La batalla judicial del ex jefe del chavismo Nicolás Maduro en Estados Unidos sumó un nuevo frente de tensión política y legal después de que su equipo de defensa denunciara que la administración del presidente Donald Trump impidió que el Estado venezolano financie sus honorarios jurídicos mientras enfrenta cargos federales por narcotráfico en Nueva York.
El abogado defensor Barry Pollack informó a un juez federal de Manhattan que el Departamento del Tesoro bloqueó la autorización necesaria para que el gobierno venezolano pagara la representación legal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos sin derecho a fianza en territorio estadounidense.
El mensaje del abogado, con fecha del 20 de febrero y luego integrado al expediente judicial público, sostiene que la decisión podría vulnerar el derecho constitucional del exmandatario a elegir libremente a su defensa.
Licencia otorgada y retirada en horas
Según Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar las sanciones económicas contra Venezuela, había aprobado inicialmente el 9 de enero el pago de los honorarios legales con fondos estatales venezolanos.
Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue retirada sin explicación oficial. La licencia para financiar la defensa de Flores permaneció vigente, pero no la correspondiente a Maduro, creando, según la defensa, una situación jurídica desigual.
“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro y él tiene la expectativa legítima de que así ocurra”, escribió Pollack al tribunal, añadiendo que Estados Unidos estaría interfiriendo con su derecho garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Permitir que el nuevo gobierno financie la defensa del líder depuesto podría complicar la estrategia de la fiscalía estadounidense, ya que Maduro sostiene que su arresto fue ilegal y que, como jefe de Estado extranjero, posee inmunidad frente a tribunales estadounidenses.
Acusaciones que podrían llevar a cadena perpetua
La acusación federal, de 25 páginas, señala a Maduro y a su entorno de coordinar con cárteles de droga y sectores militares el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos durante años.
Los fiscales también sostienen que la presunta red criminal habría ordenado secuestros, agresiones y asesinatos contra personas vinculadas a operaciones del narcotráfico, incluyendo la muerte de un capo local en Caracas.
Tanto Maduro como Flores se declararon inocentes. El exmandatario tiene prevista una audiencia clave ante un tribunal federal el próximo 17 de marzo.