La crisis humanitaria y de violencia se sigue intensificando en regiones como el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc es permanente.
La situación actual es tan compleja, que en la última semana se han registrado ataques contra la fuerza pública y la comunidad civil en zonas como Ábrego, Sardinata, Tibú y El Carmen.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los nuevos hechos de violencia que afectan a la población civil en esa zona del país, donde durante los últimos días se han registrado situaciones que evidencian la persistencia de los riesgos para las comunidades que permanecen en el área rural del Catatumbo.
Ataque con drones contra la comunidad civil en Sardinata
Uno de los casos reportados ocurrió en el sector de Mate Lata, zona rural del municipio de Sardinata y en límites con el municipio de Tibú, donde, de acuerdo con información conocida por la Defensoría, seis personas habrían resultado heridas luego de la explosión de un artefacto lanzado desde un dron, por uno de los actores armados que está en disputa en la zona.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados para que dejen por fuera del conflicto a las comunidades civiles y también al Gobierno nacional para que garantice la protección de las comunidades que continúan en el territorio.
Además, advirtió sobre los riesgos que representa el uso de artefactos explosivos en zonas donde permanecen civiles.
Mina antipersona en Pachelli afectó a un adulto mayor
La Defensoría también alertó sobre un segundo caso ocurrido en Pachelli, zona rural del municipio de Tibú, donde un adulto mayor resultó gravemente herido tras la activación de una mina antipersonal que le habría provocado la pérdida de una de sus extremidades.
Los hechos se producen en medio de una situación humanitaria compleja en el Catatumbo que se viene ejecutando desde el 16 de enero del año 2025 y que ha estado marcada por la confrontación entre grupos armados, operaciones de la Fuerza Pública y afectaciones recurrentes contra la población civil.
La utilización de artefactos explosivos mediante drones y la siembra de minas en zonas rurales representa además un riesgo permanente para campesinos y habitantes que desarrollan sus actividades cotidianas en estos territorios y que ha sido catalogada como una de las más aberrantes violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario.
Amenazas a personeros en el Catatumbo
A estas situaciones se suman las amenazas y la estigmatización contra las personerías municipales en la zona del Catatumbo. La Defensoría manifestó su solidaridad con la Asociación de Personeros del Catatumbo y destacó la importancia de la labor que desarrollan en favor de las comunidades.
"Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos con los actores armados. Estas estigmatizaciones incrementan los riesgos para su vida, integridad y ejercicio independiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias para garantizar su protección", manifestó el organismo a través de un comunicado.
De igual forma, la Defensoría instó a los actores armados para que no vinculen a las poblaciones civiles en el conflicto armado que se ha intensificado en la región en los últimos 19 meses.
"Reiteramos a los actores armados su obligación de respetar a la población civil y observar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Las comunidades, las autoridades civiles y quienes defienden los derechos humanos deben permanecer por fuera de las hostilidades", agregó el organismo.
La situación también ha generado llamados de organizaciones de personeros para reforzar las medidas de protección a quienes cumplen labores institucionales en la región.
La Federación de Personeros, Fenalper, pidió fortalecer de manera coordinada las acciones de prevención y seguridad para los personeros y demás defensores de derechos humanos que desarrollan sus funciones en el Catatumbo.
Defensoría pide esclarecer quién causó las heridas a civiles en medio de bombardeos:
Tras la verificación que realizó la Defensoría del Pueblo en la vereda El Sinaí, zona rural del municipio de San Calixto, Norte de Santander, donde fueron reportadas afectaciones a la población civil tras las operaciones militares desarrolladas entre la noche del 10 de agosto y la madrugada del 11, se confirmó que sí hubo un bombardeo de la Fuerza Pública tanto en esa región, como en el municipio de Tibú.
Sin embargo, uno de los principales hallazgos de la misión es que no se ha establecido que los explosivos que causaron las heridas a los tres civiles hayan sido lanzados por la Fuerza Pública en medio de las operaciones.
Ante las dudas sobre el origen de las lesiones, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y determine quiénes fueron los responsables de las heridas ocasionadas a los civiles.
Claves del tema, en tres preguntas:
¿Cuántos civiles resultaron heridos tras el lanzamiento de drones en el Catatumbo?
Seis personas resultaron heridas luego de la explosión de un artefacto lanzado desde un dron en zona rural del municipio de Sardinata.
¿Cuál es el llamado de la Defensoría del Pueblo a los actores armados?
Instó a los actores armados para que no vinculen a las poblaciones civiles en el conflicto armado que se ha intensificado en la región en los últimos 19 meses.
¿Qué verificó la Defensoría tras las operaciones militares en el Catatumbo?
Uno de los principales hallazgos de la misión es que no se ha establecido que los explosivos que causaron las heridas a los tres civiles hayan sido lanzados por la Fuerza Pública en medio de las operaciones militares ejecutadas en la zona.