La decisión de un juzgado de familia de ordenar al Gobierno Nacional suspender las operaciones aéreas ofensivas cuando no exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad volvió a poner sobre la mesa el debate por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
El fallo se conoce en medio de la controversia por las operaciones militares realizadas contra estructuras ilegales y después de varios casos en los que menores de edad han muerto durante acciones de la Fuerza Pública. Uno de los hechos más recientes ocurrió en el Guaviare, donde Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores tras una operación militar.
El abogado Jimmy Borda Parra, quien presentó la tutela que dio origen a la decisión judicial, explicó en entrevista con La FM que su intención es garantizar la protección de los menores que terminan en las filas de organizaciones armadas ilegales.
"Los niños son niños"
Borda sostuvo que los menores reclutados por grupos armados deben ser tratados como víctimas y que el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos fundamentales.
"Los niños son niños y deben estar en el desarrollo integral, y no defendiendo y apoyando a los grupos al margen de la ley", afirmó.
Según el abogado, Colombia cuenta con herramientas jurídicas suficientes para establecer la responsabilidad de los menores cuando corresponda, pero esto no significa que se pueda desconocer su condición de víctimas cuando han sido reclutados y llevados a la guerra.
"Son niños que fueron reclutados y que fueron formados para la guerra. Ellos no pidieron ir a la guerra, son víctimas y ahorita se les está revictimizando", señaló.
Borda agregó que el Ejecutivo debería concentrarse en recuperar a estos menores y facilitar su regreso a la vida civil mediante procesos de resocialización.
El riesgo de que los grupos armados utilicen a menores
Durante la entrevista, se cuestionó al abogado sobre uno de los principales efectos que podría tener el fallo: que los grupos armados utilicen a los menores como una estrategia para dificultar las operaciones militares.
La pregunta surgió a partir de la posibilidad de que estructuras como las comandadas por alias Calarcá o Iván Mordisco recluten más niños y adolescentes para evitar acciones de la Fuerza Pública.
Borda rechazó que esa interpretación sea correcta y aseguró que los grupos ilegales no cumplen las leyes colombianas: "Constituye un grave error, muy respetuosamente se lo digo, interpretar de esa manera", respondió.
Sin embargo, ante el efecto contrario al buscado que puede generar esta decisión, puesto que los menores podrían convertirse en un mecanismo de protección para las organizaciones armadas, el abogado sostuvo que las Fuerzas Militares sí pueden continuar con las operaciones ofensivas, pero deben activar los protocolos correspondientes cuando exista información razonable sobre la presencia de menores.
Reclutamiento: el otro punto del debate
Durante la conversación también se puso sobre la mesa el reclutamiento forzado como crimen de guerra y como una de las principales responsabilidades de los grupos armados.
Borda reconoció la gravedad de esta práctica, pero insistió en que la responsabilidad del Estado es proteger a los menores incluso cuando estos hayan sido utilizados por las organizaciones ilegales.
A su juicio, las Fuerzas Militares cuentan actualmente con herramientas tecnológicas suficientes para realizar operaciones más selectivas y reducir los riesgos para la población civil.
Como ejemplo mencionó la operación contra alias 'Mono Jojoy', en la que, según dijo, no murieron menores de edad.
"Hoy en día tenemos tecnología amplia y suficiente de la cooperación internacional para poder realizar operaciones de manera selectiva, sin poner en riesgo a la población civil y a los niños", afirmó.
¿Qué pasó durante el gobierno anterior?
Otro de los cuestionamientos al abogado estuvo relacionado con las muertes de menores durante el gobierno de Gustavo Petro y fue indagado sobre si había presentado una acción judicial similar durante ese periodo, teniendo en cuenta que, según las cifras mencionadas durante la entrevista, varios menores murieron en operaciones militares.
Borda aseguró que sí tuvo en cuenta esos antecedentes, pero explicó que ya existía una tutela presentada por un personero y que decidió respetar el trámite de ese proceso.
El abogado sostuvo que, cuando ya existe una decisión judicial sobre los mismos hechos y derechos, no es posible presentar una nueva tutela por la misma situación y que las acciones posteriores deben acumularse al proceso correspondiente.
Borda negó vínculos contractuales con Petro
Al final de la entrevista, los periodistas de La FM le preguntaron por su relación con Gustavo Petro y mencionaron que habría tenido un contrato en la Alcaldía de Bogotá durante la administración del hoy expresidente.
Borda negó tajantemente esa afirmación y aseguró que nunca tuvo contratos ni en la Alcaldía ni en la Presidencia de Gustavo Petro.
"No he tenido ningún contrato ni en la Alcaldía de Gustavo Petro ni en la Presidencia de Gustavo Petro. Es más, no soy cercano al presidente, al expresidente Gustavo Petro. Entre él y yo tenemos grandes diferencias", afirmó.
Explicó que su cercanía política estuvo relacionada con el apoyo que brindó a la campaña de Antanas Mockus en 1994 y señaló que esa fue su principal relación con ese sector político.
La discusión queda ahora centrada en cómo enfrentar militarmente a los grupos armados sin poner en riesgo a los menores que permanecen en sus filas, mientras continúa el debate sobre la responsabilidad de las organizaciones ilegales en el reclutamiento y la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes.
** Esta entrevista fue transcrita con ayuda de una aplicación de inteligencia artificial y curada por un periodista de La FM.