La violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas en el Atlántico. En las últimas horas, dos mujeres fueron asesinadas en hechos violentos registrados en los municipios de Galapa y Baranoa, elevando a 66 el número de mujeres asesinadas en el departamento, según el balance presentado por la defensora de derechos humanos Ruth Pareja.
Uno de los casos que más ha generado indignación ocurrió en el barrio Mundo Feliz, en Galapa, donde Tatiana Hernández Díaz fue atacada a tiros cuando, según las primeras versiones, acababa de dejar a su pequeño hijo en un colegio. La mujer fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero habría descendido del vehículo y disparado contra ella, dejándola sin vida en el lugar.
El segundo homicidio ocurrió hacia las 2:00 p.m. de este miércoles en una trocha del municipio de Baranoa. Allí fue atacada con arma de fuego Ana Cristina Ávila Ávila, de 25 años, quien se encontraba acompañada de un hombre.
De acuerdo con la información preliminar, los responsables se movilizaban en una motocicleta y huyeron después de disparar contra las dos personas. El acompañante de Ávila resultó herido, mientras que la mujer falleció horas después en una clínica debido a la gravedad de las lesiones.
Piden declarar una emergencia humanitaria en el Atlántico
Ante este panorama, la psicóloga, educadora y defensora de derechos humanos Ruth Pareja solicitó, a través de La FM, que se declare una emergencia humanitaria en el departamento para enfrentar la violencia contra las mujeres y fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación.
La representante del Movimiento Amplio Social de Mujeres cuestionó la falta de avances en la implementación territorial de las medidas contempladas en la Ley 2294 de 2023 y aseguró que las cifras actuales evidencian la necesidad de una respuesta institucional más efectiva.
“Hoy yo quiero desde el Movimiento Amplio Social de Mujeres solicitar una emergencia. Nosotros estamos solicitando una emergencia humanitaria en el departamento del Atlántico”, manifestó.
Pareja señaló que, pese a las medidas planteadas desde 2023, todavía existen vacíos en la coordinación entre las autoridades y en la atención de los casos de violencia contra las mujeres.
“Hoy estas 66 mujeres vuelven a poner en la mesa que aquí no se ha cumplido, no hay un cuerpo élite especializado, no se convocan a unos consejos de seguridad por municipio como debería ser porque aquí se ha permeado la violencia”, denunció.
La defensora también advirtió sobre las dificultades para consolidar cifras unificadas entre las instituciones encargadas de investigar y atender estos hechos, entre ellas la Fiscalía, Medicina Legal y las comisarías de familia.
Según explicó, mientras en 2023 se reportaron 45 mujeres asesinadas al cierre del año, en octubre de 2026 la cifra ya llega a 66 víctimas, una situación que genera preocupación ante la posibilidad de que el balance siga aumentando.
“Hay una instrumentalización de las mujeres”
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Ruth Pareja es el presunto uso de mujeres por parte de estructuras criminales para desarrollar actividades ilícitas, especialmente relacionadas con el tráfico de drogas.
La defensora cuestionó que algunos de estos homicidios sean explicados únicamente como consecuencia de enfrentamientos entre bandas delincuenciales, sin profundizar en las circunstancias de violencia y sometimiento que pueden afectar a las víctimas.
“Las bandas estas delincuenciales matan a la mujer por un mensaje que quieren mandar de poder, por un mensaje contundente, por una deuda no pagada o porque las mujeres son esposa o pareja o compañera sentimental de uno que está metido en alguna de estas bandas”, sostuvo.
Pareja agregó que algunas mujeres podrían estar siendo presionadas para guardar mercancía o colaborar con actividades criminales y que negarse a cumplir esas exigencias las expondría a amenazas y ataques.
“De pronto alguna de las mujeres se niega a poder guardar mercancía, entonces eso le implica también colocar a una mujer en riesgo”, advirtió.
