En noviembre de 2024, el ahora expresidente Gustavo Petro nombró a dieciocho exjefes paramilitares como gestores de paz. Era la décima mesa de la ambiciosa y posteriormente fracasada política de Paz Total, con la que la administración de izquierda intentó negociar indiscriminadamente con grupos armados.
Además, era el primer diálogo con un grupo inexistente: las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyos miembros entregaron masivamente las armas bajo el gobierno de Álvaro Uribe y luego se repartieron entre cárceles, extradiciones a Estados Unidos y reintegro a la violencia a través de estructuras residuales o bandas criminales.
Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, fue uno de los gestores de paz designados. El expara regresó a Colombia en 2019 tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos, y desde entonces permanece preso. En 2023, con la benevolencia del entonces canciller Álvaro Leyva, pidió perdón a sus víctimas.
El Ministerio de Exteriores abrió varios espacios, a los que denominó Encuentros para la no repetición, para que excabecillas como ‘Macaco’ o Salvatore Mancuso —otro gestor de paz, pero a quien el Consejo de Estado le suspendió el nombramiento— confesaran crímenes de forma extrajudicial.
La tesis del exmandatario Petro es que el proceso de paz de Uribe con las AUC “no ha terminado”, según aseguró en sus redes sociales en julio de 2023, un mes antes de la designación de Mancuso. El Gobierno, en la resolución sobre el cordobés, habló de “una serie de reuniones” para conformar “mesas técnicas” con los exparamilitares.
Todo hizo parte de la narrativa de la Paz Total, que dejó menos resultados para las víctimas que mesas instaladas. Ahora, con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, la política pública se enfrenta a un desmonte al menos progresivo. El recién posesionado jefe de Estado ordenó trasladar a cientos de reclusos.
Uno de los trasladados es ‘Macaco’. Otro, Hernán Giraldo, cuya nominación fue criticada por la exprocuradora general Margarita Cabello. “De depredador sexual a gestor de paz, esta designación revictimiza, ofende y no contribuye en forma alguna a la consecución de una paz real y duradera”, afirmó la exjefa del Ministerio Público.
Giraldo, un temido criminal en la Sierra Nevada de Santa Marta —a quien en 2023 un tribunal expulsó de Justicia y Paz por actos de violencia sexual posteriores a su desmovilización—, estaba preso en la cárcel La Paz, de Itagüí, en Antioquia, pero el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo trasladó este fin de semana.
Una alerta de fuga en Itagüí activó controles sobre los capos que negociaban con el Gobierno
José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, estaba en el mismo penal. Cabecilla de la Terraza y la Oficina de Envigado, es uno de los señalados por su participación en una parranda clandestina en la cárcel antioqueña en abril. El Gobierno conversaba con él en el marco de la Paz Urbana, una filial de la Paz Total.
La mesa de Paz Urbana terminó suspendida por la fiesta ilegal, que contó con el cantante vallenato Nelson Velásquez y por la que la Procuraduría investiga al menos a trece funcionarios del Inpec. A finales de mayo, el diálogo arrancó de nuevo, porque los jefes criminales que dialogaban pidieron excusas.
No es una cárcel tranquila. Alejandro de Bedout, el presidente del Concejo de Medellín, a menos de media hora por carretera de Itagüí, denunció un supuesto plan de fuga masiva luego de una llamada telefónica en su despacho. La presunta idea estaba prevista para ejecutarse antes del 7 de agosto, el viernes de la posesión de De la Espriella.
“Ya tienen los hombres, tienen la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados para sacar a todos estos bandidos de allá. Todo está coordinado para sacar a los capos más peligrosos del Valle de Aburrá”, aseguró el concejal, que en todo caso no reveló ninguna prueba de su denuncia.
El cabildante solicitó medidas urgentes para verificar la alerta y reforzar la seguridad. El ministro de Justicia ahora posesionado, Iván Cancino, secundó el llamado, con una carta a la Fiscalía General de la Nación pidiendo que “se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión”.
La exministra encargada, Cielo Rusinque —quien llevaba aproximadamente una semana en el cargo tras la renuncia que Gustavo Petro le pidió a Jorge Iván Cuervo—, respondió. Le pidió al Instituto Penitenciario “la verificación inmediata de la información”, y la entidad dispuso varias medidas.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, ordenó que los grupos especiales (Grope) reforzaran los puestos de seguridad en el penal. La dirección regional Noroeste del Instituto dialoga con la Policía, para fortalecer la defensa perimetral del establecimiento, y con el Ejército, para establecer un anillo adicional de seguridad.
De acuerdo con un comunicado del Inpec, se mantendrá el “control permanente”, con 36 cámaras de monitoreo y vigilancia. La Paz solo tiene un sistema de videovigilancia remodelado desde el 30 de abril, tres semanas después de la fiesta vallenata que organizaron varios cabecillas que dialogaban con el Gobierno nacional.
La falta de cámaras expuso las fallas de seguridad de la cárcel de Itagüí
El Inpec le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en 2023 cambiar las cámaras. La Uspec adquirió compromisos contractuales que implicaban que solo al final de abril de 2026 quedarían instaladas. “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado”, expresó el exministro Cuervo entonces.
“Coincide esa fecha con el cronograma de contratación, pero no tiene ninguna relación”, zanjó. Lo poco que se sabe de la parranda ha sido expuesto por una cámara callejera de la Alcaldía de Itagüí y por videos de teléfonos. Las investigaciones, entonces, dependen de reportes de dragoneantes procesados por sus omisiones.
