A casi 100 días de haber llegado a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella enfrenta tres desafíos que podrían definir el rumbo de su gobierno: recuperar el control territorial frente a los grupos armados, enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y construir mayorías políticas para sacar adelante sus reformas.
Así lo plantea un análisis de la revista británica The Economist, que examina los primeros meses de la administración del mandatario. La publicación reconoce el respaldo que han recibido sus promesas de mano dura y crecimiento económico, pero advierte que los resultados de su estrategia de seguridad todavía son limitados y que sus posiciones políticas han abierto frentes de confrontación con el Congreso, los tribunales y sectores de la sociedad.
El artículo también señala que el presidente ha adoptado elementos del estilo político de Donald Trump, tanto en su discurso contra las élites y las críticas como en su agenda de seguridad y sus posiciones frente a organismos internacionales.
Seguridad: más operaciones, pero sin cambios estructurales
La recuperación de la seguridad ha sido una de las principales apuestas de De la Espriella. Su gobierno puso fin a las negociaciones de paz que había impulsado su antecesor, Gustavo Petro, e intensificó los bombardeos contra organizaciones armadas, dice el medio. También ha reportado capturas, muertes de objetivos de alto valor y extradiciones de personas requeridas por la justicia estadounidense.
La estrategia ha estado acompañada de una amplia exposición en redes sociales. En videos publicados por los canales oficiales del mandatario, De la Espriella aparece durante operativos nocturnos, junto a integrantes de las fuerzas de seguridad, y presenta las detenciones como parte de su política de mano dura.
"Todo esto se relata en un flujo diario de contenido en línea autorreferencial y autoelogioso, parte del cual resulta grotesco. El señor de la Espriella se jacta ante las bolsas de cadáveres de los caídos en las operaciones", se lee.
Sin embargo, The Economist recoge las críticas de Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien considera que el aumento de las operaciones ha sido "modesto".
La revista cita como ejemplo la situación de Santa Marta, donde una estructura armada decretó un paro después de la muerte de uno de sus cabecillas. La organización ordenó cerrar los comercios y pidió a los habitantes permanecer en sus casas. Aunque el presidente llegó a la ciudad acompañado por las fuerzas militares y se realizaron sobrevuelos de aviones de combate, los ciudadanos optaron por no salir.
El Gobierno busca complementar la ofensiva militar con dos instrumentos. El primero es una ley de sometimiento que ofrecería penas reducidas a integrantes de organizaciones criminales que confiesen sus delitos, entreguen sus bienes y colaboren con las autoridades. El segundo es un estatuto antiterrorista que permitiría al Ejecutivo declarar organizaciones como terroristas y congelar los activos de quienes sean considerados sus colaboradores.
La crisis fiscal pone a prueba las reformas del Gobierno
El segundo gran desafío es económico, señala. De acuerdo con el análisis, la deuda pública colombiana se acerca al 60 % del producto interno bruto (PIB), mientras que las proyecciones oficiales apuntan a un déficit fiscal del 9,4 % del PIB en 2027 si no se adoptan medidas.
El pago de la deuda absorbería cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional. Ante ese panorama, el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de crédito que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.
A finales de octubre, la administración presentó una reforma tributaria y de gasto con medidas para aumentar los ingresos y reducir el tamaño del Estado. La propuesta contempla disminuir el número de bienes que tienen tarifas especiales de IVA, ampliar la base del impuesto sobre la renta y recortar en una quinta parte la nómina estatal.
También plantea reducir la tarifa del impuesto corporativo del 35 % al 31 % y establecer una tasa del 20 % durante 16 años para grandes nuevos inversionistas. Además, busca otorgar al presidente facultades para reducir el gasto público mediante decretos.
La agenda cultural y los enfrentamientos con las instituciones
El análisis de The Economist también identifica una agenda conservadora como uno de los ejes del Gobierno. En octubre, De la Espriella nombró como ministro del Interior encargado de las relaciones con el Congreso a Alejandro Ordóñez, exprocurador de posiciones ultraconservadoras.
