Alcaldes, personeros y líderes sociales del Catatumbo participaron en una nueva sesión del Consejo Departamental de Paz, en la que expusieron el complejo panorama de orden público de la región, debido a las constantes confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las FARC, que han provocado una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas.
Pese a la puesta en marcha de la operación militar Esparta y del bloque de seguridad urbana por parte de la fuerza pública, las autoridades territoriales advirtieron que persisten las restricciones a la movilidad y el control social impuesto por los grupos armados, cuya presión se ha intensificado en distintos sectores de la región.
Principales preocupaciones de las autoridades:
La sesión, realizada en la ciudad de Cúcuta, permitió recoger las alertas sobre las afectaciones que enfrenta la población civil en medio del conflicto armado. Alcaldes y personeros denunciaron presiones para reclutar a menores de edad, instalación de minas antipersona, uso de drones con explosivos, ataques contra la misión médica y suspensión de clases por los combates.
Enrique Pertúz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, afirmó que estas situaciones persisten y que algunas se han intensificado durante los últimos meses.
“En este escenario escuchamos las preocupaciones que tienen los alcaldes y liderazgos sociales, que se vienen presentando desde hace varios meses, y queremos definir un mismo criterio para decirle al gobierno nacional cómo se deben afrontar estas dificultades”, expresó Pertúz.
Por su parte, el alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, confirmó que los intensos combates y la instalación de minas antipersona han obligado a suspender las clases en varias veredas, lo que interrumpe el calendario académico y afecta el acceso a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes.
A estas alertas se sumaron las denuncias expuestas desde El Tarra y Tibú sobre las constantes intimidaciones contra la misión médica, que dificultan la prestación de los servicios de salud a miles de habitantes de la zona.
Minas antipersona y drones con explosivos:
La instalación de minas antipersona y el uso de drones acondicionados con explosivos figuran entre las mayores preocupaciones de las autoridades por sus efectos sobre la población civil, especialmente en Tibú, El Tarra y Sardinata. Durante la sesión se reportaron más de 200 ataques en lo corrido del año y más de 100 personas afectadas; según las cifras expuestas, el 60 % de las víctimas corresponde a integrantes de la fuerza pública.
Propuesta al Gobierno nacional:
Las alertas de los alcaldes, personeros y organizaciones sociales serán recopiladas en un documento que se enviará al Gobierno nacional para solicitar medidas frente a la crisis. La propuesta busca articular las acciones de seguridad con estrategias sociales que respondan a las necesidades históricas de las comunidades del Catatumbo.
“Tras escuchar a las autoridades y recoger esas necesidades, enviaremos un documento al gobierno nacional, porque si la militarización es importante, este componente debe ir acompañado de acciones que ayuden a suplir esa deuda histórica con el Catatumbo”, agregó Pertúz.
Preguntas clave del tema
¿Cuál es la propuesta del Consejo de Paz al Gobierno nacional?
Solicitar una política pública que articule medidas para contrarrestar las acciones violentas de los grupos armados con inversión y estrategias sociales que mejoren la calidad de vida de las comunidades del Catatumbo.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de las autoridades territoriales?
Las presiones para reclutar a menores de edad, la instalación de minas antipersona, el uso de drones con explosivos, los ataques y amenazas contra la misión médica y la suspensión de clases por los combates.
¿Continúa la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo?
Sí. Según las alertas expuestas durante la sesión, persisten los enfrentamientos, los asesinatos y los secuestros en distintos puntos de la subregión.