El Catatumbo no es solo una región; se ha convertido en un tablero de ajedrez donde la vida humana pareciera una ficha más que puede ser sacrificada. Es un territorio donde la geografía, bendecida por la fertilidad de su suelo, ha sido maldecida por la ambición de quienes han decidido que la ley debe escribirse con armas y violencia.
Durante el año 2025, la tragedia alcanzó niveles sin precedentes: cerca de 100.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en esta subregión, un éxodo masivo que fracturó comunidades enteras. Muchos no pudieron regresar a sus hogares y otros volvieron con temor, pero, a la vez, con la esperanza de poder recuperar algo que, con todo el esfuerzo de la vida, habían creado.
Sin embargo, el 2026 no ha sido distinto. Aunque la intensidad mediática varía, la realidad del territorio sigue siendo devastadora. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta junio del presente año, 2026, se han desplazado cerca de 2.400 personas, una cifra que, aunque menor a la del año anterior, sigue siendo una herida abierta en el tejido social del departamento.
La persistencia de este fenómeno es el síntoma de una guerra que se ha enquistado en las entrañas de la ruralidad, impulsada por los constantes conflictos entre grupos armados ilegales y las ansias de estos grupos por ganar terreno y controlar las vías del narcotráfico.
Para entender lo que tienen que vivir muchas personas en esta región, fuimos hasta Tibú, zona donde llegan muchas personas desplazadas de diferentes zonas del Catatumbo, para conocer esa realidad que, desde la distancia, muchas veces se desconoce.
En Tibú conocimos a María, una señora de cerca de 70 años, quien cuidaba de su nieta y estaba refugiándose en una pequeña casa de un allegado. Por seguridad, cuidaremos su identidad, pero nos cuenta qué sucedió aquellos días en que el ELN irrumpió en su hogar, en su campo, para primero amenazar a su hijo y, al final, terminar amenazándola a ella también; personas que nada tienen que ver con el conflicto, pero que viven las consecuencias de este.
El relato de María permite diseccionar cómo opera el control social del ELN. No se trata solo de presencia armada, sino de un sistema de asfixia económica que busca reducir al campesino a las exigencias de este grupo. Según nos relata, todo inició con las extorsiones que los campesinos tenían que aceptar, incluso sobre sus cosechas, así no fueran muchas, hasta tener que entregar animales si se dedicaban a esa actividad.
“Hicieron una reunión y dicen que si usted echa 100 pollos, tiene que dar 10 a los elenos”, nos comenta doña María.
Bajo extorsiones, los campesinos tienen que dar cerca del 10 % de lo que tienen al grupo armado ilegal. Igual sucede con las siembras que realicen, como palma o cualquier otro cultivo. Pero, adicional a las extorsiones, la población tiene que vivir otra realidad constante: las amenazas de los grupos armados ilegales, como las del ELN, que incluso llegan hasta sus viviendas para imponer sus peticiones. El campesino, desprovisto de protección estatal, se convierte en un rehén de una economía de guerra donde su único valor es su capacidad de producción para el grupo que controle el sector.
La historia de esta mujer es el reflejo de la vulnerabilidad absoluta. El ELN no se queda en el monte; baja a las viviendas, interrumpe la cotidianidad y dicta sentencias. La narrativa de María es una crónica de la ruptura de la paz doméstica:
“Primero amenazaron a mi hijo, porque él tiene cerca de mil palmas sembradas en una parcerita de él. Cuando, de pronto, yo escuché el portón que sonó; se me había olvidado echarle candado y ellos se entraron: el ELN. Eran cuatro hombres armados, con fusil y pistola, y entonces uno de ellos estaba muy mal encarado, un venezolano. Entonces él me dijo: ‘¿Dónde está su hijo?’. A mí me dieron muchos nervios y le dije que mi hijo estaba en la parcerita de él cortando los corozos, y ahí me dijo: ‘¿Sí sabe que su hijo tiene una hora para que se desaparezca del Catatumbo?’. Yo le pregunté por qué, si mi hijo no ha hecho ningún daño; su único pecado ha sido trabajar”.