En ese sentido, insistió en que las autoridades deben investigar cada caso teniendo en cuenta los posibles factores de género, las relaciones de poder y las circunstancias particulares de las víctimas, sin descartar de antemano ninguna hipótesis.
“El cuerpo de la mujer se convierte en un botín de guerra”
La defensora de derechos humanos sostuvo que la violencia contra las mujeres en el Atlántico debe analizarse más allá de las disputas entre organizaciones criminales, pues, a su juicio, los ataques también pueden ser utilizados para intimidar, ejercer control territorial y enviar mensajes de poder.
“Lo que manifiesta la ONU es que el cuerpo de la mujer cuando se convierte en un botín de guerra, aquí en este caso con estas bandas territoriales, lo que nos está demostrando es que hay una violencia femenina, el cual las autoridades no han cumplido con esta agenda de mujeres”, afirmó.
Pareja pidió revisar los mecanismos institucionales de prevención y protección, así como fortalecer las herramientas para identificar oportunamente las amenazas que enfrentan las mujeres en sus entornos familiares, sociales y comunitarios.
Además, informó que se encontraba en Bogotá adelantando gestiones con congresistas y organizaciones de mujeres para impulsar propuestas que puedan convertirse en iniciativas legislativas.
Tecnología y protección para salvar vidas
Como parte de sus propuestas, Ruth Pareja planteó la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Mencionó el caso de una adolescente de 16 años en Sudáfrica que, según relató, desarrolló un dispositivo similar a un botón de pánico incorporado en un arete, con funciones para enviar la ubicación y tomar fotografías de un posible agresor.
La defensora consideró que este tipo de herramientas podría contribuir a fortalecer las estrategias de autocuidado y prevención, siempre que estén acompañadas de rutas de atención efectivas y una respuesta oportuna de las autoridades.
“Lo que tenemos es que darles herramientas robustas a las mujeres para encontrarlas vivas, no para encontrarlas enterradas cuando ya definitivamente no se pueda hacer nada”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a los ministerios, congresistas, diputados, concejales y demás autoridades para que asuman compromisos concretos frente a la violencia contra las mujeres en el Atlántico.
Mientras avanzan las investigaciones por los asesinatos de Tatiana Hernández Díaz y Ana Cristina Ávila Ávila, la exigencia de las organizaciones de mujeres es que se esclarezcan los hechos, se identifique a los responsables y se adopten medidas que permitan frenar la violencia que continúa cobrando vidas en el departamento.
Preguntas claves sobre asesinatos de mujeres en Atlántico
¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026, según la denuncia?
De acuerdo con el balance presentado por Ruth Pareja, en el departamento se contabilizan 66 mujeres asesinadas hasta octubre de 2026.
¿Dónde ocurrieron los dos homicidios recientes?
El primero ocurrió en el barrio Mundo Feliz, en Galapa, donde Tatiana Hernández Díaz fue atacada después de, presuntamente, dejar a su hijo en el colegio. El segundo se registró en una trocha de Baranoa, donde Ana Cristina Ávila Ávila, de 25 años, fue baleada junto a un hombre que resultó herido.
¿Qué denuncia hizo Ruth Pareja sobre las estructuras criminales?
La defensora advirtió sobre la presunta instrumentalización de mujeres para actividades ilícitas, como guardar mercancía o participar en dinámicas relacionadas con el tráfico de drogas. Según explicó, algunas podrían quedar expuestas a amenazas y asesinatos cuando se niegan a cumplir esas exigencias. Estas hipótesis deben ser investigadas por las autoridades en cada caso.
¿Qué medidas está solicitando el Movimiento Amplio Social de Mujeres?
La organización pide declarar una emergencia humanitaria en el Atlántico, fortalecer la coordinación entre las instituciones, establecer mecanismos especializados de investigación, convocar consejos de seguridad municipales y promover herramientas tecnológicas y medidas de protección que ayuden a prevenir nuevos ataques contra las mujeres.