El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, anunció que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentará ante el Consejo de Política Criminal una propuesta para abordar la minería criminal como una actividad vinculada con la financiación de grupos armados y otras economías ilícitas.
El anuncio se produjo después de un sobrevuelo por zonas de explotación minera ilegal en el departamento del Chocó, donde fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras sin autorización. Soto señaló que durante el recorrido en un helicóptero MI-17, el ministro observó la magnitud de las intervenciones sobre el territorio, particularmente en el área del Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, en Nóvita.
De acuerdo con Soto, en estas zonas se han registrado daños relacionados con la apertura de terrenos para la extracción de oro, el desvío de ríos y la presencia de campamentos atribuidos a estructuras armadas.
La propuesta del Gobierno busca que la minería ilegal sea abordada mediante medidas que vayan más allá de las actuaciones relacionadas con el impacto ambiental. Según Soto, el objetivo es incorporar esta actividad en una estrategia contra las economías ilícitas que, de acuerdo con las autoridades, contribuyen al sostenimiento financiero de organizaciones armadas.
Denuncias sobre minería ilegal y financiación política
Del mismo modo, Soto se refirió a la presencia de maquinaria pesada en terrenos intervenidos para la extracción de oro en Nóvita. También mencionó el uso de documentos falsos para ingresar a predios, la utilización de productos químicos y las modificaciones realizadas sobre los cauces de los ríos.
Soto afirmó que el ministro Rodrigo Lara llevó a la Fiscalía General de la Nación una hipótesis relacionada con el posible destino de los recursos obtenidos de estas operaciones. La denuncia plantea que parte de las rentas de la minería ilegal habría financiado campañas políticas de 2026 y que un esquema similar podría presentarse en las elecciones regionales de 2027.
Se trata de señalamientos que deberán ser objeto de las verificaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. Soto no presentó detalles adicionales sobre las campañas presuntamente involucradas ni identificó a personas específicas relacionadas con esa hipótesis.
Sobre las actuaciones anunciadas, Soto sostuvo que quienes puedan tener responsabilidad deberán responder ante las autoridades. También confirmó que la propuesta será llevada al Consejo de Política Criminal, instancia en la que, según explicó, el texto será discutido y ajustado antes de avanzar en su trámite.
La iniciativa pretende establecer un tratamiento específico para las operaciones de minería ilegal de gran escala, bajo el argumento de que sus efectos no se limitan a la explotación de recursos naturales, sino que también pueden estar relacionados con el financiamiento de estructuras criminales.
Operaciones contra las economías ilícitas
Soto también mencionó otros procedimientos que, según su declaración, se han adelantado contra actividades de extracción ilegal de oro y otras fuentes de financiación de grupos armados.
En Chaparral, Tolima, el Ejército desmanteló dos centros de producción atribuidos a la Comisión Jerónimo Galeano. De acuerdo con las cifras expuestas por el vocero de gobierno, estas instalaciones tendrían una capacidad de producción aproximada de 6.000 gramos de oro mensuales, con un valor cercano a los 2.880 millones de pesos al mes, según los reportes de las autoridades citados en la intervención.
El vocero también se refirió a una operación en Yuto, Chocó, en la que fueron inutilizadas cuatro excavadoras que, según indicó, pertenecían a una subestructura del Clan del Golfo. No entregó detalles adicionales sobre las fechas de los procedimientos ni sobre personas capturadas durante esas actuaciones.
En su declaración, Soto relacionó estas operaciones con la estrategia gubernamental dirigida a afectar las fuentes de financiación de las organizaciones armadas. Entre las actividades mencionadas están la producción de cocaína, la extorsión y la explotación ilegal de oro.
La posición expuesta por el vocero es que las intervenciones contra la minería ilegal deben dirigirse también a los recursos económicos que sostienen a los grupos armados, además de las acciones contra la maquinaria y las instalaciones utilizadas para la extracción.
Chocó, entre la emergencia y la explotación minera
El vocero también hizo referencia a la situación del Chocó, departamento que, según señaló, continúa afectado por las consecuencias del terremoto y por problemáticas relacionadas con la violencia, el desplazamiento y la minería ilegal.
Durante su intervención, mencionó que la Defensoría del Pueblo se ha referido a una crisis humanitaria en la región, y sostuvo que las labores de reconstrucción deben desarrollarse sin que continúen las intervenciones ilegales sobre los ríos y los terrenos.
Soto diferenció entre las personas que desarrollan actividades mineras dentro del marco legal y quienes participan en operaciones ilegales. Según explicó, el Gobierno plantea mantener acciones contra la extracción ilícita y promover la formalización de quienes quieran desarrollar esta actividad conforme a la ley.
La propuesta anunciada por el ministro Rodrigo Lara deberá pasar por la discusión en el Consejo de Política Criminal. Posteriormente, se espera avanzar en el trámite correspondiente para que el Congreso estudie el estatuto.
El vocero también señaló que la Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de investigar las denuncias presentadas, mientras que la Fuerza Pública deberá continuar las actuaciones dirigidas a identificar y rastrear la maquinaria empleada en las explotaciones ilegales.
Por ahora, el anuncio se concentra en llevar la propuesta al Consejo de Política Criminal y avanzar en la discusión de medidas contra la minería ilegal de gran escala. La declaración no precisó una fecha para la presentación del texto ni un calendario para su eventual discusión y aprobación en el Congreso.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Qué denunció el Gobierno sobre la minería ilegal en Chocó?
El Gobierno señaló una posible relación entre los recursos de la extracción ilegal de oro y la financiación de campañas políticas de 2026, una hipótesis que fue llevada a la Fiscalía General de la Nación.
¿Cuántas retroexcavadoras fueron identificadas en las zonas de minería ilegal en Chocó?
Según la declaración del vocero Miller Soto, en el corregimiento de San Lorenzo, en Nóvita, fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras que operaban sin autorización.
¿Qué medidas prepara el Gobierno contra la minería criminal?
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que presentará ante el Consejo de Política Criminal una propuesta para abordar la minería criminal de gran escala mediante un estatuto antiterrorista.
¿Cómo estaría relacionada la minería ilegal con las campañas políticas de 2027?
El Gobierno planteó la hipótesis de que el esquema de financiación política con recursos de la minería ilegal podría repetirse en las elecciones regionales de 2027, un señalamiento que deberá ser investigado por las autoridades.