La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite la apertura controlada para que empresas estadounidenses participen en actividades vinculadas al petróleo venezolano, específicamente con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), aunque bajo un marco altamente regulado y con múltiples restricciones.
La norma representa una excepción significativa dentro del régimen de sanciones, pero deja claro que no implica un levantamiento total, sino una autorización condicionada para determinadas operaciones.
Qué permite exactamente la licencia
La OFAC autoriza a empresas estadounidenses ya establecidas (antes del 29 de enero de 2025) a realizar transacciones con PDVSA o sus filiales, incluyendo actividades relacionadas con la extracción y comercialización de petróleo, siempre que se cumplan condiciones clave:
- Los contratos deben regirse por la ley estadounidense y cualquier disputa debe resolverse en tribunales de Estados Unidos.
- Los pagos a entidades bloqueadas no pueden hacerse directamente, sino que deben canalizarse hacia fondos especiales controlados por el gobierno estadounidense (Foreign Government Deposit Funds).
- Se permiten también las operaciones necesarias con el Gobierno de Venezuela si están directamente relacionadas con estas actividades petroleras autorizadas.
Esto abre la puerta, en la práctica, a que compañías estadounidenses retomen o amplíen operaciones petroleras en Venezuela, aunque sin que el gobierno interino de Delcy Rodríguez tenga acceso libre a los ingresos.
Las excepciones y límites más importantes
A pesar de la autorización, la licencia establece restricciones muy estrictas que delimitan el alcance real de esta flexibilización:
1. Prohibición de operaciones financieras clave
No se permiten transacciones relacionadas con:
- Bonos o deuda de Venezuela o PDVSA.
- Reestructuración o pago de deuda existente.
- Venta o uso de activos estatales como garantía.
2. Bloqueo a actores sancionados
Sigue prohibido cualquier negocio con personas o entidades incluidas en la lista de sancionados (SDN), excepto PDVSA en sí misma.
3. Restricciones geopolíticas
No se autorizan operaciones que involucren:
- Empresas o personas vinculadas con países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
- Entidades con participación o control de actores de China, incluso en joint ventures.
4. Condiciones estrictas de pago
Quedan prohibidos:
- Pagos en oro.
- Intercambios de deuda por petróleo.
- Uso de criptomonedas o activos digitales como el petro.
5. Limitaciones legales y judiciales
No se permite:
- Ejecutar embargos, sentencias o arbitrajes sobre activos bloqueados.
- Liberar bienes congelados bajo sanciones.
6. Restricciones logísticas
No se pueden realizar operaciones con buques sancionados ni estructuras vinculadas a ellos.
Obligaciones de transparencia y reporte
Las empresas que exporten petróleo venezolano a terceros países deberán reportar cada operación en detalle (volumen, destino, valor, actores), informar sobre pagos al gobierno venezolano y presentar reportes iniciales en 10 días y luego cada 90 días.
El documento deja claro que esta medida no elimina el régimen de sanciones, sino que crea un canal controlado para ciertas actividades energéticas. El objetivo parece ser permitir flujo de petróleo al mercado internacional sin entregar control financiero directo al gobierno venezolano.
En términos prácticos, Estados Unidos permite la extracción petrolera, pero mantiene el control sobre el dinero y los actores involucrados, lo que configura una flexibilización estratégica más que una normalización de relaciones.