El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco ciudadanos costarricenses y cinco entidades registradas en Costa Rica, entre ellas un salón de belleza, por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero dedicada a transportar toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarlas en territorio costarricense y posteriormente enviarlas a Estados Unidos y Europa.
Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que identificó al costarricense Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, como líder de la organización criminal y uno de los traficantes de drogas internacionales más prolíficos del Caribe, junto con su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como “Noni”.
“Shock y Noni son responsables de importar cocaína a Costa Rica, principalmente a través de rutas marítimas, y de almacenar la cocaína en depósitos en todo el país”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial, en el que detalló el funcionamiento logístico de la red.
Las medidas también alcanzan a familiares directos de Picado Grijalba, incluyendo a su esposa y suegra, así como a empresas familiares presuntamente utilizadas para encubrir actividades de narcotráfico y lavado de activos. Entre las entidades sancionadas figura Magic Esthetic Salon, un salón de belleza que, según las autoridades estadounidenses, habría sido empleado como fachada financiera.
De acuerdo con las investigaciones federales, Shock y Noni ampliaron su red criminal mediante alianzas con otros narcotraficantes y grupos armados, incluidos sicarios, lo que les permitió fortalecer sus rutas de transporte y distribución en el Caribe y Centroamérica.
El Departamento del Tesoro informó que Luis Manuel Picado Grijalba fue arrestado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece detenido a la espera de una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos. Su hermano, Jordie Kevin Picado Grijalba, fue arrestado en agosto del año pasado en Costa Rica y también se encuentra detenido mientras se define su eventual extradición.
La operación antidrogas en el Caribe
Las sanciones son el resultado de un esfuerzo conjunto entre oficinas locales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Fiscalía General de Costa Rica y otras agencias, que trabajaron para localizar e identificar a las personas y empresas vinculadas a la red.
Entre otras consecuencias, las medidas bloquean cualquier propiedad o activo financiero de los sancionados que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones comerciales o financieras con ellos.
Al anunciar las sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “toda la cadena de suministro del narcotráfico, desde los facilitadores del transporte hasta los lavadores de dinero, es responsable de las adicciones y las muertes de estadounidenses”.
Las sanciones forman parte de una ofensiva más amplia de la administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe, que incluye operaciones militares directas. En los últimos meses, fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques mortales contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, con más de 100 personas muertas desde principios de septiembre, según cifras oficiales.
En diciembre, en la primera operación directa conocida en territorio venezolano, la CIA ejecutó un ataque con drones contra un puerto que, de acuerdo con la inteligencia estadounidense, era utilizado por cárteles de la droga.
En paralelo, Washington alcanzó un acuerdo con Costa Rica a comienzos del año pasado, durante una visita del secretario de Estado Marco Rubio, mediante el cual el país centroamericano aceptó alojar en centros de detención a deportados por la administración Trump, mientras se organizaba su retorno a sus países de origen.
En junio pasado, Estados Unidos también sancionó a seis presuntos narcotraficantes acusados de utilizar embarcaciones rápidas y “narcosubmarinos” para traficar cocaína. En ese caso, cuatro ciudadanos guyaneses y dos colombianos fueron señalados por enviar toneladas de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Europa y el Caribe.