El abogado del excapo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, presentó una nueva solicitud de liberación ante la justicia estadounidense, argumentando un grave deterioro físico y mental del exnarcotraficante, quien hoy tiene 82 años.
En el documento, revelado por la Associated Press, la defensa sostiene que Rodríguez Orejuela “es un hombre cuyo cuerpo está fallando y cuya mente ya no responde”, describiendo un cuadro clínico severo en el que, según el texto, “no puede recordar su propia existencia”. El escrito insiste en que mantenerlo en prisión en estas condiciones equivaldría a ignorar “la evidencia objetiva de daño cerebral orgánico” y su “profundo deterioro clínico”.
La petición se fundamenta en la figura de “liberación compasiva” contemplada en la legislación estadounidense, específicamente en el First Step Act, que permite a los jueces reducir condenas en casos de enfermedades graves o deterioro extremo. Según la defensa, el exjefe del narcotráfico “cumple con todos los requisitos legales, clínicos y morales” para acceder a este beneficio, tras haber pasado más de 22 años en prisión.
En su solicitud formal, el abogado pide que la Corte conceda la moción y reduzca la pena a “tiempo cumplido”, lo que abriría la puerta a su salida en el corto plazo.
Su anterior pedido a Petro como gestor de paz
Este nuevo intento de obtener la libertad reaviva un debate que ya había tenido eco en Colombia. Meses atrás, el propio Rodríguez Orejuela había solicitado al presidente Gustavo Petro ser designado como gestor de paz, en el marco de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno.
En esa ocasión, el antiguo capo buscaba acogerse a mecanismos de justicia restaurativa, planteando su disposición a contribuir con verdad y eventualmente con procesos de desmovilización o sometimiento de estructuras criminales. La propuesta generó controversia, tanto por el peso simbólico de su figura en el narcotráfico colombiano como por las dudas sobre el alcance real que podría tener su participación, especialmente considerando su avanzada edad y estado de salud.
Aunque no se conoció una decisión formal favorable a esa solicitud, el planteamiento evidenció el interés del exjefe del cartel de Cali por explorar vías distintas a la reclusión, en un contexto donde el Gobierno colombiano ha abierto espacios a actores armados y criminales dentro de su estrategia de negociación.