La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de cinco entidades del Estado habrían incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, en hechos vinculados con la contratación de mujeres mediante órdenes de prestación de servicios.
La actuación disciplinaria involucra a funcionarios por determinar del Congreso de la República, específicamente de su Dirección General Administrativa; el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido como Dapre; el Ministerio del Interior, y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud.
El punto central de la investigación es determinar si algunas mujeres habrían sido contratadas por entidades públicas por razones distintas a las necesidades propias del servicio público.
La indagación comenzó a partir de información pública
La Procuraduría explicó que la indagación comenzó a partir de información pública conocida durante los últimos días a través de medios de comunicación y redes sociales, en la que se señalaron presuntas conductas de acoso y violencia de género contra mujeres vinculadas al Estado mediante contratos de prestación de servicios.
En su pronunciamiento, el Ministerio Público advirtió que, según los señalamientos que dieron origen a esta actuación, las víctimas habrían sido vinculadas contractualmente con una finalidad diferente a la que debería justificar una contratación estatal.
La entidad recogió esta preocupación al señalar que la verdadera razón de esas contrataciones habría sido otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público.
El objetivo es verificar la información disponible
Sin embargo, es importante precisar que la apertura de esta indagación previa no significa que las conductas denunciadas estén probadas ni que exista una responsabilidad disciplinaria establecida.
Según la Procuraduría, en esta etapa, el objetivo es verificar la información disponible, establecer qué ocurrió e identificar a los posibles responsables, si hay lugar a ello.
Por eso, uno de los propósitos de la Procuraduría es individualizar a los presuntos disciplinados y concretar cuáles serían las conductas que deben ser objeto de investigación.
Es decir, el organismo de control busca establecer quiénes habrían intervenido en los hechos, qué actuaciones se habrían presentado y si estas podrían constituir faltas disciplinarias relacionadas con el ejercicio de las funciones públicas y el trato dado a las mujeres contratadas por las entidades involucradas.
El cumplimiento de las disposiciones impartidas
Pero la investigación también tiene otro componente: verificar el cumplimiento de las disposiciones impartidas por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en materia de prevención y atención de la violencia de género.
En concreto, la Procuraduría revisará el cumplimiento de las directrices establecidas en la circular 006 del 10 de septiembre de 2025, una de las referencias que tendrá en cuenta dentro de esta actuación disciplinaria.
Para avanzar en las verificaciones, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y requirió información a las entidades mencionadas.
Entre los requerimientos está la entrega de una relación de las mujeres que han sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.
Este requerimiento permitirá revisar las contrataciones efectuadas durante ese periodo y contar con información para esclarecer los hechos que motivaron la indagación.
Reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los posibles responsable
La Procuraduría deberá determinar qué elementos resultan relevantes para establecer si hubo irregularidades y si existe alguna relación entre las contrataciones y las presuntas conductas denunciadas.
La revisión abarca, por tanto, a varias dependencias del Estado y comprende un periodo de varios años, desde 2019. El propósito es reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los posibles responsables y verificar si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a sus deberes legales y disciplinarios.
Por ahora, la Procuraduría no ha establecido responsabilidades individuales en el marco de esta indagación previa. El alcance de la actuación es precisamente esclarecer los hechos, recaudar pruebas y determinar si hay mérito para avanzar hacia otras etapas del proceso disciplinario.
Presuntas conductas de acoso y violencia de género
La investigación pone bajo revisión presuntas conductas de acoso y violencia de género relacionadas con la contratación estatal, así como el posible uso de contratos de prestación de servicios para fines distintos de los que justifican la vinculación de personal a las entidades públicas.
Ahora, el avance dependerá de la información que entreguen las entidades requeridas, de las pruebas que recaude el Ministerio Público y de los resultados de las verificaciones sobre las directrices vigentes en materia de violencia de género.
La pregunta de fondo es si las contrataciones investigadas respondieron efectivamente a las necesidades del servicio público o si, como señalan las informaciones que dieron origen a la actuación, habrían estado relacionadas con otras finalidades.
Esa es la tarea que tiene ahora la Procuraduría, establecer qué ocurrió, identificar a los posibles responsables y determinar si hubo faltas disciplinarias en las entidades involucradas.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Por qué la Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la contratación de mujeres?
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con presunto acoso, violencia de género y extralimitación de funciones en la contratación de mujeres mediante contratos de prestación de servicios.
¿Qué entidades del Estado están involucradas en la investigación de la Procuraduría?
La indagación comprende a funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. El organismo busca establecer quiénes habrían intervenido en los hechos denunciados.
¿Desde cuándo revisará la Procuraduría los contratos de prestación de servicios de mujeres?
La entidad solicitó información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha. Con estos datos y otras pruebas, pretende verificar si las contrataciones respondieron a necesidades del servicio público.
¿Qué busca establecer la investigación por acoso y violencia de género en entidades públicas?
La Procuraduría busca determinar si hubo contrataciones con fines distintos a los propios del servicio público, posibles conductas de acoso o violencia de género y faltas disciplinarias. También verificará el cumplimiento de las directrices de prevención y atención de la violencia de género, incluida la circular 006 del 10 de septiembre de 2025.