Dos mujeres fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un entramado de préstamos fraudulentos que habría afectado a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó.
Las investigadas fueron identificadas como Paola Andrea Mena Pacheco y Sandra Milet Mena Perea, quienes, según la Fiscalía, habrían utilizado letras de cambio con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra uniformados.
De acuerdo con la investigación, al menos 13 personas fueron notificadas de procesos judiciales por supuestas deudas con una cooperativa que aseguraron no haber adquirido. Las víctimas manifestaron que habían recibido pequeños préstamos de un uniformado y que, como respaldo, firmaron letras de cambio en blanco.
Letras de cambio y procesos judiciales
La Fiscalía señala que, una vez saldadas las obligaciones, algunas de esas letras no habrían sido devueltas. Posteriormente, los documentos habrían sido diligenciados y endosados a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco, que inició demandas ejecutivas contra los afectados. Así lo dijo el fiscal del caso.
“Ellos manifiestan no conocer a sus demandantes y no haber suscrito ningún título valor. La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, declaró.
Según las labores de policía judicial del CTI, el mecanismo habría buscado inducir en error a la administración de justicia para obtener decisiones favorables y conseguir embargos de hasta el 25 % de los salarios de las víctimas.
Cargos imputados por la Fiscalía
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Las dos mujeres no aceptaron los cargos.
La Fiscalía indicó además que, por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y otra persona particular, quienes también habrían participado en el presunto entramado.
Claves de este tema en cuatro preguntas:
¿Quiénes fueron judicializadas por estos hechos en Chocó?
Las investigadas fueron identificadas como Paola Andrea Mena Pacheco y Sandra Milet Mena Perea. Según la Fiscalía General de la Nación, ambas estarían presuntamente relacionadas con un entramado de préstamos fraudulentos que habría afectado a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui, Chocó.
¿Cómo habría funcionado el mecanismo investigado por la Fiscalía?
Según la investigación, algunas víctimas habrían recibido pequeños préstamos de un uniformado y, como respaldo de esas obligaciones, firmaron letras de cambio en blanco. La Fiscalía señala que, después de que las deudas fueron pagadas, algunas de esas letras no habrían sido devueltas y posteriormente habrían sido diligenciadas y endosadas a una cooperativa que inició procesos ejecutivos contra los afectados.
¿Cuántas personas habrían resultado afectadas por los procesos judiciales?
De acuerdo con la Fiscalía, al menos 13 personas fueron notificadas de procesos judiciales por supuestas deudas con una cooperativa que aseguraron no haber adquirido. Los afectados manifestaron que no conocían a los demandantes y que no habían suscrito los títulos de valor que aparecían como fundamento de las demandas.
¿Qué encontró la prueba grafológica mencionada por la Fiscalía?
La prueba grafológica, según explicó el fiscal del caso, habría establecido que no existe uniprocedencia entre las firmas de las víctimas y las que aparecen consignadas en los títulos valores utilizados en los procesos. Este elemento hace parte de las evidencias recopiladas dentro de la investigación sobre el presunto entramado.
¿Qué delitos les fueron imputados a las dos mujeres?
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Las dos investigadas no aceptaron los cargos. Además, la Fiscalía informó que un subintendente de la Policía Nacional y otra persona particular también fueron judicializados recientemente por estos mismos hechos.