El 11 de septiembre de 2001, los medios de comunicación colombianos y del mundo dirigieron su atención a los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados: dos se estrellaron contra las Torres Gemelas, en el World Trade Center de Nueva York; otro, contra el Pentágono; y otro más terminó siniestrado en una zona rural de Pensilvania, aunque al parecer su destino era la Casa Blanca, en Washington.
Aunque esos hechos ocurrían a miles de kilómetros de Colombia, significaron un punto de inflexión para su historia y para el conflicto armado. El 11-S no creó la confrontación armada ni dio origen al Plan Colombia, que ya estaba en marcha desde el año 2000, pero sí modificó el marco desde el cual Estados Unidos interpretaba y enfrentaba la violencia colombiana.
Para Eduardo Pastrana Buelvas, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, el cambio fue sustancial porque permitió que el conflicto colombiano se integrara a la estrategia internacional de Washington contra el terrorismo.
“El conflicto colombiano se convierte en un eslabón de la guerra global contra el terrorismo”, explicó Pastrana, al señalar que las acciones de las FARC comenzaron a ser interpretadas bajo la categoría de narcoterrorismo, lo que permitió una mayor articulación entre la cooperación estadounidense y las operaciones contra la insurgencia.
El país atravesaba una tensa situación de orden público tras el fracaso de las conversaciones de paz en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, lo que terminó fortaleciendo a esa guerrilla. Además, se preparaba para las elecciones presidenciales y un candidato prometía "mano dura" contra la guerrilla: Álvaro Uribe Vélez.
Su discurso de una guerra sin tregua contra las guerrillas colombianas coincidió con el discurso antiterrorista que adoptó la administración Bush en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. El exgobernador de Antioquia arrasó en las elecciones presidenciales con una ventaja de 20 puntos porcentuales y, una vez en el poder, afianzó la relación política y militar de Colombia con el gobierno estadounidense.
El cambio de discurso en el conflicto colombiano
Estados Unidos solo mantenía una disposición de contención de las FARC y disuasión frente a posibles amenazas. Asimismo, en el año 2000, el gobierno de Pastrana y el de Bill Clinton habían suscrito el Plan Colombia, que tenía como ejes la negociación política del conflicto, la lucha contra las drogas, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional.
Pero, tras los atentados del 11-S, la guerrilla dejó de ser vista principalmente desde la lógica de la insurgencia y pasó a ser considerada dentro de una estrategia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Pastrana Buelvas explica que el cambio no ocurrió de manera inmediata ni exclusivamente como consecuencia de los atentados, pues ya existía un proceso de transformación en la política estadounidense y colombiana. De hecho, el fracaso de los diálogos del Caguán, en febrero de 2002, coincidió con el nuevo escenario internacional creado por el 11-S.
“Ya se venía articulando y es lo que se conoce en el gobierno de Pastrana como la diplomacia para la guerra: la relación entre guerrillas, narcotráfico y terrorismo”, señaló el académico.
Además, el académico destaca que durante el gobierno de Andrés Pastrana se produjo un paso importante hacia esa nueva conceptualización, pues en febrero de 2002 Estados Unidos y la Unión Europea declararon a las FARC y a las Autodefensas Unidas de Colombia como organizaciones terroristas.
El Congreso de Estados Unidos tenía serios reparos sobre el Plan Colombia, pero cedió tras la caída de las Torres Gemelas y autorizó no solo aumentar el presupuesto, sino también destinar esos recursos a la lucha frontal contra los grupos armados.
El giro fue formalizado en 2002, cuando Estados Unidos permitió utilizar los recursos destinados a Colombia en una campaña unificada contra el narcotráfico y las actividades de las FARC, el ELN y las AUC. De esta manera, la cooperación dejó de concentrarse exclusivamente en la lucha antidrogas y respaldó de forma más directa las operaciones contra los grupos armados ilegales.
Así, la lucha contra las FARC y las guerrillas pasó a convertirse en una prioridad para Estados Unidos, pues empezó a ver al narcotráfico como un brazo financiero aliado del terrorismo que podía afectar sus intereses. Además, esa guerrilla secuestró a tres contratistas militares estadounidenses en 2003 y, a los pocos días, cometió el atentado contra el club El Nogal, lo que dio más argumentos al gobierno norteamericano para catalogarla como terrorista.
Según Pastrana, esta transformación tuvo otra consecuencia fundamental: la internacionalización del conflicto colombiano. “Allí se produjo una internacionalización del conflicto colombiano. También ha sido definido como una intervención por invitación”, explicó.
El concepto hace referencia a la cooperación solicitada por un Estado que enfrenta una amenaza interna y que no cuenta con todos los recursos para combatirla. En el caso colombiano, esa cooperación se tradujo en financiamiento, entrenamiento, transferencia de equipos, tecnología e inteligencia por parte de Estados Unidos.
La seguridad democrática y los escándalos en derechos humanos
Durante su gobierno, Álvaro Uribe adoptó su política de seguridad democrática, que coincidía plenamente con la lucha mundial antiterrorista de Estados Unidos.
La llegada de Uribe permitió profundizar el nuevo enfoque y utilizar de manera más directa los recursos del Plan Colombia en la lucha contra las FARC. La estrategia se complementó con operaciones militares como el Plan Patriota, mientras Colombia estrechaba sus vínculos políticos, militares y de seguridad con Washington.
