Cuando Luis Beltrán habla de su sobrina, su voz se quiebra. No es el tono de alguien que busca señalar culpables, sino el de un hombre que intenta atar cabos sueltos sobre la vida de una adolescente que, a los 16 años, pasó por un hogar sustituto, un hospital militar y finalmente una morgue a cientos de kilómetros de su casa en Tibú.
“Nosotros nunca recibimos información del ICBF de qué pasó con ella”, dice. La joven de 16 años había quedado bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en noviembre del 2024, después de resultar herida en un enfrentamiento armado en el Catatumbo.
Según su familia, el Ejército la recuperó en medio de esa confrontación y recibió la atención médica necesaria. Luego, fue remitida a un hogar sustituto en Cúcuta. Y ahí se perdió la historia.
Luis asegura que jamás hubo una llamada oficial, un informe o una cita para hablar del proceso de protección de la menor. “Ella estaba en un hogar sustituto en Cúcuta, pero nunca supimos si los grupos armados la obligaron a volver o si regresó por voluntad propia. No lo sabemos. Nadie nos explicó nada”, insiste.
Solo una vez la joven logró comunicarse con su madre. Fue una llamada breve, suficiente para decir que estaba bien, pero sin detalles de su situación. Después vino el silencio.
La familia se enteró de su muerte por un amigo, el domingo 16 de noviembre. “La niña murió en el bombardeo del Guaviare”, les dijeron. Habían pasado meses desde que la vieron por última vez, semanas sin saber de ella y días sin que una autoridad les explicara qué había ocurrido.
Cinco días en la morgue
El cuerpo de la joven de 16 años permaneció durante cinco días en una morgue del Meta. Su familia no tenía cómo desplazarse para reclamarlo. Fue la Cruz Roja Internacional la que intervino para ayudar en el traslado hacia Cúcuta, que está previsto para la tarde de este jueves 20 de noviembre.
Monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú, confirmó a La FM que ha acompañado a la familia desde el primer momento. “Hemos estado atentos para ayudar, pero en las últimas horas se conoció que el Gobierno Nacional se comprometió con los gastos del traslado, así que el cuerpo llegará al aeropuerto Camilo Daza y luego será llevado a Tibú para una eucaristía y su sepultura”, señaló.
Aun así, la familia insiste en que no ha recibido apoyo oficial. “Hasta ahora, nadie del Gobierno nos ha llamado. Solamente la Cruz Roja y la Iglesia han estado pendientes”, afirma Luis.
“En esta zona no se puede hablar mucho”
El tío no solo reclama información: también describe un entorno donde el miedo se volvió parte de lo cotidiano.
“En esta zona no se puede hablar mucho por la presencia de los grupos armados”, explica, antes de hacer una reflexión que mezcla dolor, frustración y advertencia. “Quiero llamar a los padres a cuidar a sus hijos, pero también al Gobierno, porque aquí no hay escuelas, no hay oportunidades. Eso es lo que lleva a los menores a las filas de esos grupos”.
Y agrega algo que incomoda, pero que él considera necesario decir: “A veces nos cae encima el peso de la ley por corregir a nuestros hijos, y uno lo que quiere es evitar que tomen la peor decisión de sus vidas”.
Un reclutamiento que no se detiene
En Tibú y en otros municipios del Catatumbo, la comunidad habla abiertamente de un aumento en el reclutamiento. No son rumores: son experiencias repetidas, vistas en redes sociales y escuchadas en las calles.
Vecinos aseguran que menores reciben mensajes a través de TikTok y Facebook. Los contactos no son impersonales: son conversaciones directas en las que integrantes de grupos armados ofrecen motocicletas o pagos superiores al millón de pesos para unirse a sus filas.
La muerte de la joven de 16 años de edad vuelve a poner sobre la mesa un drama que se repite, pero que pocas veces se narra desde la voz de quienes quedaron atrás.
Su familia, todavía incrédula, espera ahora poder enterrarla y que alguien al menos alguien del Estado les explique por qué una adolescente que estaba bajo protección terminó otra vez en medio de la guerra.