En una operación liderada por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Gaula Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación entre otras autoridades, fue desarticulada la banda denominada “Los Stone”, señalada de cometer secuestros y extorsiones mediante la suplantación de estructuras guerrilleras.
La ofensiva se ejecutó en las últimas horas, mediante siete diligencias simultáneas de registro y allanamiento en Viotá, Sibaté y Bogotá. Como resultado, fueron capturados seis presuntos integrantes de la organización, por orden judicial.
Los detenidos enfrentarán cargos por secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego.
Durante los operativos, las autoridades incautaron seis teléfonos celulares que eran usados para realizar llamadas extorsivas, además de un vehículo.
Según la investigación, esa estructura intimidaba a sus víctimas y les hacía creer que estaban en poder de grupos armados organizados, lo que aumentaba el impacto psicológico y facilitaba el pago de altas sumas de dinero.
Secuestro de un sacerdote
Uno de los casos más relevantes atribuidos a “Los Stone” fue el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero, ocurrido el 17 de junio de 2025 en la vereda Atala, zona rural del municipio de Viotá.
Durante 40 días, la víctima permaneció en cautiverio mientras sus captores exigían $10.000 millones a cambio de su liberación.
Para presionar a la familia, enviaban videos donde el religioso aparecía rodeado de hombres armados con fusiles y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, las autoridades determinaron que los responsables no pertenecían a ninguna guerrilla. Se trataba de delincuentes que simulaban integrar los frentes “Carlos Patiño” e “Isaías Pardo”, utilizando prendas militares y escenarios ficticios para reforzar la amenaza.
Las investigaciones que se extendieron por nueve meses, permitieron identificar la estructura interna de la banda, incluyendo su cabecilla y roles operativos.
“Los Stone” tenían injerencia en municipios como Viotá, Silvania, Fusagasugá, Sibaté y Guachetá (Cundinamarca), donde mantenían una red de extorsión dirigida a comerciantes y finqueros.
De acuerdo con las autoridades, la organización generaba rentas criminales cercanas a 150 millones de pesos mensuales, producto de sus actividades ilícitas.
Con esta operación, las instituciones reiteraron su capacidad para enfrentar estructuras que utilizan el nombre de grupos armados para delinquir.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 165 del GAULA, bajo la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.