Entre 2000 y 2008, Estados Unidos destinó cerca de US$4.900 millones al fortalecimiento militar y policial colombiano, mientras la cooperación incorporó capacidades de inteligencia, entrenamiento, movilidad aérea y asistencia tecnológica.
Aunque esta política debilitó considerablemente a las FARC hasta empujarlas a firmar un acuerdo de paz en 2016, desde 2008 empezó a cuestionarse por sus violaciones a los derechos humanos, con escándalos como los llamados “falsos positivos” y las chuzadas del DAS.
La Comisión de la Verdad estima en 450.664 muertos por el conflicto entre 1985 y 2018, mientras que la JEP ha establecido preliminarmente 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
Según Pastrana Buelvas, además, la política de seguridad democrática tuvo efectos sobre la propia definición del conflicto y sobre la política exterior colombiana. “La política de seguridad de Colombia durante los gobiernos de Uribe va a tener como consecuencia que hay una negación del conflicto interno y se va a definir como una amenaza contra el Estado y la sociedad”, sostuvo.
El académico señaló que este enfoque cerró las puertas a la negociación y produjo una fuerte orientación de la política exterior colombiana hacia Washington. “Se va a producir una especie de estadounidización o bilateralización de las relaciones de Colombia con la superpotencia”, afirmó Pastrana.
Esa estrecha alianza también generó tensiones con algunos países vecinos. El desplazamiento del conflicto hacia las fronteras y la estrategia militar colombiana provocaron crisis diplomáticas, especialmente con Ecuador y Venezuela, mientras la propuesta de permitir a Estados Unidos el uso de siete bases militares en Colombia generó una fuerte reacción regional.
La lógica antiterrorista también llegó al terreno jurídico. En 2003, el Gobierno impulsó el Estatuto Antiterrorista, que ampliaba las facultades estatales de inteligencia y seguridad. La Corte Constitucional lo declaró inexequible por vicios de procedimiento, reflejando las tensiones entre seguridad y derechos fundamentales.
Para Guillermo Ospina Morales, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, el impacto del 11-S en Colombia debe entenderse precisamente dentro de esa transformación del escenario internacional. El atentado no originó el conflicto ni el Plan Colombia, pero sí produjo un cambio en la manera en que Estados Unidos articuló la lucha contra las drogas con la guerra global contra el terrorismo.
“El 11-S no creó el conflicto armado ni dio origen al Plan Colombia, pero sí cambió la manera como Estados Unidos interpretó la violencia colombiana”, explica Ospina Morales.
El nuevo escenario internacional también tuvo consecuencias más allá de Colombia. La guerra global contra el terrorismo impulsada por la administración de George W. Bush llevó a las invasiones de Afganistán e Irak, y posteriormente contribuyó a una profunda transformación del orden geopolítico en Oriente Medio.
Ospina Morales advierte que las consecuencias de esa política todavía son visibles:
“Lo que hizo Bush a través de este enfoque fue darle una patada al tablero geopolítico en la primera década de este siglo”, señala el académico, quien considera que las intervenciones posteriores contribuyeron a generar desorden, desestabilización y conflictos que aún persisten.
En el caso colombiano, el cambio comenzó a modificarse con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia. El reconocimiento del conflicto armado y la decisión de negociar con las FARC marcaron una ruptura con la lógica predominante durante el gobierno de Uribe.
Santos impulsó además un marco jurídico para la paz, incluida la Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, que creó condiciones para avanzar posteriormente hacia la negociación con las FARC y el acuerdo de paz firmado en 2016.
Para los expertos, el 11-S no inventó la guerra colombiana ni creó el Plan Colombia. Su efecto decisivo fue cambiar el marco político, estratégico y militar desde el cual Estados Unidos entendió y apoyó el conflicto colombiano. La incorporación de las FARC y otros grupos armados a la lógica global de la lucha contra el terrorismo convirtió al conflicto colombiano en un eslabón de esa guerra internacional, profundizó la cooperación militar entre Bogotá y Washington y modificó, durante varios años, la política de seguridad y la política exterior del país.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Cómo cambió el 11-S el conflicto armado colombiano?
El 11-S modificó la forma en que Estados Unidos interpretaba la violencia en Colombia. Las FARC y otros grupos armados pasaron a ser vinculados con la lucha internacional contra el terrorismo y el narcotráfico.
¿Qué papel tuvo el Plan Colombia después del 11-S?
En 2002, Estados Unidos permitió ampliar el uso de los recursos del Plan Colombia para combatir a grupos armados, además de la lucha contra las drogas. Esto fortaleció la cooperación militar con Colombia.
¿Qué fue la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe?
Fue la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe, que profundizó el combate militar contra las FARC y fortaleció los vínculos políticos, militares y de seguridad con Estados Unidos.
¿Qué consecuencias tuvo la seguridad democrática en derechos humanos?
La política fue cuestionada por hechos como los falsos positivos y las chuzadas del DAS. La JEP estableció preliminarmente 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
¿Cómo cambió la política frente al conflicto armado con Juan Manuel Santos?
Santos reconoció nuevamente la existencia del conflicto armado y decidió negociar con las FARC. Su gobierno impulsó además la Ley 1448 de 2011 y posteriormente se firmó el acuerdo de paz de 2016.