Irán atraviesa la mayor ola de protestas de las últimas dos décadas, en un contexto marcado por el colapso económico, el desgaste del régimen teocrático y una represión que, según diversas estimaciones, ya habría dejado miles de muertos. Aunque los iraníes han salido a las calles de forma recurrente durante los últimos 17 años para manifestarse contra un sistema político autoritario, la magnitud y extensión de las protestas actuales no tiene precedentes recientes.
Al igual que en ciclos anteriores de represión, las fuerzas de seguridad han respondido con policía antidisturbios, gases lacrimógenos y el uso de munición real. La diferencia, según analistas y organizaciones de derechos humanos, es la escala de la violencia. “Cientos, si no miles, de manifestantes han muerto”, coinciden distintas fuentes, en medio de un apagón informativo impuesto por el Estado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en reiteradas ocasiones que Washington intervendría en favor de los manifestantes, pero hasta ahora esa intervención no se ha materializado, pese a las expectativas generadas entre sectores de la población iraní.
Una economía en caída libre como detonante
El detonante inmediato de las protestas fue el desplome histórico de la moneda iraní. El 28 de diciembre, el rial alcanzó un mínimo de 1,48 millones por dólar, una caída que paralizó la actividad comercial y empujó a los comerciantes del histórico bazar de Teherán a salir a las calles. “No podemos seguir haciendo negocios”, denunciaban entonces.
La crisis monetaria se trasladó rápidamente al resto de la sociedad. El poder adquisitivo de los iraníes se evaporaba hora tras hora, y en cuestión de días las manifestaciones se extendieron a las 31 provincias del país. En menos de una semana, las consignas dejaron de centrarse en la ayuda económica y comenzaron a exigir el derrocamiento de la República Islámica.
Irán, con una población cercana a los 90 millones de habitantes, arrastra años de mala gestión y corrupción, pero los analistas subrayan que el colapso económico se aceleró tras la reimposición de sanciones de Naciones Unidas en septiembre, vinculadas al intento del país de desarrollar armas nucleares.
A ese malestar se suma la indignación acumulada por las restricciones sociales, incluidas las normas estrictas sobre vestimenta y conducta personal. Estas políticas ya habían provocado protestas masivas en 2022, tras la muerte de una joven bajo custodia estatal.
Represión, apagón informativo y cifras inciertas
Determinar cuántas personas han muerto es casi imposible. Irán desconectó internet y las redes telefónicas la noche del jueves 8 de enero, cuando se desarrollaban las manifestaciones más multitudinarias. Durante un apagón similar en 2019, las autoridades recurrieron posteriormente al uso de fuego real, un patrón que, según múltiples indicios, se habría repetido.
Según fuentes médicas locales que hablaron con CBS News, se estima que han llegado entre 12.000 y 20.000 cadáveres a los centros sanitarios.
Imágenes sacadas ilegalmente del país mostraban una morgue en Teherán con cientos de cuerpos, solo correspondientes a la noche del jueves. Un grupo de analistas voluntarios estimó que entre el 8 y el 10 de enero habrían muerto unas 6.000 personas. Hasta el 12 de enero, una organización de derechos humanos logró confirmar 646 muertes de forma individual.
Protestas sin liderazgo formal
Al igual que en las movilizaciones de 2017, 2019 y 2022, no existe un liderazgo único ni una organización centralizada detrás de las protestas. Los disturbios surgieron de manera espontánea, en parte porque el Estado ha detenido sistemáticamente a figuras de la sociedad civil, impidiendo la consolidación de referentes visibles.
Con el avance de las manifestaciones, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, comenzó a publicar mensajes llamando a un levantamiento general. Algunos sectores respondieron: las mayores concentraciones coincidieron con horarios y lugares sugeridos por él, y en varias ciudades se coreó su nombre.
Pahlavi, de 65 años, vive en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979. En redes sociales ha asegurado que no busca restaurar la monarquía, sino actuar como una figura de unidad durante una transición hacia una democracia secular. Otros disidentes destacados, como la premio Nobel Narges Mohammadi, permanecen encarcelados dentro del país.
Un régimen debilitado y un líder envejecido
Irán está gobernado por el ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo desde 1989. Con 86 años, su salud ha sido objeto de rumores persistentes y ha mantenido un perfil bajo desde la guerra de 12 días contra Israel. Aunque el primer ministro israelí sugirió que Jamenei podría haber sido un objetivo, Trump decidió no atacarlo.
A diferencia de Nicolás Maduro, Jamenei no enfrenta cargos penales en Estados Unidos, aunque documentos judiciales de 2024 señalan que unidades de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní estuvieron implicadas en complots para asesinar a Trump.
Una hostilidad histórica con Estados Unidos
La enemistad entre Washington y Teherán se remonta a la Revolución Islámica de 1979, que puso fin a décadas de alianza entre ambos países. La crisis se profundizó tras la toma de la embajada estadounidense en Teherán, cuando diplomáticos fueron retenidos durante 444 días.
Hubo intentos de acercamiento en los años noventa, cuando los iraníes eligieron líderes reformistas, pero el ala conservadora del régimen bloqueó sistemáticamente esas aperturas. El último gran intento terminó en 2009, cuando un presidente reformista electo fue puesto bajo arresto domiciliario, desatando protestas masivas reprimidas con violencia.