Un nuevo pulso jurídico se libra en Barranquilla por el emblemático inmueble que perteneció a la familia Nasser Arana y que, durante décadas, funcionó como el centro de entretenimiento Tito’s Bolos. La edificación, cerrada a mediados de los años 90 tras un proceso de extinción de dominio, será subastada los próximos 27 y 28 de abril.
El proceso es liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y administrado por Activos por Colombia, en medio de la férrea oposición de una iglesia cristiana que actualmente ocupa el lugar.
Un inmueble marcado por líos jurídicos
El predio atraviesa un proceso de recuperación jurídica debido a contratos de arrendamiento en mora desde 2020. Entre los ocupantes figura una iglesia cristiana evangélica que, según el director de Activos por Colombia, no ha cancelado el canon de arrendamiento desde el inicio de la pandemia.
Abraham Catime, gerente de Activos por Colombia, explicó que la subasta es la única vía para liquidar la sociedad propietaria (Promocon), dado que no se ha logrado vender su activo principal por otros medios. "La sociedad no puede liquidarse completamente mientras este bien no se comercialice. Por ello, la SAE autorizó su venta mediante el mecanismo de subasta pública", precisó.
Ocupación irregular y el futuro de los arrendatarios
Actualmente, el inmueble presenta una ocupación irregular. Según Catime, aunque existe un contrato de hace casi tres décadas, el incumplimiento de cinco años en los pagos viola el marco de administración de bienes de la SAE. "Cuando se entra en mora por varios meses, la SAE tiene la facultad de restituir el inmueble", advirtió el funcionario.
No obstante, aclaró que el destino de los ocupantes quedará en manos del eventual comprador: "Si quien adquiere el bien decide mantener el arrendamiento mediante un nuevo contrato, podrá hacerlo entre la adjudicación y la firma de la escritura pública".
Rechazo de la comunidad religiosa y anuncios de protestas
Integrantes y veedores de la Iglesia Vida Abundante manifestaron su rechazo y anunciaron movilizaciones para impedir la venta. Los voceros defienden su permanencia argumentando que han prestado un servicio social en el sector durante casi 30 años.
"Como protestantes vamos a protestar. Esto no es un simple tema comercial; llevamos tres décadas aquí y no nos pueden sacar así como así", señaló uno de los líderes de la congregación, cuestionando la gestión administrativa del predio.
¿Qué opciones tiene la iglesia?
Frente a la incertidumbre de la comunidad religiosa, Catime indicó que podrían explorar alternativas legales bajo el Decreto 888 del Gobierno Nacional, aunque se mostró escéptico: "Podrían revisar si alguna entidad pública tiene un programa que aplique, pero no veo que encaje directamente en este caso; tal vez podrían aplicar para otro tipo de inmueble".
En total, son cuatro los locales que presentan deudas vigentes desde 2020. Uno de estos espacios ya fue recuperado en marzo de 2024. La subasta de finales de abril será determinante para definir el futuro de esta emblemática edificación, mientras la tensión entre las autoridades y los ocupantes continúa en ascenso.