En el programa 'Aquí y Ahora' de La FM, un panel de juristas explicó por qué personas capturadas en flagrancia por fleteo quedaron en libertad, tras una decisión judicial que siguió los parámetros legales, según lo expuesto por autoridades y expertos durante la entrevista.
La discusión partió de un caso reciente en Bogotá en el que cuatro personas, señaladas de fleteo, fueron capturadas, imputadas y posteriormente dejadas en libertad, lo que generó reacciones ciudadanas. El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que “la ley no es suficiente” para retirar de las calles a personas vinculadas a hechos violentos, aclarando que no cuestiona al juez y señalando que las decisiones se toman “en el marco de lo que la ley le permite”.
¿Por qué quedan libres los capturados en flagrancia?
Galán describió que la Policía identificó a los presuntos responsables, les halló armas de fuego cargadas y los presentó ante un juez, quien decidió no imponer medida de aseguramiento. Para el mandatario, este caso evidencia que “la ley no es suficiente para sacar de la calle delincuentes violentos” y llamó a un debate para “cómo cambiar la ley”.
El magistrado Mauricio Rodríguez, de la Comisión de Disciplina Judicial, explicó que el sistema penal obliga a jueces y fiscales a actuar conforme a normas y precedentes. Señaló que las decisiones judiciales “no necesariamente consultan el querer de la ciudadanía”, pero están amparadas por la ley. Añadió que la jurisdicción disciplinaria recibe quejas, principalmente por mora en decisiones, y aclaró que no se pueden revisar fallos judiciales salvo que exista conducta arbitraria o delictiva.
El abogado Sócrates Saavedra sostuvo que “la ley sí es suficiente” y que existen causales para imponer medidas, como el peligro para la seguridad de la comunidad, aunque precisó que estas deben ser solicitadas y sustentadas por la Fiscalía. Indicó que si la Fiscalía no presenta los elementos, “mal podría un juez hacerle el trabajo”.
Por su parte, el penalista Fernando Largacha afirmó que el problema puede estar en la capacitación de quienes intervienen en el proceso. Dijo que errores en procedimientos de policía judicial o en las solicitudes pueden llevar a que el juez, al final, “tenga que hacer lo que la norma le dice”.
¿Es responsable el juez cuando deja en libertad a un procesado?
Rodríguez explicó que los jueces cuentan con autonomía judicial y que solo responden penalmente si adoptan decisiones “manifiestamente contrarias a la ley” o mediadas por corrupción. Recordó la importancia del precedente judicial, al señalar que las decisiones de las cortes son vinculantes para jueces, fiscales y demás sujetos procesales.
Sobre la flagrancia, Largacha precisó que ocurre cuando la persona es capturada en el momento del delito o en instantes previos o posteriores, lo que permite la captura sin orden judicial. Indicó que en el caso analizado también se mencionó porte ilegal de armas, lo que permitiría la captura. Sin embargo, aclaró que la flagrancia no implica automáticamente cárcel, pues se requieren riesgos como fuga, obstrucción probatoria o peligro para la comunidad.
Saavedra agregó que la medida de aseguramiento no es una condena y depende de la valoración judicial con base en lo presentado por la Fiscalía. Señaló que factores como uso de armas, continuidad delictiva o pertenencia a grupos pueden ser considerados, siempre que sean acreditados.
Frente a la presión social, Rodríguez afirmó que el juez debe decidir con base en la ley y las pruebas, no en el clamor ciudadano. Destacó que la libertad no significa el fin del proceso penal, pues los investigados continúan vinculados y pueden ser condenados posteriormente.
Finalmente, los panelistas coincidieron en que explicar estos procesos ayuda a entender que la justicia opera bajo reglas, donde cada actor tiene cargas y responsabilidades, y que el fortalecimiento de la capacitación institucional es clave para garantizar decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico.