La tutela que pretendía frenar totalmente las operaciones aéreas contra grupos armados en zonas con menores reclutados no salió adelante del todo. La juez 34 de Familia de Bogotá, Marggy Viviana Arciniegas, que preliminarmente suspendió los bombardeos el 2 de septiembre, se pronunció de fondo sobre la demanda y levantó la medida cautelar, pero no incondicionalmente.
El fallo definitivo contiene trece órdenes. Dos de ellas van dirigidas a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea, que deberán adoptar "un estándar reforzado de precaución" cuando las en las operaciones "exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes".
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