Una nueva controversia sacude el sistema electoral peruano tras las elecciones generales del último domingo. El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las graves fallas logísticas registradas durante la jornada electoral.
La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Lima, también alcanza al representante legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado Pfuyo, así como a altos funcionarios de la ONPE: Ricardo Saavedra, Edward Alarcón y José Samamé.
Tres delitos y un señalamiento central
El documento acusa a los implicados de tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del proceso electoral, todos en perjuicio del Estado y la sociedad. Según Angulo, la conducta de Corvetto constituye “el hecho que reviste mayor gravedad” dentro del caso.
La acusación sostiene que el jefe de la ONPE no informó oportunamente al pleno del JNE sobre la magnitud de la falta de material electoral, lo que mantuvo a la ciudadanía en un estado de desinformación durante gran parte del día. Este vacío de información, según el procurador, agravó el impacto de la crisis y afectó la transparencia del proceso.
Fallas en la logística y responsabilidad institucional
El procurador subrayó que la ONPE incumplió su deber de garantizar que la voluntad ciudadana se exprese de manera “auténtica y oportuna” en las urnas. Pese a tener la responsabilidad directa de la organización electoral, la entidad permitió un quiebre en el sistema de distribución del material.
En esa línea, Angulo enfatizó que el deber de garante recaía especialmente en Corvetto y en su equipo de alta dirección, quienes debieron supervisar y corregir de inmediato las fallas detectadas desde el inicio de la jornada.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la contratación de la empresa Galaga S.A.C., encargada del transporte del material electoral en Lima. Según el documento, la compañía no contaba con la capacidad logística suficiente para cumplir con esa tarea. Incluso, se menciona que días antes de la elección había publicado una convocatoria en LinkedIn para contratar 400 unidades tipo furgón, lo que evidenciaría una preparación tardía.
Impacto masivo en el derecho al voto
Las fallas logísticas tuvieron consecuencias directas en miles de votantes. De acuerdo con la denuncia, más de 55 mil ciudadanos en distritos de Lima Sur —como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac— se vieron afectados por la falta total de material electoral en sus locales de votación.
El procurador calificó esta situación como una “obstaculización material del voto” que cercenó el ejercicio del sufragio en condiciones de igualdad, generando incertidumbre y vulnerando la integridad del calendario electoral.
Además, cuestionó la respuesta de Corvetto, quien propuso gestionar la exoneración de multas para quienes no pudieron votar. Para Angulo, esta medida constituye una admisión implícita de incumplimiento y resulta insuficiente desde el punto de vista constitucional. “La dispensa de una sanción pecuniaria no resarce la vulneración del derecho al voto”, sostuvo.
Fallas tecnológicas y nuevas diligencias
La denuncia también incluye cuestionamientos al sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementado por la ONPE para agilizar el conteo de votos. Según Angulo, no se realizaron pruebas de estrés ni se aplicaron protocolos adecuados, lo que derivó en fallas como errores en el reconocimiento de códigos, problemas en la verificación biométrica y el uso de cuadernos informales.
Como parte de las diligencias solicitadas, el procurador pidió que la Fiscalía recabe las declaraciones de los implicados, revise la documentación sobre la contratación de Galaga S.A.C. y realice una pericia forense del sistema STAE.
Más denuncias en curso
El caso ha escalado rápidamente al ámbito político. El congresista Edwin Martínez, del partido Acción Popular, denunció a Corvetto ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta negligencia grave, solicitando su remoción del cargo.
Asimismo, el legislador presentó una acusación contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por presunta infracción a varios artículos de la Constitución relacionados con el derecho al voto y el funcionamiento del sistema electoral.
En medio de la polémica, Corvetto declaró el domingo que se someterá a todas las investigaciones: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen, en el ámbito que se planteen”. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió a nuevos intentos de contacto.