Estalla ecándalo de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Narino, el hecho ya deja cuatro personas judicializadas por presuntamente direccionar ocho contratos por casi 10 mil millones de pesos. Entre los capturados hay una funcionaria y un exsecretario de Gobierno.
Los hechos señalan que se habrían suscrito ocho contratos por un valor de $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30 % del valor contratado, de los cuales 1.552 millones de pesos fueron devueltos por dos de los procesados.
Entre los procesados se encuentra la subdirectora de la entidad, Olga Alicia Vásquez Martínez, quien fue la única en aceptar los cargos y ahora, irá a la cárcel judicial de Pasto mientras otros tres implicados irán a medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
La Fiscalía dejó al descubierta una compleja red de corrupción
En un proceso que ya ha generado conmoción en la región yaún sigue en desarrollo, podría salpicar a más personas de esta denominada red delincuencial dedicada a direccionar la contratación institucional al interior de Comfamiliar de Nariño.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, durante siete meses, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, esta red conformada por directivos, funcionarios y particulares logró apoderarse del proceso de contratación de la caja de compensación.
El mecanismo, según la investigación, era relativamente simple de entender aunque difícil de detectar desde afuera de la entidad, pues lo que debía ser un proceso de litaciones públicas, donde varias empresas compiten para quedarse con un contrato de forma justa, pasó a convertirse en un presunto direccionamiento de multimillonarios contratos.
Según explica la Fiscalía, en Comfamiliar se recibían varias ofertas y se simulaba una aparente competencia, sin embargo, el resultado supuestamente ya estaba decidido de antemano, de tal manera que las adjudicaciones de los contratos siempre terminaran en manos de empresas preseleccionadas por la red, que a cambio exigían comisiones sobre los anticipos que la caja les entregaba y luego presentaban cuentas infladas.
Reconocidos políticos y funcionarios terminaron implicados en el escándalo
Para que ese direccionamiento funcionara, cada integrante cumplía un papel distinto. Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios de la entidad, habría sido quien movía los hilos desde adentro, siendo la encargada de orientar la contratación hacia los proveedores ya acordados.
por su parte, Diana Marcela Salazar Quelal y Rosa Milena Lagos Medicis, por su parte, serían las responsables de filtrar la información privilegiada a las empresas ganadoras, adelantando datos sobre qué documentos específicos debían presentar para que sus propuestas encajaran perfectamente con lo que la caja de compensación exigía, significando finalmente en una ventaja que ningún competidor real tenía.
Finalmente, Edgar Alonso Insandará, quien en la administración del exgobernador y ahora exembajador, Camilo Romero entre 2016 y 2019 fungió como secretario de gobierno e incluso gobernador encargado de Nariño; ahora aparece como el beneficiario final de ese direccionamiento.
La Fiscalía explica que el reconocido político, usaba el nombre de la empresa que representaba, para resultar favorecido en más de una ocasión, en ocho contratos comprometiendo 9.804 millones de pesos según el órgano investigador.
La red criminal llegó a redireccionar ocho contratos por casi 10 mil millones de pesos
La investigación señala que de los 9.804 millones de pesos comprometidos en los ocho contratos, Comfamiliar ya había desembolsado 2.942 millones de pesos en anticipos, un valor equivalente al 30% del costo total de los contratos.
La Fiscalía llegó a esas cifras después de cruzar auditorías forenses, revisiones contables e interceptaciones telefónicas, un trabajo que permitió reconstruir cómo se movía el dinero y quién daba las órdenes.
Hasta ahora y como resultado de esas mismas gestiones, dos de los hoy procesados ya devolvieron cerca de 1.552 millones de pesos, aunque es importante decir que solo la subdirectora de la Caja aceptó los cargos, mientras los otros tres implicados negaron su responsabilidad.
Además, la Fiscalía advirtió que este golpe corresponde apenas a una primera fase de la investigación, lo que deja abierta la puerta a nuevas capturas o hallazgos en el caso.
¿Qué pasó en la Caja de Compensación Familiar de Nariño?
Una red integrada por directivos, funcionarios y particulares direccionó durante siete meses el proceso de contratación de la Caja de Compensación Familiar en Nariño. La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas por manipular ocho contratos que suman cerca de 9.804 millones de pesos, mediante licitaciones simuladas y sobrecostos.
¿Cómo lograban direccionar los contratos?
Comfamiliar abría licitaciones públicas que en apariencia eran competitivas, pero cuyo resultado ya estaba decidido de antemano. Las empresas preseleccionadas por la red recibían información privilegiada sobre los documentos exigidos, ganaban los contratos sin competencia real, cobraban comisiones sobre los anticipos y luego presentaban cuentas con sobrecostos para inflar el valor final de lo contratado.
¿Quiénes fueron capturados por el escándalo de Comfamiliar y qué papel cumplía cada uno?
Los judicializados son Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios de la Caja de Compensación y presunta cabeza del direccionamiento interno; Diana Marcela Salazar Quelal y Rosa Milena Lagos Medicis, señaladas de filtrar información a las empresas favorecidas; y Edgar Alonso Insandará, quien habría sido el beneficiario final a través de la empresa que representaba
¿Qué consecuencias legales enfrentan los procesados?
Los cuatro fueron imputados por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Vásquez Martínez aceptó los cargos y fue enviada a centro carcelario; los otros tres no aceptaron responsabilidad y cumplirán medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras la Fiscalía anuncia que esta es apenas la primera fase de la investigación.