La designación coincide con el llamado del presidente a impulsar una "contrarrevolución cultural" para recuperar los valores tradicionales. En esa línea, ordenó retirar del Museo Nacional decenas de obras relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual y los procesos de paz. También ha firmado sus mensajes con la expresión "¡Viva Cristo Rey!", pese a las advertencias judiciales sobre la neutralidad religiosa del Estado.
Para Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, esta estrategia puede servir para movilizar a las bases políticas del mandatario antes de las elecciones regionales previstas para octubre del próximo año. "Eso crea soldados para la causa", afirmó.
La revista también compara la forma de gobernar de De la Espriella con la de Donald Trump. Colombia se incorporó al Escudo de las Américas, una coalición militar liderada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región, y recibió apoyo estadounidense con drones Reaper para la búsqueda de organizaciones criminales.
En el ámbito internacional, el Gobierno se ha acercado a la agenda antiglobalista de Trump. Entre sus decisiones está el retiro de una candidata colombiana a la Corte Penal Internacional y la posibilidad de que el país abandone ese tribunal.
Las tensiones también se han trasladado a instituciones nacionales y sectores críticos. The Economist menciona el despido del director de la entidad de estadística, que habría ocurrido después de que este afirmara que no encontró pruebas de manipulación de las cifras del mercado laboral durante el Gobierno de Petro. También señala la renuncia del presidente de la ANDI, luego de que trascendiera que De la Espriella prohibió a sus ministros reunirse con él, así como la salida de periodistas críticos de sus puestos de trabajo.
La oposición prepara nuevas movilizaciones
El malestar político empieza a trasladarse a las calles. Según la revista, las protestas antigubernamentales del mes pasado reunieron a cerca de 60.000 personas. Ahora, el Pacto Histórico, sindicatos y organizaciones estudiantiles preparan un paro nacional para el 19 de noviembre, en rechazo a los recortes del gasto público.
El presidente desestimó las movilizaciones y las describió como una "pequeña minoría que quiere frenar a Colombia". Sin embargo, The Economist advierte que esa respuesta podría resultar más difícil de sostener si aumenta la participación en las protestas.
La publicación concluye que los primeros meses de De la Espriella han estado marcados por una combinación de respaldo popular a su discurso de seguridad, dificultades fiscales y confrontaciones institucionales. Los próximos debates sobre las reformas y la capacidad del Gobierno para recuperar el control territorial serán determinantes para establecer si su administración consigue resultados más allá de la exposición mediática.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué balance hace The Economist de los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella?
La revista destaca sus apuestas en seguridad y economía, pero advierte sobre los resultados todavía limitados contra los grupos armados, la crisis fiscal y los conflictos con instituciones y sectores políticos.
¿Qué medidas de seguridad impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
El Gobierno intensificó los bombardeos y las operaciones militares contra grupos armados. También promueve una ley de sometimiento para ofrecer beneficios judiciales a quienes colaboren con las autoridades y un estatuto antiterrorista para designar organizaciones y congelar activos.
¿Cuál es la situación fiscal de Colombia según el análisis?
La deuda pública se acerca al 60 % del PIB y el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027. El Gobierno negocia con el FMI un programa de crédito que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares.
¿Qué propone la reforma tributaria y de gasto del Gobierno?
La iniciativa contempla ampliar la base del impuesto sobre la renta, modificar las tarifas especiales del IVA, reducir la nómina estatal en una quinta parte y disminuir el impuesto corporativo del 35 % al 31 %. También propone incentivos tributarios para grandes nuevos inversionistas.
¿Por qué hay tensiones entre Abelardo de la Espriella y sectores de la oposición?
Las diferencias se relacionan con las reformas económicas, la agenda conservadora del Gobierno, sus decisiones frente a instituciones y organismos internacionales, y las críticas a periodistas y sectores empresariales. La oposición prepara un paro nacional para el 19 de noviembre.