Esta amenaza cambió la vida de la familia, transformando un hogar de trabajo en una sentencia de muerte diferida. Pero la persecución se agudiza aún más cuando el miedo es superado por la indignación de la población. María y su hijo no se quedaron callados; la misma comunidad hace valer su voz y se levanta contra los atropellos que el ELN cometía contra ellos para exigir que los dejara por fuera del conflicto.
“¡Mi hijo decía que los grupos armados tenían que irse a matar al monte, no dentro de las casas donde hay gente vulnerable, como ancianos y niños!”
El pecado del hijo de doña María fue exigir sus derechos y proteger sus vidas para no quedar en medio del conflicto armado. La respuesta del grupo armado fue una muestra de poder absoluto y falta de piedad: “Después que mi hijo dijo eso, el día miércoles a las 6 a. m., ya estaban en la casa. Yo fui a abrir el portón y había cuatro venezolanos; entre esos, un colombiano, pero los demás venezolanos. Entonces me dijo: ‘¿Sí sabe que tiene 72 horas para que desocupe el Catatumbo?’. Entonces yo me puse a llorar”.
Lo preocupante no son solo las amenazas que el ELN hace, sino que también se evidencia el número de ciudadanos venezolanos que están dentro del grupo armado. La primera vez que doña María recibió la amenaza fue un miembro del vecino país quien llegó; la segunda vez, llegaron cuatro de ellos, identificándose como integrantes del ELN. Este hecho es una señal de alerta sobre cómo la porosidad de la frontera y la crisis social en Venezuela han facilitado una nueva modalidad de reclutamiento.
“Usted va y busca en el ELN y encuentra puro niño de 20 a 16 años, puros menores de edad; esos son venezolanos”, nos comentaba doña María como si fuera algo normal, evidenciando así que no solo usan personas del país vecino, sino que también hacen reclutamiento infantil con miembros de otro país.
El dolor trasciende las fronteras. La falta de oportunidades en el país vecino ha convertido a la juventud venezolana en carne de cañón para los grupos armados ilegales en Colombia.
“En redes sociales, cada rato salen madres en Venezuela pidiendo ayuda porque sus hijos se fueron para el Catatumbo y no saben de ellos. Dicen que se fueron a trabajar en una finca por 2 millones de pesos y no regresan”.
Este es un fenómeno que redefine la naturaleza del conflicto: ya no es solo una guerra interna, sino un conflicto que instrumentaliza a los más vulnerables de toda la región andina.
A María la amenazaron con armas y le dieron un plazo de 72 horas para abandonar su hogar. Ella tuvo que salir, al igual que su hijo tuvo que huir por las amenazas, dejando atrás toda su vida.
“Dejé todo”, dice ella, entre la incertidumbre de contar todo lo que dejó atrás: sus pertenencias, sus animales, su finca y hasta sus sueños y esperanza, que quedaron en ese lugar.
¿Pero cuál es el interés del ELN en desplazar a las personas? La respuesta de María es un golpe a la conciencia: “Quedarse con lo que los demás trabajan y que la gente tiene que ponerse de parte de ellos, pero uno no puede ponerse de parte de la delincuencia”, respondió doña María.
Ella, al igual que muchas otras víctimas, está perdiendo el temor a hablar. Rompe el silencio para contarle a Colombia lo que está sucediendo, de lo que es testigo y de lo que siempre se ha hablado, pero que sigue ocurriendo: la presencia de menores de edad en filas de grupos armados ilegales y la realización de algo aún más delicado, el reclutamiento de menores de un país vecino.
El Catatumbo sigue atrapado en una espiral donde la ley del más fuerte suplanta al Estado. Mientras las cifras de 2025 y 2026 dan cuenta de miles de historias truncadas, el silencio, muchas veces, de un país contrasta con la voz de mujeres como doña María, quienes hoy, desde el refugio del destierro, exigen que la guerra, al menos, les devuelva el derecho a existir en paz.
Su testimonio no es solo un relato personal; es una acusación formal contra un sistema que ha permitido que el territorio se convierta en una trampa de la que solo se puede escapar dejando atrás la propia identidad.
*Por: Stephanie Bates Esteban