La tutela con la que el general (r) Rodolfo Palomino buscaba su libertad se quedó estancada en la Corte Suprema de Justicia. El recurso, que argumenta que la captura en su contra fue desaforada pese a la condena que le impuso el alto tribunal, no llegó a una decisión de fondo en 2025.
Palomino se entregó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el 24 de noviembre, tres meses después de que la Sala de Primera Instancia de la Corte anunciara su condena por tráfico de influencias de servidor público y una semana antes de que fijara el monto de la pena en siete años de cárcel.
Desde entonces, permanece detenido. La Corte Suprema le negó la libertad condicional y la prisión domiciliaria, y ordenó su captura incluso antes de la lectura de la sentencia, lo que para el ex alto oficial es desproporcionado. Con la tutela, el oficial (r) busca su libertad, tanto como medida provisional como pretensión de fondo.
El recurso de amparo se quedó en una especie de limbo antes de la llegada de la vacancia judicial, el período de receso de las altas cortes que empezó el 20 de diciembre y terminará el 10 de enero. Dos salas del alto tribunal han chocado frente al trámite, que tendrá que avanzar en 2026.
La disputa jurídica que atasca la tutela de Palomino
La última de las decisiones, que La FM conoció en primicia, está registrada en un auto de ocho páginas que la Sala de Casación Civil aprobó el 18 de diciembre y notificó al día siguiente. Las tres magistradas y los tres magistrados aprobaron la postura por unanimidad.
El presidente de la Corte Suprema, Francisco Ternera, estuvo de acuerdo con la determinación, de la que el magistrado Fernando Jiménez fue ponente. La Sala Civil se desmarcó de la tutela y aseguró que no es competente para resolverla, sino que debe hacerlo la Sala Penal.
"Sería del caso que la Sala emitiera pronunciamiento en torno a la tutela que Rodolfo Bautista Palomino López formuló contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, de no ser porque carece de competencia para ello", señala el auto desde su primera página.
Para la Sala Civil, "quien debe conocer y decidir en primera instancia la presente salvaguarda es la Sala de Casación Penal", porque es "superior funcional" de la Sala Especial de Primera Instancia —o sea, es el órgano que le sigue en jerarquía a la Especial—, así que le envió el expediente.
El problema es que la Sala Penal ya había recibido la tutela y, al igual que su homóloga presidida por Hilda González, aseveró que no era competente. El 2 de diciembre el magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte, firmó un auto de cinco páginas que también se apartó de la demanda.
Un general preso y un trámite que se alarga
A diferencia del documento de la Sala Civil, el de la Sala Penal solo tiene el aval del magistrado Chaverra. El expediente ahora llegará a la secretaría de la Sala que lidera Myriam Ávila, para un nuevo reparto y probablemente, un conflicto de competencias que embrolle todavía más el proceso.
La defensa de Palomino alega una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. "El conocimiento del asunto debe ser asignado a la Sala Civil, Agraria y Rural de esta corporación", sostuvo el magistrado Chaverra, basándose en normativas de repartos entre despachos judiciales.
En términos simples, el reglamento interno de la Corte dice que las tutelas contra una sala son responsabilidad de la que le sigue en orden alfabético. Así, un amparo contra la Sala Especial de Primera Instancia sería competencia de la Sala de Casación Civil. El choque continuará.
Rodolfo Palomino está recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, en Bogotá. En 2014, el entonces director de la Policía presionó a una fiscal para que suspendiera una orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, acusado por sus vínculos con el paramilitarismo.