No había cámaras que desmintieran o corroboraran lo que los guardias y directivos del penal narren a las autoridades. Tampoco, videos claros que sirvan como material probatorio sobre la planificación del agasajo furtivo, los controles prescindidos al ingreso, la distribución del alcohol o del material técnico para el concierto. Nada.
El Inpec no quiso repetir las falencias con el supuesto plan de fuga. Guillermo Andrés González, el director regional noroeste de la entidad, viajó a la cárcel junto al coronel Gutiérrez “con el fin de supervisar y verificar los servicios y controles de seguridad”, anunció el Instituto, aunque no precisó la fecha de la visita.
Los uniformados del Grope ejecutaron, entre el 7 y el 8 de agosto, un cinematográfico operativo para trasladar a 117 reclusos en total. Además de ‘Douglas’, los guardias, con escoltas de la Policía, también movieron a Freyner Alonso Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, otro integrante del “diálogo sociojurídico” con el Ejecutivo.
El gobierno de De la Espriella calificó a los trasladados como “de alto perfil”, y explicó que su envío a prisiones en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne responde a la necesidad de “fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad” y “contener” a los grupos criminales.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, prometió el presidente, de acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa. Entre tanto, en el Consejo de Estado avanzan sendos procesos contra las nominaciones de los gestores de paz.
La Sección Primera suspendió la Resolución Ejecutiva 244 de 2023, que firmó el expresidente Petro subrayando el “compromiso” de Salvatore Mancuso —quien, a diferencia de otros exjefes paramilitares, está libre— con “contribuir a la agenda de paz total”, porque fue un acto administrativo abstracto.
La justicia también cuestiona los nombramientos de gestores de paz
Germán Osorio Cifuentes es el magistrado ponente. Emitió un auto de quince páginas que frenó la norma y remarcó sus irregularidades. “La designación de un gestor de paz (...) debe precisar los límites temporal, geográfico y funcional de la designación, para no lesionar los derechos de las víctimas”, se lee en el documento.
El propósito del Ejecutivo era que Mancuso contribuyera “con su conocimiento y experiencia” a “procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales". La justificación fue “general e insuficiente”, advirtió el Consejo. En 2025, con la Resolución 327, Petro convocó a dieciséis exparas gestores para una “Mesa Técnica de Diálogo Social”.
Mancuso contaba con la compañía de Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, preso por delinquir después de su desvinculación de las AUC, condenado en 2025 tras aceptar su participación en 141 crímenes de las Autodefensas, trasladado tras la posesión de Abelardo de la Espriella. Y de Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, expulsado de Justicia y Paz.
La defensora Marín demandó la Resolución 327, porque, así como la 244 de 2023, es ambigua: no explica “la necesidad” o “idoneidad” de crear un mecanismo que evalúe a Justicia y Paz “por fuera de las instancias judiciales y de los órganos competentes”.
El desarme masivo de las Autodefensas dejó un saldo de 35.317 firmantes, aunque posteriormente varios resultaron extraditados o volvieron al conflicto con bandas criminales o disidencias. Unos, 4,58 mil fueron postulados a Justicia y Paz.
No todas las estructuras paramilitares participaron en las negociaciones de entonces. Por ejemplo, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) tenían disputas internas con las AUC, así que no se acogieron a Ralito.
Aun así, el expresidente nombró a Héctor Buitrago Rodríguez, alias ‘El Viejo’, y Héctor Buitrago, alias 'Martín Llanos', de las ACC, lo que crea más confusión frente a las labores que deberían desempeñar para calificar un proceso del que no fueron parte.
Marín reparó “la exclusión total de las víctimas” en el diseño de la resolución. “Constituye por sí sola una violación que torna altamente probable la declaratoria de nulidad”, remarca la demanda, que pide suspender el acto administrativo mientras el Consejo de Estado llega a una decisión de fondo.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué significa el traslado de 117 presos ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
El Ejecutivo presentó los traslados como una medida para reforzar el control penitenciario y evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de operaciones criminales. Entre los reclusos trasladados están los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Hernán Giraldo.
¿Por qué ‘Macaco’ y otros exparamilitares estaban bajo la figura de gestores de paz?
Gustavo Petro designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz en noviembre de 2024, bajo la tesis de que el proceso de desmovilización de las AUC aún no había terminado. El Gobierno buscaba que participaran en una mesa técnica relacionada con la política de Paz Total.
¿Qué relación tuvo la cárcel La Paz con las medidas de seguridad del nuevo Gobierno?
La cárcel de Itagüí estaba bajo atención por una fiesta clandestina de cabecillas que participaban en diálogos con el Gobierno y por una posterior alerta sobre un supuesto plan de fuga. El Inpec reforzó la seguridad y trasladó a 117 reclusos, entre ellos varios integrantes de esos procesos de diálogo.
¿Por qué el Consejo de Estado ha cuestionado los nombramientos de gestores de paz?
El Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Salvatore Mancuso porque la resolución de Petro no delimitó claramente las funciones, el tiempo ni el ámbito territorial de su designación. Además, una demanda contra la posterior resolución que nombró a otros 16 exparamilitares cuestiona la exclusión de las víctimas y la creación de un mecanismo por fuera de las instancias judiciales.