Tras haber entregarse a las autoridades, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó la recaptura del exministro del Interior Luis Fernado Velasco y ordenó su detención domiciliaria como pieza clave en el escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riego y el Invías.
El exministro Velasco se encontraba en libertad desde el pasado 6 de agosto previo fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que revocó la medida de aseguramiento impuesta amparándole la protección a su debido proceso.
La Corte Suprema consideró que la magistrada de primera instancia se extralimitó al ordenar recluir en la cárcel al exministro, porque se trataba de una medida más severa que la solicitada por la fiscal a cargo del proceso e impartió instrucciones al Tribunal para rehacer la audiencia y adoptar una decisión conforme a la petición inicial de la Fiscalía.
A juicio por este entramado de corrupción
El 30 de abril, tras dos días de audiencia, la Sala de Primera declaró formalmente acusados a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en medio del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
La Fiscalía llevó a juicio a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte, radicó el escrito de acusación, de casi trescientas páginas, el 7 de abril.
La Fiscalía sustentó este escrito en toda una serie de pruebas que fueron recolectadas por los investigadores entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Los millonarios contratos que enredan a los exministros
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias, a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571,701,473,657 y cinco proyectos en la UNGRDpor $40,536,363,430 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos que serán detallados al imputar los hechos jurídicamente relevantes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la Fiscalía.
Así fue la orden para apoyar la reforma pensional
De acuerdo con la Fiscalía, se estableció que en junio de 2023 el exministro del Interior le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, apoyar la reforma pensional y para ese fin debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el objetivo de entregar contratos a ciertos congresistas para seguir ampliando las mayorías en esa comisión.
“Pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno Nacional, esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, agregó la Fiscalía.