El senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, enfrenta un nuevo proceso ante el Consejo de Estado. El alto tribunal admitió para su estudio una demanda que busca que pierda su investidura, por presunto tráfico de influencias y por supuestas intervenciones en nombramientos y decisiones de diferentes entidades del Estado.
Según la información oficial, la acción judicial está relacionada con las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer, quien en una entrevista en medios de comunicación, señaló a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, de presuntamente tener injerencia en decisiones administrativas y movimientos de funcionarios en organismos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro.
La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo, VER-Control, quien considera que las actuaciones atribuidas al congresista podrían configurar la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral quinto del artículo 183 de la Constitución, que establece motivos para la pérdida de investidura de los congresistas.
Los señalamientos de Eva Ferrer
Uno de los principales elementos que sustentan la demanda son las declaraciones de Eva Ferrer sobre supuestas intervenciones en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de la Presidencia y ProColombia.
En su entrevista, Ferrer habló de presuntas gestiones para provocar cambios en las directivas de esas instituciones y mencionó específicamente la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF, movimientos administrativos en el DAPRE y supuestas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.
De acuerdo con los señalamientos, la exasesora mencionó directamente a Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer como personas que, según su versión, habrían tenido influencia en esas decisiones.
Pero las afirmaciones no se limitaron a esas tres entidades. También se hizo referencia a posibles intervenciones en organismos como Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación, el Icetex y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Todos estos señalamientos fueron incorporados por el demandante como elementos para solicitar que se examine si el congresista habría utilizado su posición política para intervenir en decisiones administrativas y nombramientos dentro del Estado.
¿Qué está pidiendo el demandante?
En la acción presentada ante el Consejo de Estado, Juan Carlos Calderón España solicita que Eva Ferrer sea citada a declarar ante el alto tribunal para que ratifique y amplíe las afirmaciones que hizo en la entrevista periodística.
También pide que esa entrevista sea incorporada como material probatorio, que se reciban testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas y que se solicite información oficial a diferentes organismos del Estado para contrastar los señalamientos.
Entre las pruebas solicitadas están documentos y testimonios que permitan establecer si efectivamente existieron intervenciones en nombramientos, cambios administrativos o decisiones de las instituciones señaladas.
El demandante también solicitó la suspensión provisional del congresista mientras avanza la actuación judicial y que, al finalizar el proceso, se decrete la pérdida de su investidura si se demuestra que incurrió en la causal constitucional invocada.
¿Qué significa que el Consejo de Estado haya admitido la demanda?
Este es un punto fundamental, la admisión significa que el alto tribunal encontró procedente darle trámite a la acción judicial y comenzar a estudiar los argumentos presentados por el demandante.
Pero esto no significa que Agmeth Escaf haya perdido su investidura, que haya sido declarado responsable de tráfico de influencias o que los señalamientos de Eva Ferrer estén demostrados.
Ahora deberá surtirse el procedimiento judicial, examinarse las pruebas, escucharse a las partes y garantizarse el derecho de defensa del congresista.
El Consejo de Estado tendrá que establecer si las actuaciones que se le atribuyen a Escaf, cuando ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico, efectivamente encajan en la causal de tráfico de influencias y si existe fundamento jurídico para decretar la pérdida de investidura.
La controversia también tiene antecedentes
Hay que recordar que, después de las declaraciones de Eva Ferrer, Agmeth Escaf rechazó los señalamientos y anunció acciones judiciales por injuria y calumnia contra la exasesora.
El congresista sostuvo que se le estaban atribuyendo delitos graves sin pruebas que los sustentaran y manifestó que acudiría a la justicia para controvertir esas afirmaciones.
Por ahora, el nuevo proceso queda en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si existen elementos para establecer una eventual responsabilidad del congresista y si se configura la causal de pérdida de investidura.
En ese sentido, se puede destacar que los señalamientos de Eva Ferrer sobre supuestas injerencias en nombramientos y decisiones de entidades públicas pasan a ser materia de examen judicial en una demanda que podría tener consecuencias sobre la condición de congresista de Agmeth Escaf.