Un jurado federal en Nueva York concluyó que la promotora de conciertos Live Nation incurrió en prácticas monopolísticas ilegales en el mercado de venta de entradas, en un fallo que marca un punto de inflexión para la industria del entretenimiento en vivo en Estados Unidos.
La decisión, emitida el miércoles, determinó que la compañía mantuvo un control indebido que perjudicó la competencia entre recintos, plataformas de venta de boletos y otros promotores de conciertos. El veredicto llega tras años de crecientes cuestionamientos sobre el poder de mercado de la empresa y su influencia en prácticamente toda la cadena del negocio musical en vivo.
Un pacto de dudosa favorabilidad que había logrado Live Nation
El caso se produce en un contexto legal complejo. Apenas el mes pasado, Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo preliminar con la compañía, menos de una semana después de iniciado el juicio. Sin embargo, ese pacto no contemplaba el desmantelamiento de la empresa, lo que generó críticas por su aparente benevolencia.
La división entre autoridades estatales evidenció la controversia del acuerdo. Mientras algunos estados se sumaron a la resolución, otros 33 fiscales generales decidieron continuar la batalla judicial al considerar que el pacto beneficiaba a la empresa. Entre las voces más firmes estuvo Letitia James, quien calificó el fallo como “una victoria histórica” en la protección de la economía y los consumidores frente a prácticas monopólicas.
El proceso judicial entrará ahora en una segunda fase en la que se definirán las sanciones contra la compañía, lo que podría traducirse en multas millonarias o incluso cambios estructurales en su modelo de negocio.
El origen de la disputa
El origen del litigio se remonta a 2024, cuando el Departamento de Justicia, bajo la administración de Joe Biden, presentó una demanda acusando a Live Nation de “asfixiar la competencia” mediante prácticas excluyentes. Según el gobierno, la empresa ejercía una influencia desproporcionada sobre los principales recintos del país, consolidando su dominio en la promoción de conciertos y la venta de entradas a través de su filial Ticketmaster.
El malestar público alcanzó un punto crítico tras el colapso del sistema de venta de entradas para la gira “Eras” de Taylor Swift en 2022, cuando la alta demanda desbordó la plataforma y desató una ola de críticas por precios elevados y falta de competencia.
Durante la administración de Donald Trump, el caso continuó, aunque con cambios internos que generaron inquietud. En febrero, la Casa Blanca destituyó a la funcionaria antimonopolio Gail Slater, quien había impulsado una línea dura contra la concentración empresarial. Paralelamente, la asesora política Kellyanne Conway mantuvo vínculos con la empresa, lo que alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
El acuerdo alcanzado en marzo fue interpretado por críticos como un giro hacia una aplicación más flexible de las leyes antimonopolio. En esa línea, Lina Khan señaló que el fallo del jurado representa “un primer paso clave” para desmantelar el control de Live Nation y garantizar compensaciones a los afectados.
Durante el juicio también se conocieron pruebas sensibles. En febrero, el tribunal reprodujo una grabación en la que el director ejecutivo de la compañía, Michael Rapino, amenazaba con cancelar conciertos en el Barclays Center de Nueva York si el recinto optaba por trabajar con una empresa competidora en la venta de entradas.