¿Debe el Ejército salir a las calles de Bogotá para enfrentar la inseguridad? Esa fue la pregunta central del cabildo abierto que se realizó este sábado en la capital del país, convocado por el Concejo de Bogotá después de que la Registraduría validara más de 37.000 firmas ciudadanas.
Un debate que puso sobre la mesa las preocupaciones por los homicidios, las extorsiones y los robos, pero también las dudas jurídicas y operativas sobre una eventual presencia militar en las calles.
2.000 efectivos del Ejército para apoyar las labores de seguridad
El encuentro comenzó a las diez de la mañana en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, bajo la convocatoria del Concejo de Bogotá, mediante la Resolución 1003 de 2026.
La discusión se concentró en la propuesta de desplegar alrededor de 2.000 efectivos del Ejército para apoyar las labores de seguridad en la ciudad.
Sus promotores consideran que Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza policial y que se necesitan más capacidades para enfrentar las estructuras criminales que están afectando a los ciudadanos.
Sin embargo, durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre la denominación de la propuesta y sus alcances legales. Una de las voces críticas fue la de la concejal del Pacto Histórico Donka Atanassova, quien aseguró que la militarización no es una figura contemplada en la legislación colombiana y que lo que existe es la asistencia militar.
Asistencia militar, no militarización
De acuerdo con la cabildante, este mecanismo permite la colaboración entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la administración distrital. Recordó que ya se ha utilizado en Bogotá.
También cuestionó que se presente la propuesta como una solución extraordinaria frente a la inseguridad.
En su apreciación, Atanassova reconoció la preocupación de los ciudadanos por los problemas de seguridad, pero lanzó críticas a la administración distrital por los resultados de su estrategia Bogotá Camina Segura. En ese sentido, advirtió que no se puede reemplazar una promesa que, a su juicio, no ha dado resultados por otra propuesta que genere falsas expectativas.
En contraste, el concejal del Centro Democrático Óscar Ramírez Vahos defendió la necesidad de utilizar las herramientas disponibles para reforzar la seguridad en la capital.
Aseguró que viene solicitando este tipo de medidas desde enero de 2024 y que la asistencia militar permitiría desplegar policías militares en patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana.
Según el concejal, la falta de uniformados es uno de los problemas que enfrenta Bogotá y se necesita aprovechar las capacidades del Ejército para fortalecer la presencia institucional en los sectores más afectados por la delincuencia.
Las limitaciones del Ejército
Pero más allá de las posiciones políticas, el debate también estuvo marcado por las advertencias técnicas y jurídicas sobre lo que realmente podrían hacer los militares en las calles.
Uno de los principales cuestionamientos es que el Ejército no tiene las mismas competencias de la Policía para enfrentar delitos comunes.
Sus integrantes no ejercen funciones de policía judicial, por lo que no pueden asumir directamente labores como la recolección de pruebas para procesos penales o las investigaciones contra bandas delincuenciales.
Esto también plantea interrogantes sobre su capacidad para intervenir en fenómenos como el microtráfico y las estructuras dedicadas a la extorsión.
Sumado a eso, se advirtió que una militarización formal implicaría condiciones excepcionales, como que la Policía ceda el control del orden público, un escenario que no corresponde a la situación que actualmente plantea la Alcaldía de Bogotá.
Por esa razón, entre las alternativas discutidas aparece el fortalecimiento de los patrullajes conjuntos entre militares y policías, especialmente en sectores identificados como críticos por sus problemas de inseguridad, entre ellos Kennedy, Usme y San Cristóbal.
La inseguridad, en el centro de la discusión
El cabildo se realizó en medio de las preocupaciones por el comportamiento de los delitos en la capital y de las acciones que adelantan las autoridades para recuperar el control de diferentes zonas.
Entre esas medidas se encuentra la Operación Kratos, que deja un balance de 172 capturas, así como los traslados de cabecillas criminales a establecimientos penitenciarios de otros departamentos, con el propósito de debilitar las estructuras que continúan coordinando extorsiones desde las cárceles.
El debate dejó en evidencia que existe una preocupación compartida por la inseguridad, pero no un consenso sobre la manera de enfrentarla.
Mientras unos sectores consideran que el Ejército puede ayudar a compensar el déficit de policías y reforzar la presencia institucional, otros advierten que la asistencia militar ya existe y que no debe presentarse como una militarización de la ciudad.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué se convocó el cabildo abierto en Bogotá?
Para debatir la posibilidad de implementar una presencia militar temporal en la capital frente a los problemas de inseguridad. La convocatoria se realizó después de la validación de más de 37.000 firmas por parte de la Registraduría.
¿Cuántos militares se propone desplegar en Bogotá?
La propuesta contempla alrededor de 2.000 efectivos del Ejército para apoyar las labores de seguridad y enfrentar estructuras criminales.
¿Qué cuestionamientos existen frente a la militarización?
Las objeciones se concentran en que la militarización no es una figura jurídica como tal, que el Ejército tiene competencias diferentes a las de la Policía y que no puede asumir funciones de policía judicial para investigar delitos comunes.
¿Qué alternativa se plantea para reforzar la seguridad?
Los patrullajes conjuntos entre militares y policías en zonas críticas de Bogotá, como Kennedy, Usme y San Cristóbal, mediante la figura de asistencia militar.