Las familias salen de sus veredas con lo que alcanzan a llevar. Dejan sus casas, los cultivos y los animales que representan parte de su sustento, mientras buscan un lugar donde puedan estar a salvo.
En el Catatumbo, Norte de Santander, esta situación se repite en medio de los enfrentamientos entre grupos armados y de una nueva amenaza: los drones cargados con explosivos que son utilizados en zonas rurales y cerca de viviendas.
Durante la última semana, habitantes de Sardinata, San Calixto, Tibú y El Tarra han tenido que abandonar sus hogares por los ataques y los riesgos asociados a la confrontación armada. De acuerdo con los reportes conocidos, al menos cien familias se han desplazado desde diferentes sectores de esta subregión.
La emergencia se suma a la crisis humanitaria que comenzó el 16 de enero de 2025 y que ha dejado, según las cifras citadas en los reportes, alrededor de 140.000 personas desplazadas en el Catatumbo.
Familias abandonan sus viviendas por ataques con drones en El Tarra
Uno de los desplazamientos más recientes comenzó el 22 de octubre, cuando habitantes de la vereda La Azulita, en el corregimiento de La Cristalina, municipio de San Calixto, anunciaron su salida hacia la cabecera municipal de El Tarra.
La decisión se produjo después de ataques con drones y explosivos contra varias viviendas, en medio de los riesgos que enfrentan las comunidades por la situación de orden público.
En El Tarra también se reportaron tres detonaciones de artefactos explosivos dirigidos mediante drones el 21 de octubre, en el barrio Villa Esperanza, la vereda El Llano y otros sectores rurales. Los hechos dejaron dos personas afectadas física y psicológicamente, entre ellas una adolescente que recibió atención médica.
Ese mismo día llegaron al casco urbano más de 50 familias procedentes de zonas rurales. Las autoridades municipales comenzaron el proceso de identificación de las personas afectadas para establecer sus necesidades y organizar la atención humanitaria.
San Calixto: campesinos dejan atrás sus casas y cultivos
La situación también golpea a San Calixto. Según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, cerca de 200 familias, equivalentes a unas 600 personas, han sido desplazadas de veredas del corregimiento de La Cristalina y de sectores del norte del municipio, en límites con El Tarra.
Entre las comunidades afectadas están las de La Azulita, La Cristalina, El Progreso, Playitas, La Fortuna y La Primavera. Sus habitantes señalan que los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, los ataques con explosivos y el riesgo de minas antipersona los obligaron a salir de sus territorios.
Para las familias campesinas, abandonar la tierra no significa solamente dejar una vivienda. También implica interrumpir las labores agrícolas, perder ingresos y alejarse de los animales, las cosechas y los bienes que han construido durante años.
El desplazamiento se suma a una crisis que comenzó en enero de 2025
La emergencia en el Catatumbo no empezó con los ataques de esta semana. La confrontación armada que estalló en enero de 2025 desencadenó desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la vida cotidiana de las comunidades.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2026 El Tarra acumula 1.447 personas desplazadas, pertenecientes a 611 familias provenientes de zonas rurales.
Estos datos muestran que la salida de la población no responde a un solo episodio. Las amenazas, los enfrentamientos y el temor a nuevos ataques mantienen a numerosas comunidades en una situación de incertidumbre.
Mientras persiste la confrontación, las familias deben resolver necesidades inmediatas de alojamiento, alimentación, atención médica y educación, al tiempo que esperan condiciones que les permitan regresar a sus hogares sin poner en riesgo sus vidas.
Drones con explosivos: una amenaza que alcanza a las comunidades
El uso de drones acondicionados para transportar y lanzar explosivos añade nuevos riesgos para los habitantes del Catatumbo. Los ataques se registran en zonas rurales donde permanecen familias campesinas y cerca de lugares habitados, lo que aumenta la exposición de la población civil a las hostilidades.
La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos ha advertido sobre la evolución de estos dispositivos. Según las alertas conocidas, los grupos armados han pasado de utilizar drones artesanales con capacidad para transportar una granada a equipos más avanzados que podrían lanzar múltiples explosivos en una sola operación.
Esta transformación aumenta la preocupación por la seguridad de las comunidades y de la Fuerza Pública. Sin embargo, no se han detallado de manera independiente las capacidades de todos los equipos utilizados en los ataques recientes.
El desafío es evitar que la población civil siga quedando en medio de los enfrentamientos y garantizar que las viviendas y los espacios comunitarios no se conviertan en escenarios de ataques.
Autoridades y líderes piden proteger a la población civil
Ante el aumento de los desplazamientos, se solicita a la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías de El Tarra, San Calixto y El Carmen y el Gobierno nacional fortalecer la prevención, la protección y la atención humanitaria.
La respuesta requiere coordinación para identificar a las familias afectadas, garantizar asistencia y prevenir nuevos desplazamientos o situaciones de confinamiento.
Edgar Pallares, diputado de Norte de Santander y exalcalde de Teorama, pidió a los grupos armados respetar a las comunidades y mantenerlas al margen de la confrontación.
“La situación de orden público hoy en día es bastante compleja, por eso no nos cansamos de pedirles a los grupos armados que están en confrontación que respeten a las comunidades, que siempre son las víctimas en este tipo de hechos, y que las dejen por fuera de esta guerra”, señaló.
En el Catatumbo, la urgencia va más allá de atender a quienes ya salieron de sus viviendas. También es necesario proteger a las familias que continúan en las veredas, garantizar el acceso a servicios esenciales y crear condiciones para que quienes tuvieron que marcharse puedan regresar de manera segura.
Mientras continúan los enfrentamientos y los ataques con drones, cientos de familias afrontan la incertidumbre de haber perdido, al menos temporalmente, el lugar donde transcurría su vida.
Tres preguntas clave sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo
¿Cuántas familias han sido desplazadas recientemente por los ataques con drones?
Los reportes conocidos señalan que al menos cien familias de Sardinata, San Calixto, Tibú y El Tarra han abandonado sus hogares durante la última semana. En San Calixto, la información recopilada por la Defensoría da cuenta de cerca de 200 familias desplazadas, mientras que en El Tarra llegaron más de 50 familias en una sola jornada. Estas cifras corresponden a reportes distintos y no deben sumarse sin verificar posibles duplicaciones.
¿Por qué preocupa el uso de drones con explosivos en el Catatumbo?
Porque estos dispositivos permiten lanzar explosivos en zonas rurales y cerca de viviendas, poniendo en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a las comunidades civiles. Los ataques se suman a los enfrentamientos y al peligro de minas antipersona, factores que han obligado a numerosas familias a abandonar sus territorios.
¿Qué necesitan las familias que han tenido que abandonar sus hogares?
Necesitan alojamiento, alimentación, atención médica y acompañamiento institucional, además de condiciones de seguridad que les permitan permanecer en los lugares de acogida. También es fundamental prevenir nuevos desplazamientos y garantizar que las comunidades puedan regresar a sus viviendas cuando existan condiciones seguras.