El exfiscal general Francisco Barbosa aseguró que las chuzadas telefónicas ilegales de las que habría sido víctima, junto con su familia, por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia “son una infamia” y ello se constituye en una clara vulneración a los derechos humanos.
Esta declaración la entregó Barbosa tras denunciar de manera formal ante la Fiscalía General para que llegue a fondo en las respectivas investigaciones penales.
Así mismo, sostuvo que este caso puede ser la punta del iceberg de la gran investigación sobre el espionaje y criminalidad organizada desde el Estado.
“Yo creo que lo que hay que hacer es moverse y mover la investigación. Con tanta información ahí puede salir cualquier cosa. Esta puede ser la punta del Iceberg de la gran investigación en Colombia sobre espionaje y criminalidad organizada desde el Estado”, dijo Barbosa.
De igual forma, sostuvo que solicitó a la Fiscalía que se asegure toda la información relacionada con estos graves contenidos en la auditoria forense adelantada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual se albergaría en cerca de 147 terabytes, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets.
“Serán las autoridades las encargadas de determinar exactamente quién estaba detrás de esto, pero si logramos esa responsabilidad, hasta el último día de mi vida iré a defender mi dignidiad, la de mi familia y la de las personas que me rodearon”, indicó.
De acuerdo con el reporte de auditoria, la DNI habría operado de forma coordinada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y otras agencias del Estado para llevar a cabo perfilamientos, búsquedas selectivas en bases de datos y escuchas no autorizadas judicialmente a líderes de la oposición, magistrados y exfuncionarios de alto nivel.
Además del exfiscal Barbosa, otros de las funcionarios de alto nivel y líderes políticos que fueron objeto de interceptaciones en sus comunicaciones son el expresidente Álvaro Uribe, la exvicefiscal Martha Mancera, el abogado Ramiro Bejarano, la precandidata presidencial Vicky Dávila y el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado tras ser víctima de un atentado en junio de 2025.
Por estos graves hechos, también fueron víctimas de chuzadas y seguimientos ilegales la exprocuradora y ex ministra de justicia Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el expresidente Iván Duque, las excongresistas Marcia Fernanda Cabal y paloma Valencia.
También se encuentran entre el lista de víctimas los generales retirados Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas.
Familia de Miguel Uribe reclama celeridad en las investigaciones
Ante la información conocida sobre actividades de inteligencia y seguimiento contra Miguel Uribe Turbay y otros miembros de la oposición, Victor Mosquera, abogado de la familia del asesinado senador Miguel Uribe se sumó a una solicitud a la Fiscalía para que estos hechos sean investigados a fondo y que las pruebas sean recaudadas y preservadas con la mayor celeridad.
“Pediremos acceso a toda la información relacionada que repose en las investigaciones correspondientes, incluyendo órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y cualquier intercambio de información entre la DNI, la UIAF y otras entidades del Estado”, indicó Mosquera.
Para la familia es necesario establecer quien ordenó estas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál fue su destino.
“La verdad sobre lo ocurrido debe conocerse por completo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades”, agregó el abogado Mosquera.