La apuesta del gobierno de Gustavo Petro de dialogar con los criminales del Valle de Aburrá está a punto de completar medio mes de disputas políticas, fracasos y frenos. La contraparte del Ejecutivo, concentrada en un grupo de ‘Voceros del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana’, intenta seguir una ruta distinta.
El 27 de marzo la Fiscalía, por pedido de la Consejería Comisionada de Paz, suspendió las órdenes de captura de una veintena de voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Un puñado de ellos ya estaba en prisión, así que el ente acusador reversó parte de su decisión.
Uno de los penales clave en la ruta que el Gobierno ha llamado ‘Paz Urbana’ —filial de la política de ‘Paz Total’, con la que delegados de Petro dialogan con todo tipo de estructuras criminales— es la cárcel La Paz, un centro penitenciario calificado como de máxima seguridad que alberga a más de novecientos reclusos.
La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del partido opositor Centro Democrático, reveló el 8 de abril varios videos de una parranda clandestina con el cantante vallenato Nelson Velásquez. El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazó el concierto, negó haberlo autorizado, sacó al director de la cárcel y abrió una investigación.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión del diálogo con los cabecillas. La delegación del Gobierno, que lidera la senadora oficialista Isabel Zuleta —enfrentada a un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado—, explicó que la pausa va hasta “tener claridad” de qué voceros habrían participado en la fiesta.
Ahora los jefes criminales tratan de destrabar el proceso. “Somos plenamente conscientes de la responsabilidad política que implica ejercer la vocería de paz”, señalaron en un comunicado este sábado, 11 de abril. La misiva ofrece “excusas públicas”. “Asumimos la responsabilidad política que nos corresponde”, insiste.
Los voceros piden retomar negociaciones en medio de hallazgos y cuestionamientos
Los cabecillas aprovecharon el boletín para solicitarle al presidente Gustavo Petro “levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana”, en tanto “entendemos y lamentamos el grave daño” que la fiesta “genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional nos ha depositado”.
El Inpec inspeccionó la cárcel de Itagüí luego de las denuncias de la parranda clandestina. El 10 de abril el Grupo de Operaciones Especiales (Grope) adelantó un operativo sorpresa en el que incautó tres celulares, un computador portátil, una tablet, un módem wifi y una consola PlayStation 5 con seis controles.
Los reclusos tenían a la cárcel como un hotel. El Inpec narró el hallazgo de 62 neveras, siete televisores, once estufas eléctricas, veintisiete freidoras, veintiséis ollas eléctricas, una lavadora, cinco licuadoras, dos sanducheras, dos aires acondicionados, once ventiladores, cuatro sofás y cuatro bafles.
“No es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria”, aseguraron por su parte los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá. “Lo sucedido no puede reducirse a interpretaciones simplistas ni a responsabilidades individuales”, añadieron.
La iniciativa de ‘Paz Urbana’ agrupó en junio de 2025 en una tarima, en el Centro Administrativo La Alpujarra, al presidente Petro, la senadora Zuleta y nueve jefes criminales recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí. El Gobierno presentó el evento como un triunfo, lo que ha desatado litigios e investigaciones judiciales.
El abogado administrativista William Quintero Villarreal demandó en julio del año pasado la pérdida de investidura de la congresista Zuleta, del Pacto Histórico. El Consejo de Estado ha recopilado evidencia desde entonces, y en noviembre notificó la orden de buscar más, en el Inpec, la Presidencia y el Senado.
La senadora envió un oficio en el que solicitó el traslado de los nueve cabecillas. El Inpec lo autorizó con una resolución el 19 de junio. El documento afirma que la carta de Zuleta no tenía número ni fecha, y el magistrado Germán Osorio, ponente del caso en el máximo tribunal contencioso administrativo, aspira a conocerla.
El ‘tarimazo’ y sus secuelas judiciales complican la estrategia del Gobierno
"Oficiar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para efectos de que se remita copia del oficio remitido por la senadora de la república, señora Isabel Cristina Zuleta López, a esa institución y a la cual hace mención la resolución", ordenó el Consejo.
El llamado 'tarimazo', que antecede la cadena de controversias de la ‘Paz Urbana’, ha tenido varias consecuencias. El 12 de noviembre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, por el evento.
La Comisión compulsó copias en agosto para que la Corte Suprema de Justicia también investigue a Isabel Zuleta. El Inpec, que permitió la remisión de los presos, tendrá que responder en todas las instancias por la decisión de dejarlos salir.
En La Alpujarra estuvieron Juan Álvarez, alias 'Juan 23'; Alber Henao, 'Albert'; Carlos Mesa, 'Carlos Chata'; Freyner Ramírez, 'Carlos Pesebre'; Juan Camilo Rendón, 'Saya'; Jorge Vallejo, 'Calambre'; Walter Román, 'El Tigre'; Dayron Muñoz, 'El Indio', y Jose Muñoz, 'Douglas'.
Todos han sido sentenciados por concierto para delinquir, menos 'Douglas', quien en todo caso recibió en 2009 una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Entre todos los asistentes, suman unos 155 años de cárcel por decenas de crímenes.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia abrió el 9 de abril una indagación previa contra funcionarios “por determinar” para esclarecer las irregularidades que permitieron el ingreso de Nelson Velásquez a la prisión itagüiseña. El Ministerio Público busca individualizar a quienes organizaron la parranda.