Una nueva y profunda grieta se abrió entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. En las últimas horas, el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó duras críticas contra la administración del presidente Gustavo Petro, tras conocerse la adjudicación de 9.832 hectáreas para la explotación de oro a una multinacional de origen chino en el Occidente antioqueño.
La decisión, que abarca territorios clave en los municipios de Buriticá, Giraldo y Cañasgordas, ha sido calificada por el mandatario departamental como una muestra de incoherencia política. Según Rendón, existe una contradicción insalvable entre el discurso oficial de la Casa de Nariño que promueve la defensa del pequeño minero y la soberanía nacional y las acciones administrativas que terminan entregando el subsuelo a gigantes extractivos asiáticos.
Para el gobernador de los antioqueños, el principal impacto negativo recae sobre la población local que vive de la minería ancestral y artesanal. Al entregar estas áreas a una sola empresa extranjera, se elimina de tajo la disponibilidad de terrenos para los procesos de formalización minera, una deuda histórica en la región.
“Petro es feliz haciendo activismo de balcón, y acaba de entregar a los chinos 10 mil hectáreas para explotar oro en Buriticá, Giraldo y Cañasgordas. Deja sin posibilidad de formalización, que es lo que supuestamente él quisiera hacer, la actividad minera en esa zona”, denunció tajantemente Rendón.
El mandatario departamental puso en perspectiva la magnitud de la entrega con una comparación contundente: el área adjudicada a la multinacional china es diez veces superior a la que maneja Mineros S.A., una empresa colombiana con más de cien años de trayectoria en el sector. "¿Qué le hubiese pasado a cualquier otro gobierno que hubiese tomado esa decisión?", cuestionó de manera retórica ante los medios de comunicación.
La zona del Occidente antioqueño, especialmente Buriticá, ha sido un foco histórico de tensiones entre la minería a gran escala, la minería informal y el control de grupos armados ilegales. Con esta nueva adjudicación, se teme que el descontento social aumente, dado que los mineros tradicionales ven cómo se cierran las puertas para legalizar sus actividades mientras el Gobierno central facilita la entrada de capital extranjero.
Rendón no solo apuntó a la afectación económica y social, sino que también sembró dudas sobre el trasfondo político de la medida. El gobernador sugirió que el momento en que se produce esta adjudicación no es casual y que podría estar vinculado a intereses del calendario electoral, lo que añade un componente de suspicacia a la gestión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energía.
Este episodio es un capítulo más en la tensa relación entre Medellín y Bogotá. Mientras el Gobierno Nacional insiste en una "transición energética" y un modelo de "minería para la vida", las autoridades regionales reclaman autonomía y coherencia. Para la Gobernación de Antioquia, la entrega de estas hectáreas representa un retroceso en la autonomía del territorio y un golpe directo a la economía de las familias que esperaban una oportunidad de legalidad bajo el amparo estatal.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Minas ni el presidente Petro se han pronunciado directamente sobre los señalamientos de Rendón, pero el debate queda encendido en un departamento donde el oro sigue siendo, al mismo tiempo, la mayor riqueza y el mayor conflicto de su tierra