Un reconocimiento aéreo con drones permitió localizar e inutilizar 14 unidades de producción minera utilizadas para la explotación ilícita de oro en el sector de Cabí, en Quibdó, Chocó. La operación afectó maquinaria avaluada en más de $109 millones y estaría dirigida a debilitar las economías ilegales del Clan del Golfo en esta zona del departamento.
La intervención fue adelantada por tropas de la Décima Quinta Brigada, a través del Batallón de Infantería Número 12 Primero de Línea, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada y la Policía Nacional.
De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, las labores de reconocimiento permitieron identificar el área donde se desarrollaban las actividades mineras y orientar el despliegue de las unidades militares y policiales. Con esta información, las autoridades ejecutaron el procedimiento para inutilizar los equipos empleados en la extracción ilegal de minerales.
Drones facilitaron la ubicación de la maquinaria
El uso de tecnología aérea fue determinante para identificar los puntos de intervención en el sector de Cabí. Mediante el reconocimiento con drones, las unidades de la Fuerza Pública pudieron ubicar las instalaciones y coordinar el ingreso al área donde operaban los equipos utilizados para la explotación minera.
Durante el operativo fueron inutilizadas ocho dragas artesanales tipo buzo y seis motores, elementos empleados en las actividades de extracción de oro. La intervención se desarrolló mediante la articulación de capacidades militares, navales y policiales, con el objetivo de afectar la infraestructura utilizada para esta actividad ilícita.
Estiman pérdidas de $4.874 millones en producción ilegal de oro
Más allá del valor de los equipos inutilizados, las autoridades estiman que la operación afecta una capacidad de producción de aproximadamente 12.000 gramos de oro mensuales. Ese volumen de extracción estaría valorado en cerca de $4.874 millones en el mercado ilegal, según las cifras entregadas por el Ejército. Se trata de una estimación de la producción que podría verse afectada y no necesariamente de dinero incautado durante el procedimiento.
La operación también estaría dirigida contra las economías ilícitas de la Subestructura Jhon Fredy Orejuela, señalada por las autoridades de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo. La explotación ilegal de yacimientos mineros representa un desafío para las autoridades en el Chocó, debido a sus efectos económicos y ambientales. Estas actividades pueden ocasionar alteraciones en los cauces de los ríos, pérdida de cobertura vegetal y contaminación de fuentes hídricas, especialmente cuando se desarrollan sin controles técnicos ni ambientales.
Ejército mantendrá operaciones contra la explotación ilícita
El Ejército Nacional anunció que continuará adelantando operaciones coordinadas con otras instituciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento. La estrategia busca debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y limitar el uso de maquinaria destinada a la extracción no autorizada de minerales.
Las autoridades mantienen como objetivos la protección de los recursos naturales y la reducción de las economías ilegales que operan en el territorio. La intervención en Cabí, jurisdicción de Quibdó, se suma a estas acciones, con las que la Fuerza Pública pretende obstaculizar las actividades mineras que, según lo han informado de manera constante, benefician estructuras criminales en la región.
Claves de la noticia:
¿Dónde se realizó el operativo contra la minería ilegal?
En el sector de Cabi, en Quibdó, Chocó, mediante una operación conjunta de unidades militares, la Armada Nacional y la Policía.
¿Qué elementos fueron inutilizados?
Ocho dragas artesanales tipo buzo y seis motores utilizados para la explotación ilícita de oro.
¿Cuál sería el impacto económico de la operación?
La maquinaria afectada supera los $109 millones y la capacidad de producción impactada se estima en 12.000 gramos de oro mensuales, valorados en cerca de $4.874 millones en el mercado ilegal.