Más de dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente que detendría “todos los pagos” a Colombia, la asistencia estadounidense al país no ha sido interrumpida, incluso tras las sanciones impuestas al presidente Gustavo Petro, a quien Washington acusa de desempeñar un “papel en el comercio mundial de drogas ilícitas”.
Funcionarios estadounidenses aseguraron al medio CNN que no se está llevando a cabo una revisión integral de los programas de ayuda, lo que refleja la solidez de una relación bilateral tejida durante décadas.
Funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el encargado de la embajada estadounidense en Bogotá, John McNamara, se han encargado de dejar claro que las medidas anunciadas por Trump no buscan castigar al pueblo colombiano ni a las Fuerzas Armadas sino al presidente Petro.
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La tensión se desató después de que Trump calificara al mandatario colombiano de “narcotraficante” y pidiera suspender todos los pagos y subsidios al país a través de una publicación en Truth Social. Según fuentes en Washington, se había programado una reunión interinstitucional con los jefes de gabinete para discutir el futuro del apoyo estadounidense, pero fue cancelada sin explicación y nunca reprogramada.
Esa decisión dejó nuevamente al también asesor de seguridad nacional, Rubio, como la voz más influyente en el entorno del presidente. Rubio y su equipo comenzaron a trabajar con el Departamento del Tesoro para ejecutar sanciones contra Petro, reforzando así el tono punitivo del gobierno.
Pese a la ofensiva personal contra el líder colombiano, Rubio insistió públicamente en que “la relación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo excelente”, basada en una asociación histórica. Sin embargo, un alto funcionario admitió que la Casa Blanca evalúa revisar la asistencia a nivel presidencial. “A pesar de los miles de millones de dólares invertidos en los esfuerzos antidrogas, los carteles están prosperando bajo las políticas fallidas del presidente Petro. El presidente Trump está revisando cuidadosamente cada programa”, señaló.
Rubio fue aún más lejos al afirmar que “la política de Colombia no está representada por el presidente actual” y describió a Petro como un líder “errático y contraproducente” que no coopera con la estrategia antidrogas de Washington. En sus palabras, el conflicto “se aborda mejor a nivel individual”, marcando así una separación explícita entre el país y su mandatario.
En privado, varios funcionarios celebraron esa distinción, convencidos de que la administración debe castigar la conducta de Petro sin dañar las estructuras de cooperación bilateral. Rubio incluso calificó al presidente colombiano como un “líder extranjero hostil”, pero enfatizó que su señalamiento es “separado” de los vínculos estratégicos entre ambos países.
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Aunque Trump ha acusado a Colombia y Venezuela de ser motores del narcotráfico, la administración mantiene una diferencia clave en su enfoque: mientras Caracas ha sido objeto de sanciones y aislamiento diplomático, las relaciones con Bogotá se mantienen intactas, pese al enfrentamiento con Petro. “Nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y sus instituciones son sólidas y duraderas, y seguirán siéndolo mucho después de que este individuo deje la presidencia”, afirmó Rubio.
La ira personal de Trump hacia el líder colombiano se agudizó tras las críticas de Petro a la guerra contra las drogas y al apoyo estadounidense a Israel. Las tensiones alcanzaron un nuevo punto de quiebre cuando Petro se unió a las protestas propalestinas en Nueva York y llamó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”, lo que llevó a la Casa Blanca a revocar su visa.
De regreso en Bogotá, Petro redobló su ofensiva verbal: “Si el señor Trump sigue siendo cómplice del genocidio, no merece otra cosa que la cárcel, y su ejército no debería obedecerle”, dijo el mandatario. Las declaraciones coincidieron con una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones de drogas en el Caribe, uno de los cuales, según informes del Pentágono citados por CNN, habría involucrado a ciudadanos colombianos.