeron una “caída récord” en el tránsito de narcolanchas por las costas del continente. El secretario de Defensa también afirmó que la CPI no tiene legitimidad para intervenir en las operaciones militares estadounidenses ni en las de sus socios regionales.
Organizaciones cuestionan la legalidad de los ataques
Las operaciones estadounidenses contra las embarcaciones han sido cuestionadas por juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos. Los críticos han planteado que algunos de los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, debido a la forma en que se están desarrollando las acciones militares.
Ese señalamiento tiene relación con las competencias de la CPI, que puede investigar determinados crímenes internacionales cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma. Sin embargo, hasta el momento no existe una denuncia formal ante la Corte por los ataques contra las embarcaciones mencionados en este caso.
Durante su intervención en Panamá, Hegseth también cuestionó a sectores de la comunidad internacional y de la prensa que, según afirmó, buscan ampliar la jurisdicción de la CPI sobre militares estadounidenses y de países aliados.
“No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI”, declaró el jefe del Pentágono. También acusó a lo que denominó “la izquierda internacional” de intentar imponer la autoridad del tribunal sobre las fuerzas militares de Estados Unidos y sus socios.
El funcionario, además, criticó a otros organismos internacionales. Según Hegseth, estas instituciones cuestionan las operaciones estadounidenses, pero no actúan de la misma manera frente a grupos y gobiernos que Washington considera responsables de terrorismo o de abusos de poder.
Colombia se suma a la coalición impulsada por Trump
La Coalición de las Américas contra los Cárteles fue promovida por Donald Trump como un mecanismo de cooperación entre países del continente para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. Actualmente, 19 países de América Latina y el Caribe forman parte de la alianza.
Durante el foro realizado en Panamá, Colombia formalizó su incorporación. El ingreso se produce dentro de los cambios en la relación entre Bogotá y Washington tras el cambio de Gobierno en Colombia.
La petición de Hegseth coloca ahora a los integrantes de la coalición ante una discusión sobre su relación con la Corte Penal Internacional. Los países que forman parte del Estatuto de Roma tendrían que considerar la solicitud estadounidense frente a su permanencia en un sistema judicial internacional al que están vinculados más de un centenar de Estados.
Para Estados Unidos, la CPI no debe intervenir en las decisiones militares adoptadas por Washington ni en las operaciones desarrolladas junto con sus aliados. La solicitud presentada en Panamá busca que los países de la coalición se aparten del tribunal y rechacen su jurisdicción.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya que investiga y juzga genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma. Su intervención se contempla, entre otros casos, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar.
¿Estados Unidos pertenece a la Corte Penal Internacional?
No. Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, por lo que no es un Estado parte de la CPI y no acepta su jurisdicción general. Washington ha mantenido una posición crítica frente al tribunal y durante la administración Trump aplicó sanciones contra algunos de sus funcionarios.
¿Por qué Hegseth pidió a los 19 países abandonar la CPI?
La solicitud está relacionada con la posición de Estados Unidos frente a la jurisdicción del tribunal y con las operaciones militares que desarrolla contra redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Hegseth sostiene que la CPI no debe intervenir en las operaciones militares de Estados Unidos ni de sus aliados, mientras que juristas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de algunos de esos ataques.