El Departamento de Estado presentará la reconfiguración definitiva de USAID: De 10.000 a 200 funcionarios

El presupuesto de USAID pasará de 43.000 millones de dólares a 5.400.
La administración Trump argumentó que necesitaba semanas adicionales para reanudar los pagos suspendidos el 13 de febrero. Crédito: AFP

La política de ayuda internacional de Estados Unidos atraviesa una transformación estructural. Tras el desmantelamiento de la histórica USAID, la administración de Donald Trump avanza en un rediseño profundo del sistema de asistencia exterior, reduciendo su alcance a una fracción de lo que fue durante décadas.

El Departamento de Estado anunciará la creación de una nueva oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres, que concentrará las funciones que anteriormente desempeñaba USAID. Según fuentes oficiales de Bloomberg, esta dependencia contará con poco más de 200 empleados, lo que representa apenas cerca del 5 % del personal directo con el que operaba la agencia antes de su cierre.

El contraste es significativo. En 2024, último año completo de la administración de Joe Biden, USAID empleaba a más de 10.000 personas a nivel global (incluyendo contratistas y personal local) y gestionaba proyectos en decenas de países. Un año antes, en el ejercicio fiscal 2023, su presupuesto total rondaba los 43.000 millones de dólares.

Hoy, el nuevo esquema reduce la asistencia humanitaria internacional a unos 5.400 millones de dólares, una cifra que evidencia el cambio de prioridades de Washington.

Un giro estratégico: de la cooperación global al enfoque transaccional

Desde la Casa Blanca, la narrativa oficial sostiene que la reforma busca “maximizar la eficiencia” y eliminar programas considerados ideológicos, especialmente aquellos vinculados al cambio climático o a agendas sociales. En su lugar, el gobierno prioriza intervenciones de emergencia y asistencia directa en situaciones críticas.

Sin embargo, el rediseño refleja un giro más amplio en la política exterior estadounidense, orientado hacia acuerdos bilaterales y relaciones de carácter más transaccional, en línea con la doctrina política de Trump.

La nueva arquitectura también refuerza la cooperación con organismos multilaterales. Washington ha comprometido cerca de 2.000 millones de dólares a fondos humanitarios gestionados por la Naciones Unidas, al tiempo que impulsa acuerdos específicos con gobiernos extranjeros en materia de salud y desarrollo.

Críticas por el impacto humanitario

El recorte ha generado fuertes cuestionamientos en el ámbito internacional. Jeremy Konyndyk, presidente de la organización Refugees International y exfuncionario de USAID, advirtió que la reducción de recursos tendrá consecuencias directas en la salud global.

“No se acerca ni de lejos a la misma calidad y nivel de asistencia, tiene costes reales y causa daños reales”, afirmó.

Un estudio publicado en la revista médica The Lancet estima que el desmantelamiento de USAID podría traducirse en hasta 14 millones de muertes adicionales para 2030, una proyección que ha sido rechazada por el Departamento de Estado, que la considera basada en supuestos incorrectos sobre una eventual desaparición total de la ayuda.

El caso de Zambia y la ayuda como herramienta geopolítica

El nuevo enfoque también ha despertado preocupación por el uso estratégico de la asistencia. Según reportes recientes, Washington evalúa condicionar ayuda sanitaria clave, incluyendo programas para personas con VIH, en países como Zambia, con el objetivo de asegurar mayor acceso a recursos minerales críticos.

Desde el Departamento de Estado, voceros han defendido esta postura, subrayando la necesidad de alinear la ayuda exterior con los intereses estratégicos de Estados Unidos, al tiempo que destacan la intención de contribuir al desarrollo de infraestructuras sanitarias y económicas en los países beneficiarios.

El fin de una era en la cooperación internacional

Creada en 1961 durante la presidencia de John F. Kennedy, USAID fue durante más de seis décadas el principal brazo de la política de desarrollo internacional de Estados Unidos, financiando programas de salud, educación, seguridad alimentaria y respuesta a desastres en todo el mundo.

Su desmantelamiento, decidido por la administración Trump el año pasado, implicó la absorción progresiva de sus funciones por el Departamento de Estado, la cancelación de múltiples programas y la reestructuración de contratos en decenas de países.