Si la resolución administrativa es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, al término del cual la persona podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, el Ejecutivo defiende que esta medida “refuerza un modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, y que resulta compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.
El Gobierno ha optado por la vía del Real Decreto, que no requiere convalidación parlamentaria, a diferencia de los reales decretos-ley. Esta fórmula permite sortear la falta de apoyos suficientes en materia migratoria, derivada, entre otros factores, del rechazo de Junts a algunas de las propuestas del Ejecutivo.
El socio de Gobierno Sumar valoró positivamente la iniciativa. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que se trata de “un paso hacia una sociedad más justa y democrática. Vamos a garantizar derechos a nuestros vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras. Frente al odio de la ultraderecha, respondemos con derechos y democracia”, afirmó.
Desde Podemos, la medida ha sido calificada como “urgente y de justicia social”, al considerar que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que “viven y trabajan en nuestro país, pero a las que se les han negado derechos básicos”.
La formación morada sostiene que mantener a estas personas en la irregularidad favorece la explotación laboral y alimenta el discurso racista, citando como ejemplos recientes los disturbios racistas en Torre Pacheco (Murcia) o el desalojo de Badalona (Barcelona), así como las redadas del ICE en Estados Unidos.
Los partidos de la derecha lo rechazan
Las críticas han llegado con dureza desde la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que con “46 muertos y ninguna dimisión”, la respuesta del presidente Pedro Sánchez es “una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar los servicios públicos”.
Fuentes del PP calificaron en RTVE la iniciativa como “una cortina de humo” y “una mala decisión”, al considerar que no ordena la inmigración ni protege la convivencia. “No se aclara a quién afecta, en qué condiciones se integrará a estas personas ni el impacto real en vivienda, sanidad, educación y servicios sociales”, señalaron, añadiendo que “la residencia y la nacionalidad no se regalan, se merecen”.
Más contundente fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien acusó al presidente del Gobierno de “promover el efecto llamada por decreto” y de querer “acelerar lo que denomina una invasión”, en un mensaje cargado de descalificaciones.
España cuenta con una larga tradición de procesos extraordinarios de regularización, impulsados tanto por gobiernos del PSOE como del PP desde los años ochenta. Los primeros se aprobaron con Felipe González, en 1985 y 1991, y beneficiaron a más de 147.000 personas.
Durante los gobiernos de José María Aznar, se pusieron en marcha varios mecanismos, incluidos procesos en 1996, 2000 y 2001, así como la llamada regularización por arraigo, que permitió documentar a más de 239.000 extranjeros.
El mayor proceso de ese periodo fue superado en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando casi 578.000 personas obtuvieron la regularización, vinculada por primera vez de forma directa a la existencia de un contrato de trabajo.